Fachada de las discotecas de Murcia afectadas por el incendio de Atalayas. Foto: MARCIAL GUILLÉN (EFE)MURCIA. Lo que empezó como una tragedia humana en la madrugada del domingo apunta a una larga batalla en los tribunales. Y es que hay demasiadas incógnitas en torno a lo que sucedió dentro de los locales de Atalayas durante el incendio y, sobre todo, en si las dos discotecas implicadas, Teatre y Fonda Milagros, tenían todas sus licencias en regla o no, y por lo tanto si deberían haber estado cerradas, lo que habría evitado las muertes.
Las reacciones a la tragedia eran previsibles y empezaron nada más conocerse los detalles de un suceso que ha dejado 13 muertos confirmados y 24 heridos. Pero lo que importaba era conocer los detalles y el Ayuntamiento de Murcia no tardó en convocar el lunes a primera hora una insólita rueda de prensa conjunta entre los concejales de Urbanismo de Murcia actual, Antonio Navarro Corchón (PP), y el del anterior equipo de Gobierno, el socialista Andrés Guerrero. Esa comparecencia rompía una tradición política de ruptura para dar muestras de unidad de actuación y ambos concejales tenían una consigna clara: la de demostrar la correcta actuación municipal.
En ella explicaban que Teatre y Fonda operaban sin licencia y tenían orden de cierre. Navarro Corchón afirmaba que el Consistorio se presentará como acusación particular y que "vamos a actuar contundentemente ante la Justicia, nos vamos a presentar contra la empresa Teatre por haber obviado las órdenes de cese", además añade con rotundidad que actuaremos "caiga quien caiga" y se depurarán "todas las responsabilidades del expediente".
Y es que según los dos últimos responsables de Urbanismo, en enero de 2022 se decretó el cierre del local por cese de actividad tras no autorizar la división de los locales y la empresa no lo cumplió. El recurso se resolvió en marzo de 2022 y se desestimó. En octubre de 2022 se dio la orden de ejecución del cierre y también se obvió por parte de la empresa, como confirman. "Hicieron caso omiso de las órdenes de cierre", resaltan con rotundidad.
Pero las versiones de los dueños de las discotecas son totalmente opuestas. Ambos contradicen al Consistorio, con comunicados y comparecencias de sus respectivos abogados y portavoces. Así, el abogado de la sala Fonda Milagros, Francisco Adán, negaba que sobre el local pesara una orden de cese de actividad, y daba un paso más al afirmar que el fuego que originó el incendio se produjo en la discoteca anexa, Teatre.
La respuesta del otro establecimiento no se hizo esperar. La portavoz de la discoteca Teatre, María Dolores Abellán, indicaba que el dueño de la discoteca le había asegurado que cuenta con licencia, aunque puntualizaba que ella no ha visto el documento. Asimismo, informaba de que se "está recabando toda la información oportuna" para arrojar luz sobre el suceso.
La versión municipal no lo reconoce así. Según Navarro Corchón, la empresa Teatre SL presentó un proyecto para dividir en dos el local y para ello se le exigió una nueva licencia que no presentó, dado que no valía la de 2008. En junio de 2019, esta sociedad habría presentado una comunicación para dividir el local en dos, Teatre y la Fonda Milagros; aunque el 10 enero de 2022 se dictó una orden de cese de actividad por entender que la modificación del local requería de una nueva licencia, y el 8 de marzo del mismo año se presentó un proyecto de legalización cuya tramitación "no ha concluido a fecha de hoy". Por lo que la empresa habría incumplido las órdenes de cese y cierre de la discoteca.
Estas versiones tan opuestas abren muchas incógnitas que aventuran que la investigación será muy complicada y se dirimirá en los tribunales. Y precisamente el magistrado del juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, en funciones de guardia, decretaba el secreto de sumario en las diligencias abiertas para la investigación del incendio.
Las actuaciones judiciales serán largas y complicadas. Así lo dejaba ver el magistrado de guardia, José Fernández Ayuso, quien asevera que los equipos policiales no darán por cerrada su actuación mientras las labores de desescombro y aseguramiento de los inmuebles afectados no permitan una completa inspección ocular técnico-policial de toda la superficie siniestrada. Lo que aún tardará.
Quien también será parte activa del proceso judicial es la patronal de los hoteleros murcianos, que formará parte de la causa que comienza a abrirse por la tragedia. En concreto, será acusación popular en el proceso, según confirmaba Jesús Jiménez, presidente de la Federación de Empresarios de la Región de Murcia de Hostelería y Turismo (HoyTú), en declaraciones a Onda Regional.
"Expresamos nuestra más enérgica condena al ejercicio de la actividad empresarial en nuestro sector sin los correspondientes permisos legales y, lo que es aún más preocupante, derivando en actos de negligencia que ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de la comunidad", sostiene Jiménez. Ahora, y cuando pasen los duros primeros días de reconocimiento de los cadáveres y de dolor en los entierros, se abrirá la guerra judicial.
