VALÈNCIA. La Audiencia de Barcelona juzgará del 17 al 31 de octubre el "caso Neymar", por el que se sentarán en el banquillo el internacional brasileño, actualmente en el París Saint-Germain, sus padres y los expresidentes del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell por irregularidades en su fichaje en 2013.

Según ha adelantado El País y han informado a Efe fuentes jurídicas, el juicio se celebrará a partir del 17 de octubre en siete sesiones, en una vista en la que los procesados se enfrentan a penas de cárcel por dos delitos de corrupción entre particulares y estafa por contrato simulado en las negociaciones que, entre 2011 y 2013, culminaron en el traspaso de Neymar al FC Barcelona.

El caso se inició tras una denuncia del fondo de inversión D.I.S Esportes e Organizaço de Eventos LTDA, que tenía el 40 % de los derechos federativos de Neymar y que se sintió estafado, a su juicio, al no haber cobrado todo lo que debía por el fichaje del futbolista al FC Barcelona cuando Rosell era presidente y Bartomeu vicepresidente.

La Federación de Asociaciones de Deportistas Profesionales de Brasil, que se suma a D.I.S. en la acusación particular, considera que sus derechos, consistentes en un porcentaje de los derechos de traspaso, fueron igualmente vulnerados por los acusados.

La Fiscalía, en sus conclusiones provisionales, pide dos años de prisión y diez millones de euros de multa para Neymar, que actualmente es jugador del PSG francés, y cinco años de cárcel para Sandro Rosell.

También solicita dos años de prisión para el padre de Neymar y uno para su madre, ambos como presuntos autores de delitos de corrupción en los negocios, el mismo que le imputa al hijo, y una multa de 1,4 millones de euros para la empresa familiar N&N.

A Josep Maria Bartomeu, que en el momento de los hechos relacionados con esta causa era vicepresidente del club catalán, solo le acusa D.I.S., que pide para él cinco años de cárcel.

El caso que aborda la Audiencia de Barcelona es el denominado "Neymar 2", ya que el "Neymar 1" culminó en un acuerdo con el tribunal de Barcelona por el que el Barça pagó 5,5 millones de euros y fue condenado por dos delitos fiscales, eximiendo a Rosell y Bartomeu de responsabilidades.