MADRID/ALICANTE (EFE/AP). Las acusaciones particulares que representan a los afectados por las cuotas participativas de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) han pedido este lunes, en la vista de cuestiones previas del juicio contra la cúpula de la entidad por presunta falsedad contable, que se juzgue el perjuicio ocasionado por los citados títulos desde su emisión en 2008, y no solo por los que se vendieron a partir de marzo de 2011 (la fecha en la que se produjo la efectiva falsedad contable por la que se sientan en el banquillo ocho exdirectivos de la entidad).
Como ha contado Alicante Plaza, el juicio contra la antigua cúpula de la caja es la última oportunidad de los afectados como colectivo para conseguir una indemnización en un proceso penal (más allá de acciones civiles individuales o acuerdos extrajudiciales), una vez archivada por tercera vez la causa desgajada relativa a la comercialización de las cuotas con las que la entidad alicantina cotizó en Bolsa hasta su intervención por el Banco de España. Así, los abogados de los afectados han pedido que se contemple todo el periodo de comercialización, y no solo el que arranca en el momento en el que CAM declaró unos beneficios ficticios.
En cambio, varios acusados, la Fundación CAM (heredera de la antigua CAM) y el Banco Sabadell, que compró la entidad por 1 euro en 2012, se han opuesto y han pedido al tribunal que los afectados se queden fuera del proceso, en el que están personados como acusación particular. El fiscal, Luis Rodríguez, tampoco comparte el criterio de los cuotapartícipes, aunque sí pide que se indemnice "en la cantidad que determine la Sala" a aquellos que compraron cuotas entre el 1 de marzo y el 22 de julio de 2011, cuando lo hicieron en base a unos datos falsos sobre la entidad. Este juicio se limita únicamente, según el fiscal, a quienes compraron cuotas participativas "fiándose de unas cuentas que no reflejaban la situación real de la entidad", esto es, que mostraban 65 millones de beneficio en vez de unas pérdidas de 1.136 millones.
Una veintena de afectados llegados desde Alicante -las cuotas participativas de la CAM alcanzaron a unos 55.000 ahorradores- han acudido a la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares para increpar a los ocho exdirectivos acusados. Entre los que han pedido que se amplíe a las cuotas emitidas desde 2008 figura el letrado Diego de Ramón, que representa a unos 1.000 afectados y que ha señalado que la falta de información veraz sobre dicho producto en estas primeras fechas "se constató en julio de 2011, cuando el Banco de España abrió un expediente a la caja por alteración contable de la información financiera y patrimonial".
Una decisión en la que ha insistido la defensa del ex director general de la CAM Roberto López Abad, Javier Boix, que ha alegado la falta de legitimidad de dos de las acusaciones particulares personadas en la causa, ya que los afectados a quienes representan suscribieron cuotas con anterioridad al citado periodo. Al respecto, ha asegurado que de permitir que ambos letrados sigan en el juicio, "habría que solicitar su anulación" con el fin de garantizar la tutela efectiva de todos aquellos clientes que figuran en la pieza separada de cuotas participativas para que puedan incorporarse a las vistas.
Penas de siete años y medio de cárcel
La Audiencia Nacional juzga desde hoy a ocho exdirectivos de la CAM acusados de varios delitos societarios, entre ellos estafa continuada y falsedad contable en los estados financieros de 2010 y del primer semestre de 2011, así como de cobrar indebidamente 47,3 millones de euros de indemnizaciones. La Fiscalía solicita las penas de prisión más elevadas, siete años y medio de cárcel y una multa de 180.000 euros, para los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, y el ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez, en calidad de autores, aunque exime de responsabilidad al que fuera presidente, Modesto Crespo.
A Crespo le acusa el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) como autor de un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, junto a Amorós y Sogorb, para quienes solicita nueve años de cárcel y multa de 144.000 euros. El expresidente sufre una cardiopatía que "quizás, a la larga", ha dicho su abogada, Adriana de Buerba, "le pueda impedir" acudir al juicio con regularidad, ya que "se acentúa en situaciones de tensión".
El escrito de la Fiscalía incluye en esta operativa al exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y al exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa, para quienes la Fiscalía solicita un año y dos meses de prisión y 9.000 euros de multa, así como al ex director general de Recursos Vicente Soriano, que se enfrenta a la petición más baja, 10 meses de cárcel y 12.000 euros.
El juicio se reanudará mañana con la resolución de las cuestiones previas planteadas hoy, con lo que darán comienzo las declaraciones de los testigos.
María Dolores Amorós, Roberto López Abad y Modesto Crespo, en el banquillo. Foto: EFE 
