El exalcalde de Alicante, Díaz Alperi, junto a su abogado, en el año 2012. Foto: EFEAlicante entregó a la multinacional cuatro parcelas valoradas en 15 millones a cambio de su antigua fábrica que, en parte, ya han procurado un aprovechamiento lucrativo ventajoso para Altadis: una fue adquirida por la EUIPO para llevar a cabo su ampliación y en otra se construyó un residencial de más de 200 viviendas, en La Condomina. En las otras dos, en zonas privilegiadas como el PAU 1 y en la Playa de San Juan, todavía no se ha edificado. La tabacalera sigue siendo propietaria del 4% de sus antiguas naves, ya que no se ha entregado una quinta parcela pendiente, también en la zona de playa
ALICANTE. El acuerdo de permuta de cinco parcelas edificables de propiedad pública a cambio de la finca de la antigua fábrica de Altadis, firmado por el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi (PP), con la multinacional en el año 2000, cobra una nueva perspectiva 17 años después, a la vista del desarrollo urbanístico y del uso que han tenido todas esas propiedades inmobiliarias desde entonces.
Según pudo constatar Alicante Plaza, las cifras que se desprenden de ese análisis en perspectiva parecen colocar a la tabacalera en una posición más que aventajada respecto al interés público, si se considera el aprovechamiento lucrativo millonario que han tenido las parcelas de propiedad municipal entregadas a la multinacional. Todo, al margen de que el intercambio de bienes se tasase por el mismo valor económico (18 millones de euros), y de que ya en el momento en el que se formalizó el acuerdo se discutiese desde las filas de la oposición el rigor de esa valoración: se trataba de ceder parcelas edificables a cambio de un complejo de edificios (algunos de los cuales requerían una profunda rehabilitación) situados en un ámbito (la Operación Integrada número 4, que incluye el barrio de San Antón) que sigue sin estar ordenado desde el punto de vista urbanístico y que, en consecuencia, continúa siendo un suelo muerto en el que hoy por hoy no se puede edificar.
Aquel pacto de intercambio de bienes se justificó en 2010 ante la opinión pública con un doble objetivo. En primer lugar, el equipo de Gobierno que presidía Alperi presentó la permuta como la fórmula idónea para retener la actividad de la empresa en Alicante y, con ella, los puestos de trabajo. En virtud del convenio, Altadis se comprometía a instalarse en el plazo de dos años en Las Atalayas (en parcelas adquiridas con fondos propios al Sepes). Y, en segundo término, además de acabar con los problemas de tráfico que conllevaba el tránsito de camiones en el céntrico barrio de San Antón, el Ayuntamiento adquiría todo el recinto de la vieja tabacalera -relevante, según el convenio de permuta, por su valor histórico y arquitectónico- para darle un uso público-cultural.
Ese supuesto se ha cumplido. Después de barajarse varias alternativas, como la construcción de un museo para la Semana Santa, la antigua tabacalera se ha reconvertido en un complejo polivalente, con varias opciones aún por desarrollar tras su próxima rehabilitación, al que ya se le ha dotado de un primer uso cierto como centro cultural, bautizado con el nombre de Las Cigarreras (un guiño a su viejo uso). Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el primer supuesto: Altadis anunció el cierre definitivo de su centro en 2008 y completó su desmontaje en 2010. Todos los trabajadores, incluso los 35 que habían sido recolocados en otra planta de Gijón, han acabado siendo despedidos.
Sin embargo, la pregunta clave ahora es qué uso han tenido esas cinco fincas edificables que el Ayuntamiento entregó a Altadis. Esas entregas se ejecutaron en dos fases: la primera en 2001 y la segunda en 2004. Según pudo constatar este diario, la primera circunstancia que llama la atención es que en esos dos traspasos en diferido sólo se incluyeron cuatro de las cinco parcelas. No se tiene constancia oficial de que se haya cedido o compensado en metálico por la quinta. O lo que es lo mismo, Altadis sigue siendo propietaria de un 4% de su antigua fábrica.
En la primera fase, de 2001, el Ayuntamiento entregó a Altadis una parcela municipal de 12.289 metros cuadrados en el Plan Parcial Agua Amarga. Según el convenio bilateral, esa parcela tenía un aprovechamiento de 20.228 metros cuadrados de techo edificable. Estaba valorada en 3.647.126,68 euros. Esa parcela en cuestión fue adquirida hace alrededor de dos años por la EUIPO, la Agencia Europea de la Propiedad Intelectual antes conocida como OAMI, para llevar a cabo la ampliación de sus instalaciones. Alicante Plaza no pudo precisar el importe de la venta, pero sí el de una operación paralela: la EUIPO ha adquirido reciente parte de un vial público al Ayuntamiento, con una superficie menor, por más de 1,5 millones, según fuentes municipales.
