La vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, junto al alcalde, Luis Barcala, en un pleno. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, integrado por PP y Cs, ha presentado una declaración institucional conjunta al pleno municipal de este jueves en la que emplaza al Ejecutivo central que preside Pedro Sánchez a desistir de su propósito de revisar a la baja el delito de sedición contemplado en el Código Penal. Asimismo, la declaración reclama a Sánchez y su consejo de ministros que "cumpla, acate y respete la Constitución española", según han indicado fuentes municipales, a través de un comunicado. No es la única iniciativa promovida por los partidos aliados al frente de la gestión municipal con la que se pretende trasladar al debate municipal la polémica suscitada en torno a propuestas promovidas por el Ejecutivo central. Como ya ha informado este diario, al menos el PP también ha presentado otra declaración institucional conjunta relacionada con la conocida como la ley del solo sí es sí en la que se plantea su modificación y, además, se solicita la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Esta nueva declaración institucional del PP y Ciudadanos señala que el Gobierno de España ha vuelto a hacer pública su intención de reformar el delito de sedición, tipificado en el artículo 544 del Código Penal, que castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, "se alzan pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes". "Con este anuncio", prosigue el texto, "el Gobierno de España retoma un peligroso precedente: el de ceder de manera constante y permanente a las pretensiones más radicales de sus socios parlamentarios, aunque con ello no sólo socaven los principios y fundamentos del Estado de Derecho, sino que pongan claramente en cuestión la independencia del poder judicial".
El Ejecutivo municipal sostiene que, de llevarse a cabo esta reforma, el Gobierno de Sánchez "estaría participando activamente en el descrédito y el menoscabo de dos instituciones fundamentales del Estado, como son las Cortes Generales y los tribunales de Justicia, beneficiando política y judicialmente a quienes en su día trataron de atentar contra la integridad territorial y el orden constitucional de España". Y considera esencial que los ayuntamientos y comunidades autónomas se pronuncien explícitamente para manifestar su rechazo a cualquier acción que suponga debilitar al Estado. “Desde estas instituciones se debe llevar a cabo una defensa a ultranza del principio de que todos somos iguales ante la ley”, mantiene la declaración.
"Es necesario resaltar que, según los últimos datos demoscópicos conocidos, menos de un 20% de la población española respalda al Ejecutivo central en su decisión de rebajar las penas por el delito de sedición", agrega el texto de PP y Ciudadanos. "Incluso un 49% de quienes declaran haber respaldado en las urnas al actual partido en el Gobierno se muestran contrarios a dicha reforma", añade el comunicado.
Por estos motivos, el Ejecutivo municipal reclama al presidente y al Gobierno de España que no lleven a cabo ninguna modificación del Código Penal que suponga rebajar el delito de sedición. Al mismo tiempo, les emplaza a "cumplir, acatar y respetar la Constitución española, aprobada de forma mayoritaria por los españoles, en la que no tiene cabida la sedición ni los referéndums ilegales"; y, sobre todo, a ratificar el artículo 2 de la misma: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".
