La misma promesa, cuatro años después

Antes de entrar en materia, voy contar un hecho sorprendente que guarda relación con la queja del presidente Carlos Mazón, que este sábado afirmaba que el Consell está elaborando el Presupuesto de la Generalitat para 2024 "a ciegas" porque la ministra de Hacienda en funciones se niega a comunicar a las Comunidades Autónomas el importe de las entregas a cuenta que tendrán el año que viene y el de la liquidación que percibirán, cantidades que suponen la parte más importante de los ingresos. Esto ya ocurrió en 2019 y la excusa de María Jesús Montero para no dar esas cifras era –y es– que el Gobierno estaba en funciones, como ahora, y que un informe de la Abogacía del Estado así lo decía.

Pero ocurrió que en 2019 fracasó la investidura de Pedro Sánchez y se convocaron nuevas elecciones, y entonces el Gobierno, que seguía en funciones, dijo que sí se podía, basándose en otro informe de la Abogacía del Estado, capaz de decir una cosa y la contraria con apenas dos meses de diferencia.

El 13 de octubre de 2019, este periódico solicitó dichos informes al Ministerio de Justicia, que se negó a facilitarlos. Los reclamamos a través del Portal de Transparencia, y el Ministerio volvió a negarse. Acudimos entonces al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que nos dio la razón e instó al Ejecutivo a darnos los informes porque no había ningún motivo para que no fueran públicos. Pero el Ministerio recurrió la resolución del Consejo de Transparencia ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, y allá que nos personamos, más por el fuero que por el huevo. Finalmente, el 20 de julio de 2020 el Ministerio desistió ante el juzgado. Ganamos, pero los informes –los huevos– nunca llegaron.

Ocupados con la pandemia y el desconfinamiento, no insistimos porque pelear por la transparencia es agotador. Era una victoria moral, pero, ¿a quién le importaban a esas alturas los informes?

El pasado viernes, 27 de octubre de 2023, a las 12.47 horas, el Portal de Transparencia me comunicaba que tenía en el buzón nuevos documentos. Eran tres. El primero era un escrito de la subdirectora general de Auditoría Interna y Gestión del Conocimiento del Ministerio de Justicia, quien me notificaba que daba cumplimiento a la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de 13 de febrero de 2020. Tres años y ocho meses después. Eso es transparencia, y lo demás, tonterías. Los otros dos documentos eran los informes de la Abogacía del Estado fechados en agosto y octubre de 2019, que llegaron cuatro años y catorce días después de haberlos solicitado. Como escribí por aquellos días, "nuestra paciencia no tiene límites".

Paradójicamente, los informes llegan en un momento en el que vuelven a tener cierta relevancia. Por esos informes aparentemente contradictorios tiene la ministra en funciones "a ciegas" al Consell. No obstante, de acuerdo con la Abogacía, si fracasa la investidura de Sánchez, Montero sí podrá revelar el importe de las entregas a cuenta a pesar de seguir en funciones, vía decreto-ley "por urgente necesidad", necesidad que se ve que ahora no existe o no es tan urgente. Un sinsentido.

La promesa

Cualquiera diría, visto el alborozo valenciano tras la foto, que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz nos han arreglado el problema de la financiación autonómica, cuando lo que han hecho ha sido volver a prometer lo que ya prometió Sánchez a Baldoví –a cambio de su voto– en enero de 2020. Huelga decir que no cumplió. Vale que luego vino la pandemia y eso sirvió como excusa para no presentar "en los ocho primeros meses posteriores a la investidura", como decía aquel texto, una propuesta de nuevo Sistema de Financiación Autonómica (SFA) "mediante el cual se garantice una financiación justa y constitucional para los valencianos y valencianas". Pero la pandemia no es excusa porque era un acuerdo de legislatura, para cuatro años, y la legislatura acabó sin más avances que el triste 'esqueleto' made in Montero que ni garantizaba una financiación justa, ni constitucional, ni nada.

Sorprende la alegría con que ha sido celebrado el documento de PSOE y Sumar y la buena acogida de la promesa de Sánchez, como si no lo conocieran, por parte de Mazón y Ruth Merino en lo que, antes que una muestra de ingenuidad, parece una estrategia para aparentar que se lo han creído, porque ya habrá ocasión de arrearle cuando vuelva a incumplir su compromiso. No habrá que esperar mucho, a los próximos Presupuestos Generales del Estado, a principios de 2024, una vez el paripé independentista acabe en investidura.

Sorprende la falta de memoria porque el tan celebrado párrafo en el que Pedro y Yolanda prometen que "mientras esta reforma no se produzca, en los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de Comunidades Autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado" es prácticamente idéntico al del pacto entre PSOE y Compromís para la investidura de 2020, que decía: "Mientras esta reforma no se produzca, en los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado". De hecho, la única aportación de Sumar es que ha extendido la promesa "al resto de Comunidades Autónomas infrafinanciadas".

Han pasado cuatro años y Sánchez ha incumplido su promesa en los cuatro Presupuestos Generales del Estado (2020 a 2023) aprobados con el voto a favor de Compromís, que sigue entregado a la causa. A no ser que Sánchez y Montero consideren que sí que la han cumplido gracias al FLA, que garantíza la prestación de los servicios públicos por la vía de la tomadura de pelo. Así que, ¿por qué no va a pensar el líder socialista que puede seguir engañando a la coalición valenciana, como seguirá engañando a ERC con la creación de otra mesa de diálogo? ¿Acaso van a votar Àgueda Micó y cía en contra de los Presupuestos de 2024 si no incluye esa compensación?

Lo que sí es novedoso respecto al documento firmado en 2020 es que en aquel primer acuerdo Sánchez prometía presentar una propuesta de reforma del SFA en ocho meses y ahora no ponen plazo; y que se comprometía "a llevar a cabo" la reforma, mientras el texto de PSOE y Sumar utiliza el etéreo "impulsaremos un nuevo modelo…", que suena al muy valenciano "ya quedamos un día". No es lo mismo llevar a cabo que impulsar.

Así que solo cabe otorgar un voto de desconfianza a quien cree que se puede engañar a todos los valencianos todo el tiempo. Estaré encantado de rectificar si, cuando presente los Presupuestos de 2024, cumple su palabra.

Otrosí: la recuperación el derecho civil valenciano no aparece en el documento de PSOE y Sumar. Compromís debería explicar si es que no lo propuso, si no lo aceptó Yolanda Díaz o si fue Bolaños quien se opuso.