En ese mismo año, 2001, el Ayuntamiento entregó a Altadis otra parcela de 16.685 metros cuadrados en la Unidad de Ejecución número 1 del Plan Parcial La Condomina con 25.194 metros cuadrados de techo edificable, lo que permitía construir un máximo de 235 viviendas. Estaba valorada en 5.451.077,69 euros. En esa parcela se levanta hoy una urbanización, el Residencial Paraíso, con un número de viviendas próximo a esa cifra máxima. El importe de venta de la parcela a la empresa promotora que los desarrolló se desconoce. Sólo se puede llegar a una estimación del rédito obtenido con la venta posterior de esos inmuebles: 42,3 millones, a un hipotético precio medio de 180.000 euros por cada una de las 235 viviendas.
A cambio de esas dos parcelas, el Ayuntamiento obtuvo el pleno dominio del 68% de las cuatro fincas que formaban el complejo de la antigua tabacalera, valorado en el mismo importe que la suma de esas dos parcelas: 9.098.204,37 euros.
Las instalaciones de Las Cigarreras. Foto: RAFA MOLINAEn el segundo traspaso, materializado en 2004, el Ayuntamiento entregó a la multinacional una parcela de 2.669 metros cuadrados y 5.773 de techo edificable situada en otra zona en desarrollo de Alicante: el PAU 1. Estaba valorada en 1.373.862,70 euros. Hoy ese sector está urbanizado pero la parcela en cuestión, muy próxima al parque Juan Pablo II, no está edificada. Según las fuentes consultadas, sobre ella podrían levantarse unas 50 viviendas de unos 110 metros cuadrados, lo que se traduciría en un rédito de 7,5 millones, a un precio de venta medio de 150.000 euros.
La segunda entrega formalizada en el mismo acto corresponde a una parcela de 12.315 metros cuadrados con una edificabilidad total de 18.941,19 metros situada en otro emplazamiento privilegiado: el Sector 1 del Plan Parcial Playa de San Juan. O lo que es lo mismo, el PAU 5, segunda línea de playa. Estaba valorada en 5.345.646,84 euros. Hasta la fecha sigue sin edificar.
A cambio, el Ayuntamiento obtenía el 27,92% del complejo de la antigua fábrica de Altadis, valorados en el mismo precio global de las dos parcelas municipales: 6.719.509,54 euros. Con ese traspaso, el Ayuntamiento pasaba a ser propietario del 95,9% de las viejas instalaciones de la tabacalera, tras haber pagado con suelo valorado en 15.817.713,91 euros.
El porcentaje restante debería completarse con la entrega a la multinacional de otra parcela con un aprovechamiento de 3.700 metros cuadrados de techo edificable en el Plan Parcial Playa de San Juan Norte, Sector 2, como figura en el convenio bilateral firmado en el año 2000. Se trata de un emplazamiento en primera línea de playa. La entrega de ese suelo podría no haberse formalizado aún porque ese sector todavía sigue pendiente de ordenación urbanística y de reparcelación, de modo que el Ayuntamiento no es todavía el pleno propietario de ningún suelo concreto. Es un saldo pendiente por el que Altadis podría solicitar que se le compensase bien con suelo edificable en otra ubicación o bien en metálico.
El último episodio vinculado a toda esa operación, que cierra un negocio redondo para la multinacional, acaba de registrarse hace apenas dos meses: la venta de las naves que albergaron su último centro de producción en Alicante, situadas en el polígono industrial de Las Atalayas. Como informó este diario, el grupo Baraka, liderado por el empresario oriolano Trinitario Casanova, adquirió las instalaciones y su parcela a finales de 2016 y ya ha llegado a un preacuerdo para alquilarlas durante 20 años a la cadena especializada en la distrubución de ropa deportiva, Sprinter, para instalar allí su centro de operaciones logísticas. El precio de adquisición pagado por Baraka no ha trascendido. Pero, sea cual sea, engrosa la rentabilidad obtenida por Altadis a partir de aquel acuerdo con el Ayuntamiento.
