ELCHE. La portavoz del grupo municipal de Compromís, Esther Díez, ha explicado este lunes que “el gobierno de Pablo Ruz y Vox ha elaborado una ordenanza de zona de bajas emisiones (ZBE), que ignora el criterio científico y se basa en la ideología del negacionismo climático, pues no propone medidas para rebajar las emisiones contaminantes, sino que busca cómo perpetuarlas”. Un proyecto que venía ya del anterior Ejecutivo pero con modificaciones porque ha de estar aprobada a 31 de diciembre. Díez ha criticado, entre otros, que no se exija una etiqueta 'ECO' hasta el año 2060.
La puesta en marcha de la ZBE es obligatoria para el municipio, como regula la Ley de Cambio Climático, y su desarrollo está especificado en el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre. "Además, su aplicación es condición sine qua non para que el Ministerio de Movilidad ingrese al Ayuntamiento los 12,6 millones de euros concedidos a nuestra ciudad en el marco de los fondos Next Generation", recuerda la edil.
En este sentido, Díez ha informado de que “el decreto especifica que la ordenanza tiene que ir acompañada de un proyecto técnico. Este proyecto se inició con el anterior gobierno progresista y propone una zona de bajas emisiones del anillo interior de la ciudad (entre la avenida de la Libertad, Pere Joan Perpinyà, Mariano Soler Olmos, Magraner y la avenida Sucre) de 3,75 metros cuadrados y recoge de manera objetiva que dentro de esta área existe un problema real de contaminación acústica y de contaminación por NO2, según los datos de los estudios de diferentes departamentos de la UMHE”.
“En particular, el proyecto señala que en esta zona de bajas emisiones propuesta se emiten 117.727 toneladas de dióxido de carbono al año y que en ella se registran 266.000 accesos diarios de vehículos motorizados. Asimismo, refleja el alto nivel de tráfico que registran calles como Vicente Blasco Ibáñez, Pere Joan Perpinyà, avenida de la Libertad, avenida de Novelda, Poeta Miguel Hernández, avenida de Alicante o Reina Victoria, entre otras”, ha añadido.
La portavoz municipal ha indicado, al mismo tiempo, que “el proyecto técnico recoge que solo un 0,33 por ciento de los 164.420 vehículos del parque circulante tienen etiqueta Cero y únicamente el 1,61 por ciento tienen etiqueta Eco, mientras que el 34,48 por ciento cuenta con etiqueta C, el 31,46 por ciento etiqueta B y hasta el 32,11 por ciento no tienen etiqueta ambiental”.
“¿Y qué hace el gobierno de Pablo Ruz y Vox ante un documento donde se señala que el 100 por 100 de la población que vive en estos 3,75 kilómetros cuadrados lo hace en una zona contaminada? La respuesta es muy clara: se ha limitado a fijar la zona de bajas emisiones en el centro con una superficie de 1,15 kilómetros cuadrados, en la que los datos ambientales son mejores que en el resto; no ha establecido ninguna fecha para la implantación de las diferentes fases de la zona de bajas emisiones, como regula el Real Decreto 1052/2022, y, para colmo, permite que los vehículos sin etiqueta puedan circular hasta el año 2060, cuando para entonces estos coches tendrían más de 50 años”, ha desgranado Esther Díez.
Para la portavoz municipal “este dato es propio de un gobierno del esperpento, pues ni siquiera se molestan en aparentar cierto criterio ambiental a la hora de desarrollar la normativa, y, por supuesto se trata de una postura negligente que ignora los problemas de salud que genera la contaminación ambiental en una ciudad que, como bien recoge el documento, de manera general supera los límites de emisiones fijados por la Organización Mundial de la Salud; de hecho, de los 51 puntos analizados cada año por la UMHE, 50 superan esta cifra”.
Este martes tendrá lugar el pleno extraordinario para aprobar la ordenanza y los nuevos impuestos, del que la portavoz esgrime que "se va a dar la situación surreal de que el gobierno tramite un expediente en el que se incluye un proyecto técnico que alerta de los problemas ambientales de la ciudad y, a la vez, una ordenanza, que no pone solución a ninguno de ellos y, además, desoye todas las recomendaciones que los técnicos les han presentado", ha destacado.
A su vez, Esther Díez ha apuntado que “se impone la visión de la ultraderecha en esta ordenanza y su discurso peligroso y falaz, pues la única libertad que garantizan es la de contaminar y apelan a criterios económicos también falaces, pues la zona de bajas emisiones no tienen por qué llevar aparejada una restricción continua de vehículos –pero desde luego, tiene que establecer la regulación en caso de que haya que hacerlo, como marca la norma- y puede priorizar el desarrollo de infraestructuras de movilidad sostenible para que sea más fácil usar medios de transporte limpios en la ciudad, que vehículos privados, como proponíamos el anterior gobierno progresista”.
Asimismo ha lamentado que “en su ya habitual clasismo, este gobierno considera que los vecinos y vecinas del Pla, Carrús y Altabix no merecen que se mejore la contaminación ambiental de sus barrios”.
“En definitiva, es una ordenanza en la que el gobierno de Pablo Ruz y Vox hace gala de su negacionismo climático, se pierde la oportunidad de mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación acústica en las zonas más afectadas de la ciudad y se niega a los ilicitanos e ilicitanas su derecho a vivir en un entorno saludable, algo que lamentablemente no nos sorprende si tenemos en cuenta que si por algo es conocido este gobierno a nivel internacional es por destrozar las políticas verdes del anterior gobierno”, ha concluido la portavoz municipal.
Díez ha afirmado que “desde Compromís seguiremos defendiendo una política rigurosa y responsable que defienda un municipio con vida y, por supuesto, si en el periodo de alegaciones no se corrige esta ordenanza municipal, denunciaremos el texto ante los organismos necesarios para asegurar que se cumplen los objetivos de calidad ambiental que merecemos los ilicitanos e ilicitanas”.
