La fotografía del desastre un mes después

VALÈNCIA. Este viernes 29 de noviembre se cumple un mes del 'tsunami' provocado por la Dana que asoló la provincia de Valencia y dejó hasta el momento un total de 222 víctimas mortales. Un suceso que supuso una ola de destrucción y barro cuyas huellas todavía permanecen en las calles y hogares de los municipios afectados y en los corazones de los valencianos.

Carreteras dañadas, kilómetros de ferrocarril inservible, puentes arrasados, polígonos desmantelados, comercios arruinados y, sobre todo, viviendas destrozadas, son las cicatrices visibles de la catástrofe, a lo que hay que unir la angustia permanente por el recuerdo de lo ocurrido y, sobre todo, el dolor irreparable de los vecinos que han perdido a sus seres queridos.

Una estampa postapocalíptica simbolizada en las enormes campas de vehículos devastados convertidas en cementerios de chatarra, que provoca un sentimiento de desazón entre los habitantes de las poblaciones más azotadas por la tragedia, que además deben seguir conviviendo con olores nauseabundos, garajes todavía anegados y la preocupación de los peligros sanitarios que pueda conllevar el cóctel de lodo y aguas fecales por rupturas de tuberías que todavía se manifiesta en algunas zonas afectadas.

75 municipios damnificados en los que vive el 40% de la población (845.371 ciudadanos) de Valencia y donde se encuentra el 36% de las empresas de la provincia. 600. 000 personas se quedaron sin agua potable, 150.000 usuarios sin suministro electrónico, 300.000 líneas móviles resultaron afectadas y 120.000 vehículos dañados, el 98% en situación de siniestro total. 497 kilómetros de vías ferroviarias quedaron inutilizadas, 348 de líneas de Cercanías (de los que se han reparado ya 226 kilómetros) y 149 de Alta Velocidad ya en servicio; mientras se estima que 30.000 edificios resultaron dañados. Hasta el momento, se han retirado ya 250.000 toneladas de residuos, una cantidad superior a la recogida anual de enseres y voluminosos de toda la Comunitat Valenciana del año pasado.

Estos son algunos datos que ponen de manifiesto la magnitud de la catástrofe. La reconstrucción avanza, pero muy lentamente. Las dificultades de coordinación entre Administraciones, que se han visto constantemente superadas por los acontecimientos, ha sido patente prácticamente desde el primer día del suceso. Algunas cosas empiezan a funcionar, pero siempre lo harán demasiado despacio para los que han perdido sus hogares, negocios o, simplemente, la capacidad de dirigir su vida de forma autónoma. 

La reacción de las administraciones se ha traducido en anuncios de ayudas millonarias: el Gobierno de España ha movilizado 16.600 millones de euros en diversas tandas, para los que se han recibido hasta el momento 273.600 solicitudes y de los que se han realizado pagos por 60 millones de euros. Por su parte, el Gobierno valenciano ha anunciado 400 millones en ayudas urgentes para los que se han recibido 25.530 peticiones y se han abonado hasta el momento 12,4 millones de euros.

Pero una cosa son las cifras y otra el relato. La tragedia, a lo largo de este mes, también ha dado lugar a una evolución política y una pugna por atribuir responsabilidad y, sobre todo, la culpa. De los momentos iniciales, donde más allá de algún dardo aislado, tanto la Generalitat como el Gobierno de España se esforzaban en calibrar el alcance de la catástrofe, en encontrar a los desaparecidos y lograr despejar los accesos para llegar hasta los numerosos municipios afectados. De ahí, se pasó a una fase de mayor enfrentamiento directo y público entre los representantes públicos de Generalitat y Gobierno, si bien la gran mayoría de ataques se desarrollaba a través de filtraciones a los medios de comunicación y, finalmente, en los últimos días ya se ha visto un cruce de acusaciones directas entre líderes como el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Consell, Carlos Mazón.

El relato del Ejecutivo central y de la oposición valenciana conformada por PSPV y Compromís, se ha dirigido a señalar la mala gestión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y su equipo en la jornada de la Dana con argumentos como la subestimación de la alerta roja de Aemet, la poca prevención a la hora de interpretar los datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el tardío envío de la alerta a los móviles, que el jefe del Consell no modificara su agenda y se fuera de comida, lo que motivó que llegara demasiado tarde al Cecopi y que en esa reunión, se produjera un receso de una hora (entre las 18 y 19 horas) que dejó fuera a los organismos del Gobierno de España.

Por su parte, el Ejecutivo valenciano ha puesto el acento en la ausencia de notificaciones de la CHJ entre las 16.13 y las 18.43 sobre la crecida del barranco del Poyo, en la falta de obras para corregir las deficiencias en las infraestructuras hídricas que puedan evitar este tipo de avenidas,  y también a la propia presidencia de la Delegación del Gobierno y la CHJ en el Cecopi sin que, aseguran, desde estas instituciones advirtieran verbalmente del peligro que se cernía sobre la población.

