Ximo Puig y Gabriela Bravo, con los jueces de Alicante, en una visita a las actuales instalaciones judiciales.ALICANTE. El gran proyecto de la Conselleria de Justicia y Reformas Democráticas de la Generalitat Valenciana en Alicante, la Ciudad de la Justicia en el barrio de Benalúa, tendrá que esperar otro año. De momento, sólo contempla una inversión de 880.000 euros. La razón no es otra que los problemas burocráticos en los que se ha visto envuelto el proyecto: el pliego de condiciones para adjudicar la redacción de la obra fue impugnado por el Colegio de Arquitectos y eso ha retrasado, en demasía, la resolución del problema. Una vez adjudicado el diseño, se deberá convocar el concurso de la obra. Y todo hace indicar, a tenor de lo que dice el Presupuesto de la Generalitat Valenciana de 2019, que ya será en 2020, cuando las cuentas han derivado 17 millones de euros; los otros 17 millones serían para 2021. En total, 35 millones, que es el coste estimado del edificio.
Del resto de inversiones en la provincia de Alicante, destacan los 1,6 millones que se destinarán a las instalaciones de Elche para la mejora del equipamiento; un millón para la reforma del edificio judicial de Torrevieja; 600.000 euros en La Vila, y la habilitación de una nave archivo en Alicante, por valor de 500.000 euros.
Tampoco en València parecen ir rápidas las cosas. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, anunció en julio que la reforma de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) costará 25 millones de euros en cinco años. Sin embargo, el coste total será de 30 millones, contando el alquiler de la sede provisional y su remodelación. Además, la obra puede tardar más, pues no parece que en 2019 vaya a avanzar mucho, ya que el presupuesto consignado para el año que viene en el proyecto aprobado este miércoles por el Consell es de solo 500.000 euros.
"El año que viene hay que redactar el proyecto, que pertenece a Patrimonio, y puede tardar hasta 9 meses, incluso más, por la singularidad de edificio, que es BIC" (bien de interés cultural), justificaron este miércoles desde la Conselleria de Justicia. "Por eso se deja un remanente de medio millón de euros, para el proyecto y algo de obra", añadieron. Para 2020 y 2021 se ha presupuestado una inversión de 6 millones cada año.
La licitación para la redacción de proyecto y dirección de las obras fue declarada desierta el pasado mes de julio, al no cumplir los requisitos ninguna de las ofertas presentadas. La sede del TSJCV es un edificio del siglo XVIII que cuenta con una superficie de 14.000 metros cuadrados.
En cuanto al gasto por el alquiler de la sede provisional de Historiador Chabás, en el primer trimestre de 2019 se trasladarán allí, aunque el alquiler se paga desde septiembre, según la Conselleria. Son 25.000 euros anuales, 300.000 al año, 1,5 millones en los cinco años de obras. A ello hay que añadir 1,3 millones por las obras de reforma del edificio de Historiador Chabás. Una obra que no se factura hasta 2019 porque la Conselleria la ha incluido como una encomienda de gestión con Tragsa.
