ALICANTE. La operativa puesta en marcha por el Consell a través del Plan Edificant para delegar en los ayuntamientos la potestad para licitar obras en centros educativos pone a los grupos políticos con representación municipal en el Ayuntamiento de Alicante en la tesitura de tener que posicionarse frente a las dudas expresadas por el interventor municipal respecto al gasto y los recursos que, a su juicio, puede conllevar la asunción de esa competencia.
En concreto, en virtud de esa delegación (que debe aceptarse en el pleno ordinario de julio, el próximo jueves), el Ayuntamiento se hará cargo de la contratación de cuatro obras con proyectos ya redactados por técnicos municipales: la reforma para dotar de una escalera de evacuación al CEIP Emilio Varela (valorada en 43.878 euros); la rehabilitación integral del Santo Ángel de la Guarda (valorada en 1.042.000 euros); la ampliación del CEIP La Florida con dos aulas de educación infantil (429.500 euros); y la construcción de gimnasio y comedor en el CEIP Juan Bautista Llorca (1.573.000 euros).
En un principio, el Ayuntamiento programó la construcción del nuevo centro de La Cañada que, no obstante, no podrá desarrollarse hasta que se ejecuten obras de urbanización previas en el entorno del solar previsto para su construcción. Esas obras incluye la instalación de un nuevo colector.
¿Qué opina el interventor sobre la propuesta? El alto funcionario, que vela por la estabilidad económica del consistorio, previene en su informe de la existencia de posibles costes indirectos para el Ayuntamiento al asumir esa potestad, pese a que la Generalitat aporte la financiación finalista para pagar las obras ejecutadas. ¿De qué costes indirectos se trata? De los medios técnicos y humanos requeridos para esa licitación, primero, y de los necesarios para justificarlos ante el Consell, después, como paso indispensable para lograr los fondos por los trabajos ejecutados.
En esta línea, en su dictamen (preceptivo pero no vinculante), el interventor alerta además de la existencia de duplicidades administrativas, en la medida en que personal municipal deberá supervisar gastos para justificarlos y poder recibir la financiación de esas obras, y trabajadores de la Generalitat deberán comprobar que están bien acreditados.
El secretario municipal, por su parte, emite un dictamen favorable al considerar que las advertencias del interventor no son de carácter económico, sino que en ellas se expone una discrepancia de tipo legal.
