Mazón se posiciona con la reforma constitucional por el derecho civil con González Pons como clave

ALICANTE. La legislatura nacional entra en la recta final, a menos de un año para (si todo sigue su cauce) la convocatoria de las próximas elecciones y la disolución de las Cortes Generales, y la oportunidad de recuperar el derecho civil valenciano con una reforma light de la Constitución se acerca ya al punto de no retorno. Así lo entiende el nuevo PPCV de Carlos Mazón, que está dispuesto a aprovechar la coyuntura de la apertura del 'melón' constitucional para modificar el término con el que la Carta Magna se refiere a las personas con diversidad funcional.

La apuesta es tramitar a la vez esa reforma léxica del artículo 49, impulsada por Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), y la modificación del artículo 149.1.8 para que la Constitución habilite a la Comunitat Valenciana a tener su propio derecho civil, como sucede con otras autonomías que sí lo tienen reconocido (incluso algunas que no son nacionalidad histórica), después de que el Tribunal Constitucional lo derogase al anular la ley de régimen matrimonial.

La iniciativa de la Associació de Juristes Valencians (AJV) cuenta con el apoyo del Gobierno, tal como lo trasladó Moncloa al colectivo de juristas el pasado mes de febrero, siempre que el PP lo apoye. Y Mazón es partidario de esta modificación, tal como expresa en declaraciones a Alicante Plaza. El presidente de la Diputación de Alicante y del PPCV considera irrenunciable la recuperación del derecho civil, y para ello "apostamos por una modificación de la Constitución, aún asumiendo que puede que los socios de Pedro Sánchez quieran aprovechar la coyuntura para ir más allá, pero es un riesgo que tenemos que correr para corregir una injusticia histórica", señala. 

Ahora falta convencer al nuevo presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien en principio debería ser sensible a la exigencia valenciana, pues Galicia es una de las comunidades que sí tiene reconocido el derecho civil (al estar compilado en el momento de la entrada en vigor de la Carta Magna, circunstancia que no se daba en la Comunitat Valenciana). Para ello, Mazón cuenta con una carta clave, y es que el valenciano Esteban González Pons, que formaba parte del Consell del PPCV que aprobó el Estatut de Autonomía que recoge el derecho civil y desarrolló las primeras leyes (tumbadas por el Constitucional), es el nuevo interlocutor de Génova para asuntos de Justicia y Política Constitucional. 

Unanimidad en Alicante 

La iniciativa de Juristes Valencians, curiosamente, cuenta ya con el respaldo unánime de todos los municipios de la provincia de Alicante, algo que aún no sucede en València y Castellón. Así, la totalidad de municipios de la provincia, a través de plenos municipales y en el seno de las mancomunidades, apoyan la recuperación del derecho civil valenciano tras el respaldo de Aigües, En la provincia de Castellón faltan dos municipios (Villahermosa del río y Ludiente) y otros dos en la de Valencia (Jarafuel y Cofrentes).

Entre las instituciones que han promovido esta reintegración de la competencia en la provincia destacan los diferentes Colegios de Abogados (Elche, Alicante, Alcoy y Orihuela) integrados en el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, presidido durante este año por la ilicitana Ángela Coquillat, la Facultad de Derecho de Alicante, las diferentes Cámaras deComercio de la provincia o la asociación El Teix de Ibi.

Como se ha dicho, la estrategia diseñada por Juristes Valencians pasa por tramitar conjuntamente la modificación para la recuperación efectiva del derecho civil valenciano, que se instrumentaliza mediante un nuevo párrafo en la Disposición Adicional Segunda de la Constitución, y la del artículo 49, promovida por Cermi, la entidad que preside Luis Cayo Pérez Bueno, para eliminar el termino 'disminuidos' y sustituirlo por el de "personas con discapacidades".

Puig y Mazón, responsables

José Ramón Chirivella, presidente de Juristes Valencians, personaliza en las figuras del presidente Ximo Puig y en la del líder del PPCV la responsabilidad en la recuperación del derecho civil, previsto en el Estatuto desde 1982, y que resultó aplicable entre 2008 y 2016, y todavía afecta a 300.000 valencianos que constituyeron relaciones jurídicas al amparo de las leyes de custodia compartida de hijos en caso de crisis matrimonial, uniones de hecho y también a los que resulta aplicable el régimen supletorio de separación de bienes, que se aplicaba con carácter general durante la vigencia de la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano (entre el 1 de julio de 2008 y el 31 de mayo de 2016).

Chirivella indica que "tras seis años de autogobierno recortado Ximo Puig y Carlos Mazón están obligados a conseguir el respaldo de Sánchez y Feijóo a la tramitación conjunta de ambas modificaciones constitucionales de carácter social, tal y como solicita la sociedad civil y el municipalismo valenciano". La AJV espera que en las reuniones que mantengan Esteban González Pons y Félix Bolaños para desbloquear la renovación del CGPJ, se aborde también esta cuestión tras la confirmación de que González Pons es el responsable de justicia y política constitucional del PP.

Carta abierta al president

Juristes Valencians, que ha mantenido diversas reuniones con Mazón y esperan desde hace meses reunirse con Puig para abordar esta cuestión, advierten de que "por consignas de partido no debe desaprovecharse esta oportunidad". Hace unos meses más de 450 personalidades solicitaron a Puig una mayor implicación en esta iniciativa a través de una carta abierta promovida por Juristes Valencians.

Entre los apoyos de esta misiva destacan personalidades alicantinas como el exconseller Manuel Alcaraz, el exvicepresidente del Consell Rubén Martinez Dalmau o el popular (retirado de la política) José Ciscar; así como Miguel Mazón, abogado del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, Txema Guijarro, diputado por Alicante de Unidas Podemos en el Congreso; los decanos de los Colegios de Abogados de Elche o Alcoy, Vicente Pascual y Ricardo de la Encarnación; Josep Ochoa Monzó, ex director general de Autogovern de la Generalitat Valenciana, o la presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, la ilicitana Ángela Coquillat.