Por qué sí hay que regular la gestación subrogada

Tiene razón Núñez Feijóo, que lleva años diciéndolo, mucho antes de lo de Ana Obregón, igual que tiene razón Ciudadanos desde hace tres lustros: la maternidad subrogada hay que regularla. Se esté a favor o en contra, aunque sea para combatir esta práctica, hay que regular todo lo que la rodea para evitar la inseguridad jurídica y que acaben siendo los jueces a golpe de sentencia los que 'legislen' sobre una materia tan delicada.

Afirmar que en España esto "ya está regulado" porque un artículo de ley de reproducción asistida de 2006 declara "nulo de pleno derecho" todo contrato de gestación subrogada, con un escueto recordatorio en la reciente reforma de la ley del aborto, es conformarse con bien poco y es ignorar que eso no evita que haya familias españolas que recurren a esta práctica. Es mirar para otro lado, como ya se hace con la prostitución, ante un asunto muy complejo en el que entran en juego la libertad de la mujer para hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, la dignidad de mujeres vulnerables utilizadas por parte de terceros y los derechos de un recién nacido cuyo "interés superior" al de los adultos viene consagrado en la legislación española e internacional.

En primer lugar, habría que regular los diferentes tipos de maternidad subrogada, prohibiendo los que atenten contra la dignidad de las mujeres. No solo está la distinción entre onerosa –viente de alquiler– o altruista, sino que hay una tipología en función de las circunstancias personales que requiere unas normas ad hoc: hay casos en los que los comitentes aportan los espermatozoides y el óvulo y otros en los que solo uno aporta material genético; y cuando los óvulos son de una donante, esta puede ser es la propia gestante o una tercera persona, en cuyo caso el bebé tendría tres 'madres': la gestante –la auténtica, según la ley española–, la biológica y la comitente o contratante.

También es posible que ninguno de los padres o madres comitentes aporten material genético, y aunque parezca estúpido porque para eso ya está la adopción, algunas parejas recurren a esta modalidad de gestación subrogada en el extranjero porque las adopciones son muy lentas o porque les han rechazado la petición de adoptar por razones de edad o de otro tipo. Y luego está el caso de Ana Obregón.

Una última distinción sería si la gestación subrogada se practica en España o en el extranjero. En España es un acto ilegal y hecha en el extranjero es un acto ilegítimo, como cuando una empresa se lleva la producción de calzado a un país con condiciones laborales que aquí serían ilegales pero allá no lo son; puede ser inmoral, pero formalmente no vulnera ninguna norma. En ambos casos no está previsto castigo alguno. Solo hay prevista una nulidad administrativa cuyas consecuencias no están contempladas en ninguna ley específica.

En resumen, la gestación subrogada no esta admitida en España porque se considera inadmisible pero se permite que familias españolas la practiquen en el extranjero sin establecer ninguna normativa que regule sus múltiples consecuencias, especialmente las relativas a los niños. La solución no es cerrar los ojos como si no estuviera pasando.

Si se pretende combatir la contratación de vientres de alquiler por parte de españoles, el Código Penal debe prever sanciones para quienes recurran a esta práctica. Así se ha hecho, por ejemplo y salvando las distancias, con la ablación del clítoris, que se considera un delito aunque se cometa en el extranjero cuando los padres se llevan a sus hijas "de vacaciones" a su país de origen para mutilarlas y luego regresan. Si no hay sanción, la gestación por sustitución no está, de facto, prohibida. Y a las pruebas me remito. Lo que hay es una declaración de nulidad de un contrato mercantil.

Respecto a la gestación altruista, España debería regularla y permitirla. Con ello se evitaría que algunas familias optaran por la explotación de mujeres vulnerables mediante la gestación onerosa en el extranjero. Un caso claro al que nadie se debería oponer es el que se pueda dar entre familiares. Hay mujeres que han tenido varios embarazos sin apenas molestias y que aseguran que gestarían un niño de forma altruista para una hermana o una amiga que no pudiera tener hijos.

