Las diferencias entre el texto del Consell y el rechazado por el PP en Orihuela para reparar a Miguel Hernández

ORIHUELA. La petición al Gobierno de la anulación de los sumarios que condenaron a Miguel Hernández ha desatado la polémica en su ciudad natal, Orihuela, en los últimos días. Mientras que el PP local, junto con Vox, tumbaron en el pleno del pasado jueves la moción presentada con el PSOE para restablecer la memoria del poeta universal, el Consell aprobaba ayer una declaración institucional para mostrar su apoyo a la familia en esta anulación de sumarios. Apoyo, por cierto, que no rechazaron en Elche, con la abstención de los populares en una moción idéntica en el pleno. La clave para entender por qué el PP la tumba en Orihuela pero la apoya en el Consell está en el contenido del texto que se presento en el pleno oriolano y el que se llevó al pleno del Consell. 

El primero, el presentado ante la Corporación oriolana, fue redactado por el PSOE local, con referencias a la II República y a la dictadura franquista, poniendo en contexto el momento histórico y el carácter político de la condena a Miguel Hernández. El aprobado en el Consell es el texto que el PP de Orihuela redactó como alternativa a esa moción y que desde el PSOE rechazaron, por lo que ese texto modificado nunca llegó al Pleno de Orihuela pero sí al del Consell. 

La primera diferencia entre ambos textos se da al final del primer párrafo de esta declaración institucional. Mientras que la que el PSOE llevó al pleno de Orihuela y fue rechazada por el PP local señalaba que lo que se pedia era la anulación de los sumarios "(...)abiertos en su contra durante la dictadura franquista", el texto presentado por Vegara y el aprobado ayer por el Consell hablaba de "los sumarios judiciales que en su día fueron abiertos contra él (Miguel Hernández). Los populares eliminan así la referencia concreta al momento histórico y al régimen que condenó al poeta, dejándolo en el aire y limitándose a un vago "en su día".

En el segundo párrafo, los populares también suprimen una frase que recogía el texto de los socialistas oriolanos. En él, se recoge que su legado, vida y obras, están marcadas por los valores de libertad y la justicia "vinculándolos inseparablemente a los valores universales que él defendió".

En el siguiente párrafo, los cambios son mucho más sustanciosos. El texto original, el presentado por el PSOE, señala que "nuestro poeta fue un firme defensor de la II República y de las libertades que esta representaba. Sin embargo, su valentía y compromiso lo convirtieron en objeto de la persecución franquista, que, mediante dos sumarios judiciales (Sumario 21001 y Sumario 4407), lo condenó injustamente a la pena de muerte, más tarde conmutada a 30 años de prisión. Miguel Hernández murió en la cárcel de Alicante el 28 de marzo de 1942, como consecuencia de una intencionada inasistencia médica, un hecho que sus familiares y numerosos estudiosos tipifican como "asesinato por omisión”".

La propuesta de los populares es mucho más vaga y sin detalles históricos ni del contexto en el que se produjo esa condena. Resumen el párrafo de la siguiente manera: "Nuestro poeta fue un firme defensor de la libertad. Fue condenado a muerte, pena que le fue conmutada por la de 30 años de prisión. Estas sentencias quedan contenidas en los sumarios 21001 y 4407. Miguel Hernández murió en la cárcel de Alicante el 28 de marzo de 1942, de tuberculosis", sin referencia a esa muerte por omisión que defiende la familia.

La única referencia a ese periodo histórico, al que definen como "posguerra", es este añadido al texto original de los socialistas: "Actualmente, lejos de la época de posguerra y en un estado democrático en que las libertades no deberían estar en riesgo, es preciso que aquellos sumarios sean revocados".

Los cambios en el texto continúan. Los populares vuelven a eliminar un párrafo completo de la propuesta del PSOE, este: "Los sumarios en cuestión carecieron de cualquier rigor jurídico, sin permitir al poeta defenderse de las acusaciones fabricadas por motivos ideológicos. El sistema judicial franquista, a través de consejos de guerra sumarísimos y sin garantías legales, persiguió a Miguel Hernández por su obra, sus escritos y su firme alineación con los principios democráticos de la II República. Estos procesos fueron un acto de represión dirigido a silenciar su voz, que representaba un faro de esperanza y justicia para el pueblo".

Las supresiones continúan el siguiente párrafo, eliminando referencias a la Ley de Memoria Histórica. Así mientras que el PSOE señalaba que "La familia de Miguel Hernández, junto con un amplio número de entidades, colectivos y personalidades comprometidas con la memoria histórica, ha llevado a cabo (...)", los populares lo simplificaban en que "La familia de Miguel Hernández, junto con un amplio número de entidades, colectivos y personalidades, ha llevado a cabo(...)". Líneas más adelante, también suprimen la parte en la que los socialistas recogen que mientras que "los intentos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional no lograron la nulidad, hoy, con el respaldo de la Ley de Memoria Democrática, esta reivindicación cobra un nuevo impulso".

Las diferencias, al final del texto, tienen tintes políticos que recuerda al discurso de los populares en otros ámbitos políticos. Desde el PP, el texto aprobado por el pleno del Consell señala que "Miguel Hernández es el hijo más universal de Orihuela, y estamos seguros de que su lucha por la libertad y la justicia igual para todos los españoles, sean de donde sean, y ocupen el puesto que ocupen sería uno de los motivos de su vida". En el texto que presento el PSOE al Pleno, se recoge que "Miguel Hernández es el hijo más universal de Orihuela, y su lucha por la libertad sigue siendo una inspiración para todos nosotros. No solo es un deber con su familia, sino con la historia y la justicia, asegurar que su memoria sea limpiada de las falsas acusaciones que lo persiguieron hasta la muerte".

Eliminada toda referencia a la Ley de Memoria Histórica, el texto del Pleno del Consell alude a otra ley, en este caso la polémica Ley de Concordia aprobada por el gobierno de PP y Vox en la Generalitat, antes de su ruptura. Así, antes de establecer los acuerdos, el texto del Consell recoge que "Con esta declaración y en aplicación de la Ley de Concordia, aprobada el 26 de julio de 2024 en las Cortes Valencianas, el Pleno del Consell acuerda:".

La última de las diferencias se encuentra en los acuerdos adoptados mediante la declaración institucional. En la presentada por el PSOE en el pleno del Ayuntamiento, rechazada por PP y Vox, en su punto tercero, se recoge como punto de acuerdo "Trasladar el presente acuerdo a la Presidencia del Gobierno, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Cultura y a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, reafirmando nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la memoria histórica". Los populares simplifican este último compromiso "con la figura de nuestro poeta Universal".