ORIHUELA. El Ayuntamiento de Orihuela encomendará la gestión del mantenimiento de las zonas verdes de Orihuela a la empresa municipal Ildo, lo que en la práctica supondrá que tumbarán la licitación del millonario contrato para su gestión, que ascendía a nueve millones y medio de euros para los próximos cinco años. Es decir, casi dos millones de euros anuales. La decisión llega tras la paralización del procedimiento de licitación tras una denuncia en Antifraude, que investiga el encargo de un informe a la Universidad Politécnica de València para la valoración de las ofertas. Un hecho al que se suma la denuncia que realizaron miembros de la mesa de contratación, que apuntaban a coacciones por parte de una empresa para adjudicar el contrato. Así, el Ayuntamiento ha decidido, finalmente, que sea la empresa municipal quien vaya a prestar el servicio en Orihuela, y ya ha comenzado a dar los primeros pasos para hacerlo posible. Esta misma mañana, el Consejo de Administración de ILDO se ha reunido para modificar los estatutos de la empresa pública con el objetivo de cambiar su objeto social y que se puede contratar a personal, ya no solo con algún tipo de discapacidad sino de otros colectivos vulnerables, como personas en riesgo de exclusión social por diferentes motivos.
El siguiente paso será llevar al próximo pleno extraordinario de este viernes, una propuesta de acuerdo para que el Ayuntamiento asuma la gestión directa del servicio de mantenimiento de zonas verdes para, en segundo lugar, dar instrucciones a la Concejalía de Contratación para dotar de personal al servicio. Actualmente, este se presta de forma indirecta, por medio de una empresa cuyo contrato finalizó hace cinco años, lo que ha llevado a que todo este tiempo se preste sin contrato, lo que hizo que el juzgado imputara a los exediles Ángel Noguera y Luisa Boné, ambos de Ciudadanos.
PP y Vox llevan trabajando en esta encomienda de gestión desde el pasado mes de noviembre, si bien no ha trascendido esa pretensión hasta ahora. En la propuesta de acuerdo que se llevará al próximo pleno, y a la que ha tenido acceso Alicante Plaza, se recoge que la Concejalía de Contratación ya encargó, mediante decreto firmado el 17 de noviembre de 2023, un informe para determinar la viabilidad de la prestación directa del servicio por parte de la empresa municipal. Ese informe, llegó al Ayuntamiento el 18 de diciembre de 2023. Este documento, que analiza la estructura de costes del servicio, los costes de los medios personales, el coste de las instalaciones, vehículos, medios mecánicos y otros concluye que la encomienda de gestión supondría un ahorro en personal de 180.314 euros anuales. Los costes de personal para ILDO ascenderían a 968.433,89 euros frente al millon ciento cuarenta y ocho mil euros que supondría para el Ayuntamiento, por lo que finalmente se opta por la encomienda de gestión.
La pripuesta cuenta además con un informe de Secretaría, fechado el pasado 20 de septiembre, el que se analizaba tanto la posibilidad de un cambio en la forma de prestación del servicio, como la de realizar un encargo a una sociedad municipal y que avala esta forma de gestión. La encomienda de gestión se realiza de forma indefinida, por lo que no se trata, en principio, de una solución temporal ante la falta de contrato y la paralización del procedimiento de licitación.
El ehcho de dar marcha atrás a la licitación del contrato podría acarrear consecuencias legales para el Ayuntamiento de Orihuela, que tiene en marcha, aunque paralizada por Antifraude, la licitación del servicio. Las tres mercantiles que se han presentado a concurso podría reclamar indemnizaciones por lucro cesante, según han señalado algunas fuentes muncipales, lo que incurriría en cuantiosas indemnizaciones. Habrá que esperar para ver cómo resuelve el Ayuntamiento esta cuestión y si las empresas recurren a la justicia para defender sus intereses económicos, tal y como parece que ocurrirá.
