Foto: KIKE TABERNER VALÈNCIA. La Conselleria de Vivienda ha excluido a una de las dos ofertas que se presentaron al concurso de cesión de derechos de superficie de 13 solares públicos a promotores con el fin de levantar alquiler asequible en la Comunitat Valenciana. La promotora nacional Culmia y la alicantina Tizor, del grupo Cívica del empresario Enrique Ortíz, en UTE con la vasca Livanto, pujaron por dos de los 13 suelos que incluía la licitación. Ofertas que optaron a los dos mismos lotes de los 8 que conformaban la convocatoria.
Sin embargo, la mesa de contratación ha estimado excluir a la UTE de Tizor y Livanto al no haber presentado la garantía provisional en la forma exigida en el pliego, según recoge el acta publicada en la Plataforma de Contratación del Estado. Mientras, a Culmia le solicita las cuentas completas de los ejercicios 2019-2022 como cuestión a subsanar. Dos ofertas que se presentaban al lote 1 -que incluye una pastilla para 91 viviendas en Benidorm- y el paquete 7, un suelo en València para 78 unidades. Un interés que queda muy lejos de la cifra que la Generalitat pretendía construir con el concurso -721 nuevas viviendas- en aras de dar cumplimiento al plan del Gobierno de Carlos Mazón de levantar en esta legislatura 10.000 nuevos inmuebles en la autonomía.
En ambos casos, los precios máximos de alquiler fijados son 10,5 euros por metro cuadrado, los más altos de todos los suelos, lo que explicaría la atracción por estos terrenos. Y es que, según explicaban desde el sector promotor valenciano, por debajo de estos valores "los números no salen y hacían inviables los proyectos". De ahí que estas dos parcelas hayan sido las más atractivas y las únicas que han despertado el 'apetito' empresarial de esta licitación.
Cabe recordar que es la segunda vez que Vivienda intentaba licitar este concurso dado el insuficiente interés en el sector, sumado a errores técnicos que impedían subir la documentación exigida en la Plataforma de Contrataciones. Como se apuntaba, la licitación no tuvo mucha concurrencia, algo que el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, atribuía a "los elevados tipos de interés para la financiación de las promociones y la inseguridad jurídica generada por la actual Ley Sánchez haya lastrado el interés del sector privado" por la inversión en viviendas para alquiler.
No obstante, la conselleria no desiste, y licitará un nuevo concurso para construir 555 viviendas de protección públicas en las tres provincias. Así, en las próximas fechas, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) preparará los nuevos procesos de licitación sobre los suelos de Castelló de la Plana, Sagunt, València, El Puig de Santa María, Benifaió, Xàbia y la Vila Joiosa.
En concreto, el desglose planteado por el departamento de Susana Camarero es el siguiente: Xàbia, 66 viviendas; la Vila Joiosa, 33; Castelló de la Plana (121); Benifaió (40); El Puig de Santa María (81); Sagunt, 200 viviendas y València, 14. A través de la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, sacará a licitación mediante permuta los suelos que no resulten adjudicados.
En este modelo, las empresas adjudicatarias construyen los edificios residenciales y los explotan en régimen de alquiler asequible durante 55 años, prorrogables otros 20 más. Una vez finalizado el plazo, los inmuebles son gestionados por la Administración, que en todo momento es la propietaria de las viviendas.
