Mapfre gana el pulso a Hacienda: el juez le reconoce un gasto de 2,7 millones en patrocinio en Volvo

ALICANTE. La compañía aseguradora Mapfre logra una sentencia favorable en su disputa por las exenciones fiscales relacionadas con el patrocinio de la etapa de salida de Volvo Ocean Race desde Alicante. En una resolución judicial dada a conocer este miércoles en el consejo de Alicante Puerto de salida, se reconoce a la empresa un gasto efectivo de 2,7 millones en acciones de difusión publicitaria y patrocinio del evento frente a la denegación de ese reconocimiento adoptada en el seno del consorcio. 

En ese momento, como ha recordado el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, fue el representante del Ministerio de Hacienda en el consorcio quien ejerció su derecho de veto para rechazar que se expidiese ese certificado de gasto, con el argumento de que no se había cumplido estrictamente las condiciones delimitadas en el manual de marca acordado al respecto. En ese manual se delimitan desde las medidas de los rótulos publicitarios y de los logos con referencia al evento, hasta los tiempos de presencia en pantalla, en el caso de spots televisivos, por ejemplo. La posición del representante del ministerio fue la única opuesta al resto de miembros del consorcio que sí habían expresado su conformidad con las acciones promocionales sufragadas por Mapfre. 

A la vista de la denegación del certificado, la compañía acudió a la jurisdicción contenciosa para reivindicar su expedición, con el propósito de poder acceder a las exenciones fiscales previstas a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por el patrocinio de eventos deportivos declarados de interés general. Como publicó Alicante Plaza, esa contribución permitía que la compañía accediese a exenciones por un importe próximo a los 800.000 euros.

Ahora, a la vista de esa resolución judicial, fechada el 20 de septiembre, tanto Barcala como el director de la Sociedad Proyectos Temáticos, Antonio Rodes, han confirmado que el Consorcio no iba a plantear recurso frente a la sentencia de primera instancia. En todo caso, han precisado, es una decisión que queda en manos del Ministerio de Hacienda.