Miguel Zaragoza y José Miguel Zaragoza cuando firmaron el convenio para la Oficina del Voluntariado.SANTA POLA. El calvario para el ex alcalde de Santa Pola y diputado provincial de Servicios Sociales, Miguel Zaragoza, y su hermano, José Miguel Zaragoza, jefe de la Policía Local, puede no haber acabado todavía. A las causas judiciales abiertas tras las investigaciones del Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Polícia Nacional, se puede sumar otra nueva si finalmente la Udef halla anomalías en la gestión de la Organización No Gubernamental Icnelia, de la que es presidente José Miguel Zaragoza, pero que recibió múltiples ayudas de varias administraciones, como el propio ayuntamiento santapolero presidido en su día por Miguel Zaragoza; la Diputación de Alicante, y el Servicio Valenciano de Empleo. La sospecha de los denunciantes, el actual equipo de gobierno de Santa Pola, es que puede haber anomalías en la justificación de las ayudas públicas que recibió la ONG y el pago de precios fuera de mercado.
Actualmente, Miguel Zaragoza está siendo investigado por el juzgado número dos de Elche por el alquiler de la clínica de Gran Alacant. Está acusado de supuesta prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho por un supuesto trato de favor a los gestores de Clínica Gran Alacant, quienes ocuparon durante 10 años locales municipales y no pagaron el correspondiente canon; en total, 109.000 euros. Y lo que se investiga es si a cambio, algunos familiares, como la hermana del ex primer edil, Pilar Zaragoza, cobró de la clínica sin ir a trabajar de manera continuada.
Por su parte, José Miguel Zaragoza, jefe de la Policía Local, suspendido de empleo y sueldo, está imputado por supuesta prevaricación, malversacón y estafa en la causa de los uniformes y tiene otra causa abierta por el caso de las horas extraordinarias cobradas como responsable de la Policía sin estar justificadas. Según la Udef, Zaragoza y la antigua cúpula de la Policía Local actuaban en connivencia con la empresa Almacenes Riera, que suministraba los uniformes a los agentes para evitar la licitación del contrato y que la adjudicación se hiciera directa y en contrato menor. En esta causa, hay 11 imputados, varios dirigentes de la empresa; cuatro agentes y dos ex concejales del PP.
La denuncia remitida a la Udef sobre Icnelia se basa en dos indicios: hay muchos gastos que están sin justificar y el precio desorbitado de determinados materiales con los que se hicieron los dos colegios que la ONG construyó en Nicaragua, donde tenía sus proyectos. A ello se suma el excesivo de llamadas de teléfono a países del exterior que hacían tanto el jefe de la Policía Local, presidente de Icnelia, como Iván Martínez, también agente de la Policía Local, y tesorero de la ONG. También era colaborador de la organización José Juan López, que en su día fue jefe de prensa del Ayuntamiento de Santa Pola.
Además de las subvenciones recibidas, por parte del Ayuntamiento de Santa Pola y el Servef, principalmente, la ONG también se nutría de muchos donativos de empresas y eventos solidarios que se realizaban. Y lo que hizo saltar las alarmas el elevado precio de algunos de los materiales con los que se construyeron los dos colegios que Icnelia hizo en Nicaragua: la escuela de Primaria Mari Carmen en la comunidad El Progreso y la escuela Virgen de Loreto de Santa Pola en el Jabillo. Sobre todo, el precio que se pagó por la madera para la construcción de los colegios, a un precio superior al de España. Y a pesar todo el dinero recaudado en eventos y aportaciones de empresas y colectivos, parte de los proyectos fueron financiados con fondos de la Embajada de Japón en Nicaragua, como la construcción de un pozo de agua potable.
En algunos casos, algunas subvenciones no se pudieron justificar al 100%, como sucedió con la ayuda que le otorgó el consistorio en 2008 de 32.000 euros para el Mejoramiento del estado nutricional de menores de 12 años de Bluefields de Nicaragua, de la que finalmente sólo se pagaron 19.200 euros, el 60%, en 2014, casi seis después de haber presentado el proyecto inicial. La Diputación de Alicante también aportó 1.800 euros para la impresión de folletos de este proyecto.
Al margen de las aportaciones que hizo el Ayuntamiento de Santa Pola y de las campañas de recaudación, la ONG logró dos subvenciones del Servef, de 25.000 y 29.000 euros, respectivamente, para la creación de la Oficina del Voluntariado, a través de la cual se contrató personal para campañas de sensibilización a los alumnos de Primaria y Secundaria de Sana Pola. Asimismo, utilizando la estructura de la Agencia Local de Desarrollo, y su plataforma online, también se suscribió un convenio con la Fundación Salud Infantil de Elche para ofrecer formación online sobre atención temprana a niños con discapacidad a los profesionales y voluntarios de la Asociación Los Pipitos de Nicaragua.
Toda esta documentación se ha remitido a la Udef, así como los gastos desorbitados de teléfono de José Miguel López, con el objetivo de que sea investigados, como en su día se hizo con las supuestas irregularidades en los uniformes de la Policía Local, las horas extraordinarias, la clínica Gran Alacant y las anomalías urbanísticas en el colegio Hispanidad, tras el derrumbe que causó varios heridos.
Curiosamente, la ONG no refleja su actividad en sus redes sociales desde julio de 2017, cuando se produjo la detención y posterior imputación de José Miguel Zaragoza. Desde entonces, se desconoce los avances en su labor.
