Agentes de la Guardia Civil, ante la parcela reparcelada de forma ilegal objeto de la operación 'Insidias 2' con 20 investigados. Foto: Guardia CivilALICANTE. La Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) completa otro paso en la vigilancia, control y persecución de asentamientos alegales aflorados en las partidas rurales de Alicante con la incoación de tres primeros expedientes en los que se conmina a los propietarios de otras tantas parcelas situadas en La Cañada del Fenollar a paralizar los trabajos en curso para la instalación de todo tipo de edificación que pudiesen albergar, y a retirar los materiales existentes en ellas.
A esos tres expedientes se sumarán, en breve, otros dos más en los que ya se habría recibido informes técnicos por parte de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, por lo que también se cursará su notificación a sus respectivos titulares, según precisaron fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la que depende la AVPT.
Se trata de la tramitación de las primeras medidas frente a los 23 casos en los que la agencia ha agrupado hasta ahora las distintas situaciones denunciadas por los vecinos en diferentes escritos registrados al menos desde el pasado mes de mayo, aunque ningún escalón de la administración llegó a iniciar averiguaciones efectivas hasta el pasado mes de octubre.
En esas denuncias, se han llegado a detallar la existencia de más de una treintena de solares en las que se repetiría la misma situación: la instalación de pequeñas edificaciones, caravanas, contenedores reconvertidos en pseudoviviendas, mobile homes y tiendas de campaña sobre solares de suelo rústico en los que no está permitido un uso residencial. De hecho, parte de esos solares se encontrarían en zona de rambla y riesgo de inundabilidad, en los que podrían producirse arrastres en caso de que se registrasen episodios de lluvias torrenciales intensas.
De ahí que, en esos casos, se contemple la obligación de restaurar la legalidad urbanística con el desmantelamiento de las construcciones o instalaciones que hayan podido implantarse en el momento en el que se culmine toda la tramitación administrativa de los expedientes incoados y notificados. Ese paso comprende la apertura de un plazo de alegaciones en la que los titulares del suelo podrían objetar para tratar de defender la corrección del uso conferido a sus parcelas. De ahí que todavía no se haya dictado una orden firme de desmantelamiento y retirada de esas edificaciones para devolver el terreno a su estado original, según las mismas fuentes.
Portavoces del departamento autonómico que coordina el conseller Vicente Martínez precisaron que de todo ese procedimiento se informó a representantes vecinales en una reunión de trabajo desarrollada en diciembre con responsables de la AVPT. Además, las mismas fuentes precisaron que los tres expedientes incoados sobre tres primeras parcelas corresponderían con los solares objeto de la operación 'Insidia 2' desplegada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que habría permitido detectar la existencia de una trama compuesta por 21 personas, acusadas de delitos contra la ordenación del territorio y delitos urbanísticos, así como contra los derechos de los trabajadores, en relación a la contratación irregular de extranjeros para levantar esas edificaciones alegales, después de haber promovido la reparcelación ilegal del suelo y su venta a terceros con fines lucrativos.
