VALÈNCIA. La Fiscalía de Valencia ha presentado una denuncia tras llevar a cabo una investigación sobre la publicidad institucional de la Generalitat en los últimos años. Según ha podido saber Alicante Plaza, la denuncia se dirige contra varias personas físicas de la administración y de empresas relacionadas con la comunicación por cuatro presuntos delitos: delito continuado de falsedad en documento mercantil y estafa agravada; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de malversación, y delito continuado de fraude a la Administración.
Las indagaciones se iniciaron por parte de la Agencia Valenciana Antifraude, que posteriormente las remitió a la Fiscalía. Éstas se centran en diversos contratos de promoción de la Generalitat en medios de comunicación durante los años 2017 y 2019. Es decir, la conocida como publicidad institucional que abarca inserciones, anuncios o acciones de divulgación desde la Administración.
De acuerdo con los hechos investigados, empresas como Mediterránea de Medios o Maxus, agencias intermediarias, habrían sido adjudicatarias de contratos de promoción institucional de la Generalitat. Para ello, habrían ofertado unos elevados descuentos, muy superiores a los habituales en concursos de otro tipo. La Fiscalía los cifra entre alrededor del 70% y el 90% y cree que eran irreales, con el objetivo de adjudicarse el contrato, y que en algunos casos se causó perjuicio económico a la administración. Los citados descuentos se habrían aplicado sobre presupuestos inflados artificialmente tras ser pactados con la Generalitat y sin documentación justificativa.
La investigación, según ha podido saber este diario, hace especial hincapié en la entrevista que el periódico británico The Guardian publicó al jefe del Consell, Ximo Puig, que genero controversia por ser una entrevista de pago. Fue en noviembre de 2016 con motivo de una feria de turismo en Londres a la que acudió. Los encargados de realizársela en un suplemento sobre la Comunitat Valenciana fueron The Report Company, una empresa española creadora de contenidos.
En ella, se aprovechaba para ensalzar su figura y 'vender' la Comunitat a uno de los nichos turísticos más importantes mientras él exponía las grandes propuestas de la legislatura o criticaba al PP por la corrupción. "El Levante feliz resultó ser una gran mentira", afirmaba en una de sus declaraciones.
La Generalitat argumentó en ese momento que no se trataba de una entrevista pagada, pero se acabó demostrando lo contrario: costó 43.000 euros. Ahora, esa adjudicación es considerada por la investigación como una en las que se incrementó el presupuesto para aplicar un descuento irreal. Además, el servicio fue subcontratado, algo que al parecer no permitía el contrato de la Generalitat, y la empresa intermediaria habría abonado a The Guardian sólo una parte.