Les Corts arrastrarán al final de la legislatura la polémica sobre contrataciones y despidos 

VALÈNCIA. Los problemas en Les Corts se dilatan en el tiempo. Tanto que, pese a que algunos vienen desde hace años, la solución se abordará de cara al final de la legislatura. Y eso si llega. El principal es la regulación del uso que realizan los grupos parlamentarios de las subvenciones que perciben de la Cámara para su funcionamiento, y que ascienden a 4 millones de euros. 

PSPV, Compromís, PPCV, Ciudadanos, Unides Podem y Vox llegaron a un acuerdo el pasado diciembre después de que la Sindicatura de Comptes hiciera constar en sus informes, año tras año, numerosas pegas a la falta de transparencia en el destino de esas cantidades. Como informó Valencia Plaza, éste incluía que los grupos parlamentarios se constituyen al inicio de cada legislatura con un NIF y una cuenta de cotización en la Seguridad Social vinculados específicamente a esa legislatura, de manera que se darán de baja cuando finalice con la extinción del grupo parlamentario.

Una supuesta solución, la de que en cada mandato cada partido tendría un NIF nuevo, que podría incurrir en una sucesión de empresas tal como admiten especialistas en la materia. Y de lo cual los propios partidos son conscientes. 

El acuerdo añadía que cuando finalice la legislatura los contratos laborales que suscriban los grupos también "se extinguirán" y los trabajadores deberán percibir "los finiquitos o indemnizaciones que legalmente correspondan en cada caso salvo que la extinción se produzca como consecuencia de un despido que haya sido declarado judicialmente como improcedente o nulo". Un dinero que deberá extraerse de una "provisión" que cada grupo deberá hacer y que será de 12 a 20 días por año trabajado.

Con este escenario, junto al riesgo de la sucesión de empresas se encuentra el del fraude de ley. Si los partidos abonan una indemnización a los trabajadores y más tarde vuelven a contratarlos -con otro NIF-, las indemnizaciones están exentas del pago de IRPF a la Seguridad Social y, después de esto, la misma empresa no puede volver a contratar al empleado al que ha indemnizado puesto que podría tratarse de una gratificación encubierta. 

El texto pactado entre los grupos, aprobado en la comisión de Gobierno Interior –a puerta cerrada y sin que den cuenta de lo que en ella ocurre– no contó con informes jurídicos de Les Corts. Y ahora, casi con toda seguridad, habrá de modificarse. La cuestión es cómo y cuándo. Lo que por ahora parece más probable, de acuerdo con las fuentes consultadas, es que se posponga para septiembre dado que el periodo de sesiones finaliza el próximo 15 de julio tras el último pleno ordinario. Esto supone que cualquier nuevo acuerdo sobre las contrataciones e indemnizaciones del personal tendrá lugar en el tramo final de la legislatura y que la solución definitiva todavía vaya a estar en el aire varios meses. 

Una de las alternativas que se encuentra encima es la de que el personal pase a ser eventual y no laboral, pero para ello debería acordarse que fueran Les Corts las que contratasen a los trabajadores y no los propios grupos parlamentarios, que es lo que se ha fijado sobre el papel. En la actualidad, cada formación funciona de manera anárquica: mientras el PSPV o Ciudadanos trasladan el dinero que perciben de subvenciones al partido y son estos los que contratan, otros, como Vox, contratan a través del propio grupo. La nueva regulación obligaría todos a hacerlo de la misma manera. 

Al igual que con los contratos, algunos grupos abogan por que también sea el Parlamento autonómico el que pague las indemnizaciones en lugar de ellos. La situación actual, y más todavía tras el acuerdo firmado, provoca que resulte necesaria una provisión de fondos al inicio de cada año dedicada a los futuros finiquitos del personal. Ésta, además, tendría que ser actualizada por la potestad del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de convocar elecciones en cualquier momento. Pues si el jefe del Consell decidiera pulsar 'el botón nuclear', las formaciones deberían tener preparado el dinero que correspondería abonar a sus trabajadores por los servicios prestados. 

Unos partidos, como Vox, han hecho los cálculos y otros no. El pasado junio, por ejemplo, Compromís ejecutó un importante ajuste al pasar de 17 a 13 trabajadores, con despidos incluidos, para –entre otros motivos– poder asegurar el pago de finiquitos a su personal el año que viene. El PP, de la misma manera que Compromís y según ha podido saber este diario, tiene previsto acometer otro recorte próximamente.

El dinero de los tránsfugas

El embrollo en torno a las contrataciones e indemnizaciones, sin embargo, no es el único al que se enfrentarán sus señorías, que ya han pactado emplazarse después de verano porque el calendario parlamentario no deja ya mucho margen de negociación antes de que finalice el periodo de sesiones. Entre los dilemas a resolver con la 'vuelta al cole' se encuentra el de qué ocurre cuando un partido sufre una fuga de diputados que deciden convertirse en No Adscritos. 

El debate en torno a esta cuestión se puso sobre la mesa por primera vez hace un año cuando cuatro parlamentarios de Ciudadanos abandonaron el partido naranja: Jesús Salmerón, Sunsi Sanchis, José Antonio Martínez y Cristina Gabarda. Un mes después les seguiría Vicente Fernández. Tras su marcha, el grupo parlamentario Ciudadanos peleó por no perder dinero por la fuga de los tránsfugas. 

No en vano, cabe apuntar que la asignación a los grupos parlamentarios aprobada al inicio de la legislatura establece dos tipos de subvenciones variables a los grupos parlamentarios por el número de diputados con el que cuentan. Cada uno de ellos tiene derecho a percibir una cantidad de 1.400 euros al mes y, aparte, otra de un importe de 1.077,44 euros para contratar personal. Asimismo, si un diputado es portavoz en comisión recibe 620 euros al mes.

Tras varias negociaciones, los grupos del Botànic II acordaron con Ciudadanos hacer un apaño para que el partido liderado por Ruth Merino no perdiera fondos. Un acuerdo que, sin embargo, el PP advirtió que no sellaría por considerarlo ilegal y que Vox también rechazó de manera frontal. Las dudas legales y las amenazas de los tránsfugas de llevar a los tribunales el citado pacto hicieron que Cs reculara y terminara rechazando el dinero de sus cinco diputados. Ahora, sin embargo, las formaciones han vuelto a retomar las negociaciones. 

Todas estas cuestiones, o más bien líos, deberían abordarse, en cualquier caso, a través de una reforma del Reglamento de Les Corts. Algo arduo de acometerse que los partidos llevan entre manos y a escondidas, pues tampoco esta comisión permite la asistencia de la prensa ni existe un orden del día sobre los temas tratados en ella, como ocurre con la Comisión de Gobierno Interior. 

Pero más allá de la opacidad que envuelve habitualmente las negociaciones sobre qué ocurre con el dinero -todas las cuestiones a debatir, al final, giran en torno a lo mismo-, conviene resaltar la dificultad que existe para cerrar un acuerdo especialmente basto por la cantidad de cuestiones a cerrar. La negociación de alguna de ellas de forma aislada tardó meses en cerrarse, como es el caso de los contratos (que ahora habrá de modificarse de nuevo), por lo que diferentes diputados, preguntados por este diario, ponen en tela de juicio que se vaya a poder reformar en esta legislatura finalmente las normas de la Cámara.