Ximo Puig y María Jesús Montero. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El borrador con la propuesta del Ministerio de Hacienda para la redefinición del concepto de población ajustada, que supone el punto de partida para la ansiada reforma de la financiación autonómica, mejorará la situación actual de la Comunitat Valenciana, ya que aumenta sensiblemente el peso del gasto sanitario y educativo en la asignación de recursos a las CCAA mientras apenas cambia variables correctivas geográficas del sistema actual como superficie, dispersión e insularidad que perjudican a las regiones más pobladas.
La propuesta, un documento técnico de 240 páginas remitido a las CCAA con algunos días retraso a las puertas del puente festivo más largo del año, sitúa la población ajustada como "indicador único" de las necesidades totales de gasto y como factor fundamental de reparto a las CCAA en función de los servicios que prestan. El Ministerio sostiene que existe un "notable consenso" en que la población ajustada es la variable más representativa de las necesidades de gasto, pero ha instado a las comunidades a que realicen aportaciones de aquí a enero.
El Ministerio de Hacienda no concreta en esta fase si el Estado aumentará los recursos que aporta al sistema, algo que las Comunidades Autónomas han venido reclamando para garantizar que ninguna pierda con la reforma en comparación con la situación actual. En este sentido, cabe recordar que la Comisión de Expertos de 2017 en cuyo trabajo se apoya el documento presentado este viernes estimó en 16.000 euros la insuficiencia de recursos del modelo actual.
La propuesta del departamento que dirige María Jesús Montero aumenta hasta siete puntos –del 38% actual al 40-45%– el peso del gasto sanitario como elemento de reparto, y en casi diez puntos –del 25,5% al 25-30%– el peso del gasto educativo. Hacienda justifica que los métodos actuales permiten una mayor estratificación de la población y ello da como resultado un reparto "más realista y sofisticado".
Por el contrario, las variables correctivas basadas en aspectos geográficos como la superficie, la dispersión o la insularidad varían muy poco respecto a las incluidas en el actual modelo de financiación porque los expertos consideran que no es necesario variarlas al no existir evidencias sobre su posible incidencia sobre las necesidades de gasto de las CCAA. En concreto, su peso en el reparto se mantendría en el 3% actual o subiría al 4%, algo ansiado por las regiones menos pobladas.
La única novedad en este aspecto es la inclusión de una variable de costes fijos, que se considera justificada para compensar a las siete CCAA más pequeñas al no poder alcanzar economías de escala.
Para el conseller de Hacienda, Vicent Soler, esta propuesta supone una "victoria colectiva de la sociedad valenciana", pero considera que no se puede estimar el impacto real para la Comunitat Valenciana hasta conocer el diseño final del sistema.
En principio, el Ministerio de Hacienda aboga por reforzar los criterios demográficos o poblacionales y por mantener prácticamente intacto el peso de los geográficos, aunque no descarta analizar si, además de variables como la superficie, se necesita introducir "una variable concreta con carácter más concentrado" para afrontar el reto demográfico.
Para determinar el gasto sanitario, la propuesta tiene en cuenta que la edad de los ciudadanos es relevante. Para ello, a la hora de definir la población protegida equivalente, se aboga por dividir la población en veinte grupos de edad frente a los siete tramos actuales.
Asimismo, se actualizan los coeficientes aplicables mejorando los datos y las fuentes de información para tener en cuenta, por ejemplo, la distribución del gasto asistencial relativo a los servicios hospitalarios y especializados, servicios primarios de salud, farmacia, consumo en prótesis, traslados y aparatos terapéuticos.
En cuanto al peso del gasto educativo, la propuesta del departamento de Montero es más abierta. Aboga por que, de ahora en adelante, se tengan en cuenta las necesidades de la población universitaria y de la FP. Por un lado, pide considerar la población empadronada de 0 a 17 años y la entrada de alumnos de FP Superior procedentes de otras CCAA para estimar el trasvase significativo hacia determinados territorios y, por otro, las necesidades de la población universitaria: el padrón de 18 a 24 años y la llegada de alumnos universitarios de otras comunidades.
Pero en este caso, el documento plantea una segunda opción que no incorpora a los alumnos desplazados y una tercera alternativa basada en una población no universitaria de 1 a 17 años y alumnos de FP superior y una población universitaria basada en alumnos matriculados.
Respecto a la ponderación del gasto en servicios sociales, que en el modelo actual es de un 8,5%, la propuesta para el futuro oscila entre un 6% o un 10%. Dentro de esta variable, el padrón de las personas mayores de 65 años pesaría entre un 80% o 90% y el de los parados entre un 10% o 20%. Y es que según el Ministerio las CCAA también coinciden en que los servicios sociales que asumen no solo cubre a la población mayor, de ahí que como novedad se incluya en esta variable los parados sin prestación por desempleo.
En lo que se refiere al gasto de las CCAA en el resto de servicios, la propuesta es mantener la estructura actual respecto a esta variable, lo que significa que se medirá teniendo en cuenta la población total empadronada. El peso de este indicador se reduciría del 30% actual a una horquilla de entre el 18% y el 22%.
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El documento remitido por el Ministerio de Hacienda contempla diversas fórmulas para calcular el impacto de la despoblación en el coste de los servicios. Una de ellas es tener en cuenta la población necesaria para que cada provincia alcance la densidad media –sin incluir poblaciones con más de 75.000 habitantes– para reforzar a las comunidades más despobladas.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