Con este escenario, el más perjudicado políticamente hablando ha sido el Consell presidido por Mazón, que al fin y al cabo ostenta las competencias sobre Emergencias. El también líder del PPCV, que hasta el 29 de octubre pilotaba la Generalitat con cierta tranquilidad pese a no gozar de mayoría parlamentaria y depender de Vox, se ha visto contras las cuerdas hasta el punto de que se pudiera contemplar su dimisión por medios de comunicación nacional.

Sin embargo, el jefe del Consell ha mostrado su intención de resistir y tratar de liderar la reconstrucción con el objetivo de recuperar su crédito político e incluso volver a presentarse a la reelección. Para ello, días atrás dio su particular golpe de efecto con la incorporación como vicepresidente del teniente general retirado Francisco José Gan Pampols, al que ha encargado la misión de coordinar la recuperación. A este fichaje, que causó sorpresa y cierto revuelto en el panorama político nacional, sumó el cese de la consellera responsable de Emergencias, Salomé Pradas, y la titular de Industria, Nuria Montes, que protagonizó algún desliz mediático en la crisis, y la incorporación de perfiles técnicos al Ejecutivo valenciano. Un golpe de timón que, no obstante, se ha visto empañado por el fallecimiento de un trabajador de Tragsa en un colegio de Massanassa y también por el lío sobre el arreglo salarial al vicepresidente Gan incluido en una disposición final de un decreto ley sobre movilidad de funcionarios por la Dana.

66.000 empresas damnificadas

Mientras en paralelo discurre la pugna política, la economía valenciana trata de salir a flote. Según datos de la Conselleria de Industria y la Federación de Parques Empresariales de la Comunidad Valenciana (Fepeval) son 72 los polígonos afectados en mayor o menos medida por la riada, que suman en conjunto una superficie total de 26.392.000 metros cuadrados. En ellos se ubican más de 66.000 empresas damnificadas por esta catástrofe, la peor del último medio siglo en España. 

"Ahora la batalla es contra el lodo y los enseres que se acumulan en las entradas después de despejar las fábricas", explica el presidente de Fepeval, Diego Romá. "Entendemos la situación y que los cascos urbanos han sido lo primero, pero también debe continuar la actividad económica y la situación en muchos parques empresariales es grave. Hay mucha devastación y vemos que falta implicación por parte de algunos ayuntamientos", avisa.

La movilidad, en progreso pero aún queda mucho por hacer

En total, las actuaciones en la reparación de obras de transporte costarán más de 2.600 millones de euros, según cifró la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. Hasta ahora, la Generalitat ha invertido más de 100 millones en contratos de emergencia para estas labores, mientras que el Gobierno supera los 200 millones de euros. Solo reparar la red de Cercanías y la alta velocidad han sido 185 millones, según informó el ministerio que dirige Óscar Puente.

Hasta el momento, se ha conseguido restaurar al completo la alta velocidad, toda la red de carreteras del Estado y el 90% de las que son titularidad autonómica. Lo que está todavía a medias, dada la gravedad de los daños y lo costoso de los trabajos, es el servicio de Cercanías y la red del metro de Valencia. Cierto es que hay líneas y tramos abiertos, pero para su completo restablecimiento todavía quedan meses de trabajo.

57 centros de salud recuperados, cinco a la espera

A día de hoy, los 57 centros de salud que inicialmente resultaron afectados por las inundaciones están ya operativos. Los cinco centros de salud más afectados por la Dana no terminarán sus obras hasta dentro de seis meses. Así se encuentra el balance del impacto que la riada provocada por la Dana generaba en la sanidad pública valenciana, en la que numerosos centros sufrieron desperfectos debido a la sacudida del agua en los diferentes municipios de la provincia de València. Un impacto en el que Catarroja, Aldaia, Paiporta, Picanya y Alaquàs se llevaron la peor parte. Unas localidades que abarcan más de 100.000 habitantes y que han visto cómo sus centros de salud han sufrido graves desperfectos. 

"La Conselleria está trabajando para que los centros de salud afectados por las inundaciones recuperen lo antes posible la totalidad de sus instalaciones y con ello su actividad asistencial normal", señalaba esta semana el conseller de Sanidad, Marciano Gómez.  En este sentido, ha indicado que la Dirección General de Gestión Económica e Infraestructuras estima que las obras de los cinco centros más perjudicados estén finalizadas en el plazo aproximado de seis meses.

Por otro lado, la Dana dejó115 colegios afectados, de los que 93 han retomado la actividad (36.959 alumnos) y quedan por hacerlo 22 (10.977 alumnos), de los que 13 tendrán que instalar aulas prefabricadas o construirse de nuevo.