Los examinadores amenazan con continuar la huelga hasta finales de año ante el rechazo a sus propuestas

MADRID (Europa Press). El comité de huelga de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) ha amenazado con continuar la huelga en noviembre y diciembre si la Dirección General de Tráfico (DGT) no atiende a sus peticiones, y ha exigido la dimisión de su director general, Gregorio Serrano, así como de su equipo asesor, por la "falta de soluciones" y por su "gestión pésima".

Este anuncio se produce tras recibir este lunes, 16 de octubre, respuesta por parte de Tráfico a la carta que hace dos semanas envió el colectivo al organismo y su director, en la que formulaban nuevas propuestas para solucionar el conflicto. Tráfico ha rechazado esas nuevas propuestas en una carta remitida a Asextra en la que, además, el organismo niega que no haya realizado ninguna propuesta para solucionar el conflicto.

Según explican a Europa Press fuentes de la asociación, los paros continuarían con la misma fórmula que se ha estado llevando a cabo desde julio (huelga todos los lunes, martes y miércoles), y se registraría, posiblemente esta semana, la convocatoria de huelga para noviembre, aunque el comité ya ha votado que, en caso de persistir la "inacción" por parte de la DGT, extenderían la huelga hasta diciembre.

En primer lugar, Asextra reclamaba en su carta un aumento de sueldo equivalente al incremento del complemento específico que inicialmente exigían --de 250 euros mensuales--. En el escrito de la DGT, al que ha tenido acceso Europa Press, el organismo reitera que no tiene competencias para incrementar el sueldo a ningún colectivo y que esas competencias le corresponden al Congreso cuando aprueba la Ley de Presupuestos. "Las competencias de la DGT en materia de retribuciones se concretan en gestionar y abonar a sus empleados públicos las retribuciones que legalmente se hayan establecido por las autoridades competentes", apunta Tráfico.

Además, señala que el colectivo "percibe un complemento de productividad denominado CP3" que se incrementó durante el año 2016 de 125 euros a los 170-180 euros mensuales actuales. Igualmente, indica que "para poder asumir anualmente el importe que el Comité de Huelga solicita para su colectivo", que la DGT cifra en 2,6 millones de euros, "sería necesario quitar" las retribuciones de los complementos a los demás empleados públicos, lo que la DGT "considera una petición totalmente fuera de lugar e injusta para los demás colectivos".

En el escrito, la DGT también ha rechazado la propuesta de Asextra de que todos los trabajadores, hayan o no secundado la huelga, cobren la misma cuantía por productividad. Según Tráfico, para recibir los incentivos al rendimiento y complementos de productividad "es necesario prestar servicio efectivo" y la realización de huelga es uno de los supuestos en los que se considera que no hay "presencia efectiva" en el puesto, por lo que considera que abonarlo sería "ilegal e ilegítimo".

Otras de las sugerencias de Asextra en su carta era que, de atender sus peticiones, se comprometían a no generar "conflictos" por cuestiones relacionadas con el complemento específico durante un periodo de tres años. "Como este periodo de paz social que ofrece el Comité es sólo para la reivindicación del complemento específico, valdría cualquier otra excusa para incumplirlo y volver a convocar una nueva huelga", responde la DGT.

"Se pagará muy caro en un futuro próximo en forma de accidentes"

Asimismo, sobre la aceptación, por parte del colectivo examinador, de posponer la medida para reducir el número de pruebas diarias por trabajador --de 13 a 12--, el organismo propone que esta reducción se pueda hacer de forma progresiva en cada una de las Jefaturas, según se vayan incorporando nuevos examinadores a las unidades más deficitarias, lo que se puede conseguir a lo largo de 2018 con la incorporación de los nuevos 70 examinadores de la Oferta Pública Extraordinaria aprobada por el Gobierno en julio pasado.

Respecto a esto, Asextra sostiene que la realización de 12 exámenes significa "dedicar a cada aspirante el tiempo adecuado para valorar sus aptitudes y progreso en su aprendizaje", algo que, a su juicio, "no le preocupa lo más mínimo" a la DGT. "Para el equipo directivo del organismo, lo importante es sacar alumnos de la manera que sea, sin importar la seguridad vial --critica Asextra--. Una actitud de los responsables de Tráfico que como país avanzado no nos podemos permitir y se pagará muy caro en un futuro próximo en forma de accidentes". En este sentido, han pedido al organismo "calidad" frente a "cantidad".

Igualmente, la DGT niega que no haya realizado ninguna propuesta para solucionar el conflicto. La primera que menciona el organismo es la creación de una especialidad de tráfico del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado y la convocatoria de 435 plazas de promoción interna para los examinadores, lo que, a juicio del organismo, supondría mejoras económicas para un 60% de la plantilla; la autorización de convocar 70 plazas de acceso libre para esta nueva especialidad de tráfico, que para la DGT mejoraría la situación de las Jefaturas de Tráfico más deficitarias de personal; y la convocatoria de 100 plazas de acceso a examinador para personal militar de carrera.

Además, menciona la disposición del organismo de "estudiar cuantas mejoras profesionales se puedan proponer para mejorar la actividad y el desempeño del puesto de examinador", como la reducción del número de pruebas prácticas en determinadas Jefaturas de Tráfico donde sea posible durante 2018 o la creación de un nuevo protocolo de calidad con la participación del colectivo; y la propuesta de mejoras en los importes de las horas extraordinarias a realizar por el personal examinador.

En este sentido, la DGT indica que el organismo propuso que, una vez desconvocada la huelga y con el fin de poder recuperar parte de las pruebas prácticas perdidas durante la huelga, estaría abierta la posibilidad de que se pudiese mejorar el importe unitario de la hora extraordinaria hasta una cuantía cercana a los 20 euros, cuantía que Asextra rechaza por considerar "limosnas".

En líneas generales, la asociación califica la respuesta de la DGT de ser "un cúmulo de falsedades, inexactitudes y medias verdades" con el objetivo de "esconder así su propia ineptitud a la hora de solucionar un problema que como gestores están obligados a resolver".

La huelga arrancó el pasado mes de junio y se mantiene hasta la fecha. Hasta el momento, ha ocasionado el aplazamiento de más de 130.000 exámenes prácticos de conducir, con una media de unas 3.500 pruebas suspendidas por cada día de huelga, según estimaciones de la DGT. Los examinadores llevan pidiendo desde 2015 un aumento del complemento específico --de entre 200 y 250 euros-- en sus nóminas, acorde a la responsabilidad y cualificación de su puesto de trabajo.