ALICANTE. La inversión para la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia deberá esperar. Así lo dijo la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en su última visita a Alicante, y así se ha confirmado en los presupuestos de la Generalitat para 2020. Para el siguiente año, sólo se contemplan 578.000 euros para la redacción del proyecto; los 52 millones restantes del proyecto, que es lo cuesta la obra civil, se inyectarían en 2021 y 2022, según las previsiones de la Generalitat.
En su visita a la ciudad, el pasado 5 de octubre, Bravo explicó que se estaba trabajando el proyecto básico y, de forma paralela, con el Ayuntamiento de Alicante porque el futuro edificio implica una serie de cambios en el sistema de ordenación urbana". A tenor de esos plazos, la consellera ha indicado que "se necesita casi un año, diez meses, para la licitación de la ejecución, así que si todo va bien y no hay más recursos, lo previsible sería iniciar -las obras-, a finales del próximo año o principios del siguiente", afirmó en la inauguración de la nueva sede del Colegio de Abogados de Alicante.
La consellera Bravo ha presentado este lunes los presupuestos de su departamento para el año 2020, que ascienden a 505,5 millones de euros, un 1,9% más que en este ejercicio. En ellos se incluyen los 126,5 millones de euros que corresponden a las competencias de Interior, Seguridad y Emergencias, cuya secretaría autonómica estaba integrada en el área de Presidencia.
Bravo ha asegurado que presenta “unas cuentas realistas, que tienen su razón de ser en los presupuestos más expansivos de la legislatura pasada, pero que este año permitirán seguir afianzando nuestros proyectos considerando el marco político y económico. Además, son unas cuentas que no se desvían ni un milímetro de la hoja de ruta que nos planteamos hace ahora cuatro años”.
La consellera ha subrayado que el dinero destinado a "avanzar en la ambición colectiva de acabar con el terrorismo machista" supone más recursos para ayudar a las víctimas, más y mejor coordinación de los servicios públicos y más formación para los profesionales que atienden a las mujeres que sufren maltrato.
También ha indicado que se aumentará de 9 a 16 los juzgados de Violencia de la Comunitat Valenciana, que dispondrán en esta legislatura de una Unidad de Valoración Forense Integral para dar una valoración lo más aproximada posible al riesgo real para las víctimas, según fuentes de este departamento.
La Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia contará con un presupuesto de 297,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,2 % respecto al anterior ejercicio.
El presupuesto del capítulo de personal de Justicia crece en un 2,43% hasta alcanzar los 222,2 millones de euros. Estos fondos, según Bravo: “nos permitirán seguir aumentando el número de juzgados, incrementar el plan de refuerzos y afianzar todos los servicios en los partidos judiciales.
También se destinarán 25,8 millones de euros Renovación y construcción de nuevas sedes judiciales, lo que permitirá finalizar las obras de rehabilitación de los juzgados de Torrevieja y continuar la renovación integral de la sede del Tribunal Superior de Justicia en Valencia, así como la de los tribunales de Ontinyent, Orihuela (adquisición del edficio), Dénia y Vinarós.
También se avanzará en la tramitación administrativa para adjudicar los proyectos de ejecución y de dirección de obra de los nuevos juzgados de Alzira, Gandía, Torrent, Llíria, Xàtiva, La Vila Joiosa y Villena.
Además, como ya dijo la consellera, se trabaja para adjudicar la ejecución de la obra de la Ciudad de la Justicia de Alicante a finales de 2020, proyecto que, con 53 millones de euros, supone la mayor inversión en obra civil de todas las consellerias en la provincia.
Asimismo, se prevén 6,7 millones de euros para el refuerzo de funcionarios de Justicia y 11,5 millones destinados a la seguridad y vigilancia de las sedes judiciales de la Comunitat, según Bravo.
La Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia incrementará su presupuesto en un 6,17 por ciento hasta alcanzar los 55 millones de euros.
Se destinarán 5,2 millones de euros para consolidar el proyecto de la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito de la Generalitat, 7 oficinas que cubrirán todos los partidos judiciales de la Comunitat Valenciana, que contarán con 137 profesionales, y se convertirá en la red más amplia de toda España.
Además, el Servicio de Justicia Gratuita alcanza los 46,2 millones, un 2,67 % más que en el ejercicio anterior, y se destinarán 920.000 euros para la implantación de la Mediación en la Comunitat Valenciana.
Asimismo, la Dirección General de Función Pública incrementa la dotación hasta los 5,9 millones de euros (+6,8 %) para, entre otras iniciativas, acometer la ejecución de los más de 100 procesos selectivos que se llevarán a cabo en 2020 y que permitirán el acceso a la Función Pública de más de 2.500 personas.
Tras la comparecencia de Bravo, el portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular, José Ciscar, ha considerado que "la verdadera cara de los presupuestos de la conselleria de Justicia son los recortes”. Durante la Comisión de Presupuestos de Les Corts, Ciscar ha señalado que los Presupuestos Generales de la Comunitat Valenciana (PGV) han sido aprobados a pesar de "ser malos para el conjunto de los valencianos".
“Estamos ante unos presupuestos a la defensiva que muestran la debilidad de todo un Gobierno por tener un Presidente cuestionado, un Presidente ninguneado por Sánchez en materia de financiación", ha manifestado el portavoz. Asimismo, ha criticado que Puig "cuenta con más altos cargos y asesores que nunca que suponen un coste al año de 5 millones de euros que les vendrían muy bien a las sedes judiciales". Según ha manifestado Ciscar, los PGV “tiran a la basura” el proyecto de construcción y renovación de sedes judiciales dotado con 200 millones de euros y prometido por el Presidente de la Generalitat y la consellera de Justicia para 2017-2021.
“Han recortado de manera escandalosa las estimaciones y los proyectos previstos, de manera que muchas de las obras pendientes de iniciarse aún no se han iniciado y su presupuesto ha caído hasta un 97%” ha denunciado. Además, ha criticado que las obras de la Ciudad de la Justicia de Alicante valoradas en 17,4 millones, deberían haberse iniciado a finales de 2019, “pero no lo van a hacer ni en 2019 ni en 2020, tanto es así que el presupuesto se ha reducido un 96,7% hasta los 500.000 euros”. La situación de los juzgados de Alzira "es igual de escandalosa",ha señalado el portavoz, quien ha manifestado que son unas obras que aún no se han iniciado y cuyo presupuesto se ha recortado un 96%.