VALÈNCIA. Los nombramientos en alta dirección de la Conselleria de Sanidad que tengan puestos de personal estatutario en la administración valenciana podrán cobrar hasta un 15% más que el presidente de la Generalitat Valenciana al mantener la carrera profesional en sus ingresos. Así lo recoge una de las 144 enmiendas que PP y Vox presentaron el pasado miércoles de forma conjunta a los Presupuestos de la Generalitat de 2024 y que busca que profesionales en activo opten por este tipo de cargos.
Una medida similar a la que ya incluyeran en el articulado del anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana y que permite a los cargos públicos que sean a su vez empleados públicos poder elegir entre su sueldo como funcionarios y su salario como alto cargo en el ejecutivo autonómico. Una medida establecida para aquellos procedentes de Función Pública y que ahora se extiende al personal vinculado a la sanidad pública valenciana.
Como se apuntaba, el cambio que pretende realizarse en la normativa permite mantener la carrera profesional, además de los trienios, al personal estatutario fijo o temporal que pase a tener un puesto de alta dirección en el gobierno valenciano. Una medida con la que podrán cobrar hasta 89.518 euros en 2024, al tener como base los 77.842 euros brutos anuales que cobra el president de la Generalitat, Carlos Mazón. De hecho, el propio conseller Marciano Gómez, al igual que su antecesor Miguel Mínguez, vienen de ejercer de desarrollar una carrera profesional en la sanidad pública valenciana.
"El personal que, en el momento de suscribir un contrato laboral especial de alta dirección para desempeñar una plaza de carácter directivo de instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad, tuviera una vinculación temporal con la Generalitat Valenciana como personal estatutario, percibirá durante la vigencia del contrato de alta dirección, además de las retribuciones que correspondan por el contrato de alta dirección, las que pudieran corresponder por los trienios y el grado de carrera o desarrollo profesional que acredite tener reconocidos en el puesto de origen de personal estatutarios", recoge la enmienda planteada, en la que se marca el señalado límite del 15%.
En este sentido, los consellers, incluidos los vicepresidentes, cobran 66.311 euros brutos anuales; los secretarios autonómicos, 66.296, y los directores generales 61.365 euros. A esto, se podría sumar 49,83 euros al mes por cada trienio y un máximo de 14.432 euros anuales por la carrera profesional para el grupo A1, el de los facultativos, y quienes cobran la máxima cuantía que desciende gradualmente para el resto de categorías. El máximo de carrera profesional se alcanza com 22 años de antigüedad, además de requerir formación y cumplimiento de los objetivos de productividad.
En todo caso, estas medidas que busca implementar el Consell tienen un calado relevante. Desde hace años, los diferentes gobiernos autonómicos han denunciado la dificultad que tenían a la hora de "atraer" personas a la administración, ya que los salarios que perciben tanto en las empresas privadas como los que cobran aquellos que son funcionarios de primer nivel y con una larga trayectoria, son, por regla general, sensiblemente superiores a los de los altos cargos del ejecutivo. De hecho, esta fue una de las críticas más reiteradas del Consell del Botànic durante sus ocho años de mandato. Por lo que, ahora, el gobierno de PP y Vox quiere evitar que sus integrantes, al menos los que proceden de la función pública, pierdan dinero al haber dado el salto a la primera línea política.
En esta línea, el Consell de Carlos Mazón también recuperó uno de los asuntos que resultaron más polémicos durante el primer mandato del Botànic: la compatibilidad del ejercicio de los altos cargos con la docencia. Una puerta que quedó cerrada en 2016 con la Ley de Incompatibilidades y Conflicto de Intereses de los cargos no electos impulsada por Compromís y que, ahora, el Gobierno de PP y Vox también busca retomar a través de una modificación de la Ley de Acompañamiento de 2024 para permitir a los miembros de su gobierno que compatibilicen ambas labores.
La reforma, en concreto, añadía un nuevo artículo a la norma aprobada hace siete años y señala que en el caso de los cargos no electos, es decir, los miembros del Ejecutivo, el "ejercicio del cargo será compatible con la docencia universitaria, la docencia en centros de selección y perfeccionamiento de empleados". Es decir, que cualquier conseller, secretario autonómico o director general podrá desempeñar tales responsabilidades y a su vez ser profesor en una universidad pública, privada o una academia particular "en régimen de dedicación a tiempo parcial", según el anteproyecto. En definitiva, ser pluriempleados.
La propuesta, que fue aprobada en un pleno del Consell y debe tramitarse en Les Corts, contempla que en caso de que los altos cargos ejerzan de docentes en algún centro o universidad puedan percibir un salario nada desdeñable. "La cuantía de las compensaciones percibidas por la actividad docente o de investigación no podrá en ningún supuesto exceder del 30% de la retribución que corresponda al alto cargo", contempla la modificación planteada por Presidencia de la Generalitat.
Un salario que, por tanto, se sumaría al que ya perciben como altos cargos y que en ningún caso es inferior a los 58.000 euros, ya que entre el primer y tercer escalón del Consell todos los sueldos oscilan de los 95.521 que cobra el president a los casi 60.000 euros anuales que percibe un director general. En definitiva, un cambio que, a la postre, permitirá que los altos cargos puedan ver engrosadas sus nóminas aunque no sea a través de una subida de salarios pura y dura a los miembros del Gobierno valenciano.
