Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. Los conductores de la Comunitat Valenciana que acudan desde este jueves a realizar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) tendrán que pagar entre 8,32 y 21,23 euros más de lo que costaba la revisión hasta ayer mismo, en función de si son diésel o gasolina.
El motivo es la restauración del cuadro tarifario vigente hasta 2014 –el mismo que se aplicaba desde 2009 al estar congeladas las tarifas– como consecuencia de la anulación en los tribunales de sendas rebajas en el coste de la inspección aprobadas por la Generalitat Valenciana en 2014 y 2019.
Las empresas concesionarias ya han comunicado este mismo miércoles a la administración autonómica que procederán de inmediato a aplicar los nuevos precios una vez ha tomado efecto al publicarse este miércoles en el BOE el auto del Tribunal Supremo (TS) del pasado enero que desestimó el recurso de casación de la Generalitat contra la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) de las tarifas aprobadas en mayo de 2019.
El TSJCV tumbó esa modificación de precios al considerar que el Consell las cambió para "eludir el cumplimiento" de una sentencia de mayo de 2017 que anuló la bajada aprobada por el anterior Consell en marzo de 2014.
Según el TSJ, los precios aprobados por el actual Gobierno valenciano que han estado en vigor en los últimos tres años son "prácticamente idénticos a los anulados" en el fallo de 2017, que afectan a dos tramos de la tarifa: emisiones por gases contaminantes y prueba de emisión sonora.
Esta prueba de ruido que hasta ahora costaba 2,42 euros sube a los 9,29 euros que costaba en 2014. Por lo tanto, se encarecerá de forma inmediata 6,87 euros para todos los vehículos.
Por lo que se refiere a la prueba de emisiones, los vehículos diésel y las furgonetas sufrirán un incremento notable, ya que volverán a pagar casi 18 euros frente a los 11,42 que abonaban ahora, con lo que la revisión les saldrá 6,5 euros más cara por este concepto.
Los vehículos de gasolina con catalizador pagarán desde ahora 5,77 euros por la prueba de emisiones frente a los 8,05 euros que el Consell aprobó en 2019, con lo que estos conductores se ahorrarán algo más de dos euros.
Hasta ahora, el coste total de la primera revisión para los turismos de gasolina catalizados era de 47 euros mientras que los diésel y las furgonetas pagaban 51,1 euros. Desde este jueves, los primeros pagarán unos 4,5 euros más, mientras que la inspección para los vehículos a gasoil y las furgonetas se encarece en más de 13,3 euros. Además, en el precio final que pagarán los conductores habrá que sumar el de aplicar los correspondientes impuestos al incremento de la tarifa base
Por tanto, a partir de este jueves, los vehículos pesados pasarán de pagar 65,67 euros a 86,90 euros, es decir, 21,23 euros más, mientras que las furgonetas y turismos de diésel deberán abonar 67,40 euros frente a los 51,23 euros que pagaban antes, lo que supone 16,17 euros más. En cambio, los turismos de gasolina con catalizador, que ahora desembolsaban 47,16 euros, pasarán a 52,72 euros, (+5,56 euros); y el servicio para las motocicletas se situará en los 26,09 euros frente a los 17,77 euros que costaba hace solo un día, (+8,32 euros).
El conflicto se remonta a 2014 cuando el ejecutivo autonómico, liderado entonces por el 'popular' Alberto Fabra, modificó las tarifas vigentes entonces, aprobadas en 2009, rebajando sustancialmente las cuantías de emisiones de gases contaminantes y ruido. Así, por ejemplo en este último caso se pasaba de 9,3 euros la primera inspección a 2,48 en 2014, mientras que la segunda o sucesiva bajaba de 6,48 euros a 1,86 en 2014.
La empresa Applus Iteuve recurrió esta rebaja ante el TSJCV que estimó parcialmente su recurso y anuló la bajada de las tarifas de emisiones y ruido aprobadas por el Consell en 2014 por falta de un informe económico que justificase el cambio obligando, por tanto, a volver restituir los precios de 2009.
Un año más tarde, el Tribunal Supremo confirmó este fallo, pero, sin embargo, la modificación de los precios no se produjo. Fue en mayo de 2019 cuando el Consell de Ximo Puig, obligado por esta decisión judicial, aprobó un nuevo cuadro tarifario que seguía sin cumplir con lo exigido por el TSJCV, que anulaba estas tarifas al considerar que su "propósito era el incumplimiento de los criterios de la sentencia de 2017" y son "prácticamente idénticas a las anuladas".
La Generalitat recurrió en casación, pero el Supremo ratificó en enero de este año el fallo que considera nulo el acuerdo del Consell sobre las tarifas en vigor hasta ahora, que automáticamente dejan de estar en vigor al adquirir efecto este fallo desde su publicación en el BOE de este miércoles.
