Foto: À PUNTEl conflicto con el IVA y la falta de liquidez provoca impagos de varios meses
VALÈNCIA. La situación de algunas productoras que trabajan para À Punt (ya sea con producciones semanales o diarias) es crítica. Bien es sabido que en los seis años de vida del ente, en varias ocasiones la radiotelevisión pública ha sufrido problemas de liquidez o ha habido varios sueldos que han sido ingresados en el nombre del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico).
Según ha podido saber este diario, À Punt celebró una reunión hace unos días con el sector audiovisual para explicarles una delicada situación: no hay dinero para pagar la programación con normalidad, así que les toca a las productoras trabajar a pulmón. Es decir, aguantar los retrasos en los pagos, haciéndose cargo ellas del descuadre temporal.
Fuentes de primera mano explican que desde À Punt pusieron dos razones sobre la mesa. En primer lugar, el conflicto con el IVA. Como ya es bien conocido, hay un contencioso abierto entre las televisiones autonómicas y Hacienda por un cambio de criterio drástico que implica el pago del IVA sobre el total de su presupuesto, un 21%. Hasta 2021, mientras el conflicto no estaba latente, À Punt no hizo provisión y, en caso de perder el juicio, tendría una deuda acumulada de cerca de 30 millones de euros. Además, desde 2021, À Punt reserva 11 millones de euros en su presupuesto para pagar el IVA y así no generar más deuda.
El conflicto siempre ha estado en que À Punt entiende que ese pago (tanto de la deuda como el aprovisionamiento) no debería formar parte de su presupuesto, ya que ajusta aún más las cuentas de la radiotelevisión e impide invertir en contenido. Pues bien, en la negociación de los Presupuestos de 2024 con el Consell, hubo un tira y afloja porque el nuevo equipo de gobierno no se comprometió en un primer momento, si bien al final reculó. Sin embargo, según trasladaron en la reunión, aunque el compromiso está, el mecanismo para que el Consell se haga cargo del IVA no está definido, por lo que, por ahora, se está funcionando como si ese compromiso no se hubiera adquirido y el se tuviera que hacer el aprovisionamiento igualmente.
Esto bloquea el presupuesto y las inversiones en contenido. En un ente con gastos operativos fijos y personal, es en las contrataciones a productoras externas donde es más fácil y flexible hacer este recorte o ahorro. Esto se traduce en proyectos que estaban comprometidos y se van a quedar en el cajón durante meses porque À Punt tiene que aprovisionarse para no gastar todas sus propuestas en el primer semestre. Los proyectos a medio plazo también se han congelado a la espera de que la situación se resuelva. La parrilla de À Punt ya lo empieza a notar y conforme pase el año, se podría agravar.
El conflicto de las radiotelevisiones públicas con Hacienda se eterniza y agrava el problema. El problema del IVA es un laberinto sin salida mientras no haya sentencia y un criterio que seguir. À Punt aprovisiona el presupuesto, pero fuentes solventes explican que una directiva europea hace más difícil que el Consell pueda hacerse cargo de esta partida. Tampoco se puede cargar a la deuda del ente, porque si la deuda alcanza un 30% de su presupuesto anual, esto sería motivo de suspensión de pagos.
Sin solución a corto plazo ni escapatoria financiera, el balón tira adelante con el primer perjuicio sobre el sector audiovisual que se supone que debe dinamizar À Punt. Una vez se resuelva el entuerto judicial, se podrá abrir otro debate de cómo abordar (o no) esta partida. Tal vez también se pueda hacer a nivel nacional.
Otro de los temas que À Punt puso sobre la mesa es un problema “puntual” de liquidez que está retrasando el pago de facturas a productoras. En los contratos firmados, el ente ha de pagar a 30 días los servicios de las productoras externas, pero actualmente no hay dinero en caja para hacerlo a tiempo. Se trata de una cuestión coyuntural, porque el dinero estará pero depende de las transferencias de la Generalitat.
Mientras el administración no transfiera el dinero a la radiotelevisión, esta no podrá hacerlo llegar a las productoras. Pero mientras, los salarios y las facturas van a cargo de las empresas, claro. Fuentes consultadas apuntan a impagos de facturas incluso del mes de octubre, es decir, de más tres meses, que admiten que empiezan a tener dificultades para abordar el pago de nóminas o abono de facturas para el funcionamiento normal de contenidos clave para la parrilla de la radiotelevisión.
En todo caso, en la reunión se trasladó que este tema se resolvería en cuestión de días mediante la petición de una transferencia urgente por parte de la Generalitat, por lo que estos impagos deberías estar resueltos en el corto plazo y no se sostendrían en el tiempo.
Precisamente, en una entrevista reciente, Alfred Costa, director general de À Punt, explicaba que su mayor preocupación era que las productoras no llegaran a este límite: “Si quieres cuidar al sector audiovisual cercano, tienes que preocuparte de no generar espacios de asfixia. Eso sí que implica responsabilidad, porque son empresarios que ponen su patrimonio en juego. Y eso sí que no me deja dormir”, preguntado por el criterio de elegir proyectos con grandes productoras.
Y es que todas están soportando estos impagos, pero el sector audiovisual valenciano es el que más lo está sufriendo por la propia naturaleza de estas empresas. Según afirma uno de los productores consultados, “los impagos no solo te ahogan, sino que no te permite desarrollar la empresa con normalidad, ni crecer, ni nada parecido”.
Por otro lado, el sector audiovisual se levantó de la reunión entendiendo que los dos temas planteados tienen que ser resueltos por la Generalitat y no por À Punt, que entienden como víctima de esta coyuntura por partida doble.