A quienes creen que la gestación subrogada altruista es una falacia, les sorprenderá saber que en 2022 hubo en España 355 donaciones de órganos inter vivos, es decir, 355 personas sanas que donaron un riñón o parte de su hígado de forma altruista, no necesariamente a familiares, aunque en su caso la ley les permite elegir a quién donan el órgano. La ley lo permite porque es un procedimiento regulado para evitar el tráfico de órganos. Si la ley española permite la automutilación para donar un riñón o parte del hígado, por qué no va a permitir la gestación subrogada altruista. Un embarazo es algo mucho menos traumático que la extracción de un órgano.

El Estado no solo debería permitirla, sino controlarla con una organización nacional que velase por la limpieza del proceso y un registro de demandantes y donantes, como ocurre con los trasplantes, donde España es una referencia mundial. Podría permitirse solo en la Sanidad pública, como una técnica de reproducción asistida más. Y con una compensación reglada a la madre gestante, por las molestias, igual que se da una compensación a las donantes de óvulos. 

¿Quienes se oponen a la gestación subrogada altruista también están en contra de la donación de óvulos, que requiere una estimulación ovárica y una intervención quirúrgica, con sus molestias y sus riesgos, y por lo que se paga a las donantes una compensación de entre 800 y 1.200 euros? ¿Saben que hay mujeres que confiesan hacerlo por dinero?

Admitida como técnica de reproducción asistida al menos en esos casos, habría que regular todas las condiciones para su práctica y las implicaciones legales durante el embarazo y después del nacimiento, que son muchas.

Y, por supuesto, hay que legislar sobre la filiación del recién nacido. Si ya es lamentable que tengan que 'legislar' los jueces ante la dejación de funciones del Parlamento, en lo relativo a la filiación de estos bebés la tarea normativa se delega en un simple director general. El problema se ha resuelto desde 2009 mediante instrucciones de la Dirección General de los Registros y el Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, ratificadas en parte por una sentencia del Tribunal Supremo de 2014. A mi juicio, en ambos casos se vulnera el principio de protección del interés superior del menor.

Con estas instrucciones está retrasando deliberadamente, a veces durante meses, la inscripción de recién nacidos hijos de ciudadanos españoles –cuando es el padre comitente el que ha aportado su material genético– como método de presión para disuadir a las parejas que recurren a la gestación subrogada. Lo ha hecho el Gobierno, jaleado por grupos feministas y corregido solo en parte por el Supremo, y eso es desatender el interés superior del menor, al que se priva de todos los derechos que conlleva la ciudadanía española.

El Código Civil dice que es española toda persona nacida de padre o madre españoles, aunque nazca en Nueva Zelanda, lo que significa que esa persona viene al mundo con ese derecho y que la inscripción en el Registro Civil o en Registro Consular es un mero trámite obligatorio para el funcionario de turno. Ordenarles que rechacen la inscripción con el objetivo de combatir la explotación ilegal de mujeres en situación vulnerable es como negarse a inscribir a un niño nacido de una violación porque es fruto de un delito. ¡Qué culpa tendrá el niño! 

Se utiliza a los bebés como rehenes en una 'guerra' de la que no tienen ninguna culpa. Se está denegando la inscripción incluso cuando el padre acude al consulado con un certificado de paternidad y se le exige, además, una resolución de un juzgado del país de origen. El certificado de paternidad debería ser suficiente para acreditar la filiación porque en España ni siquiera se pide esa prueba al padre que va a inscribir a su hijo en el Registro Civil, por razones obvias de orden público.

Como dice Feijóo, hace falta un debate sereno. No es tan difícil, creo que no hay tantas diferencias de opinión entre los partidos políticos, excepto Ciudadanos. Lo que no es de recibo es que quienes tienen la obligación de legislar miren para otro lado ante una realidad que va mucho más allá del caso de Ana Obregón.