ORIHUELA. La escuela de verano de Orihuela no entrará en funcionamiento hasta mediados de agosto. El equipo de gobierno no ha conseguido que el contrato este listo a principios de agosto, meta que se había marcado tras no llegar a tiempo para el mes de julio, cuando actualmente comienza a prestarse el servicio, destinado a que las familias puedan conciliar la vida laboral una vez finalizado el periodo escolar. Así, estará en funcionamiento apenas quince días, hasta finales de agosto.
El contrato se adjudicó el pasado 18 de julio. No obstante, tal y como explica el concejal de Educación, Vicente Pina, a Alicante Plaza, "tienen que pasar 15 días hábiles" hasta que se pueda formalizar y comenzar a funcionar. Una fecha que se cumple el próximo 8 de agosto. Así, los escolares no podrán disfrutar del servicio hasta, como mínimo, la segunda semana de agosto. "Hemos hecho todo lo que hemos podido para poder llegara. tiempo. Cuando llegué el expediente estaba iniciado pero no se había licitado. Y los plazos de la administración son los que son y no hemos podido ir más rápido", añade.
El equipo de gobierno señaló en una comparecencia con todos los concejales que sirvió para hacer balance de cada una de las áreas, a principios de julio. Ya en esa fecha señalaron que iban a tratar de salvar el mes de agosto, cosa que finalmente ha sucedido a medias. Desde las filas populares lamentan que no se hubiera dejado hecho por parte del anterior equipo de gobierno.
El contrato de las escuelas de verano ha sido adjudicado a Paloma Ferrer Muñoz, la mejor valorada de las tres empresas presentadas. El coste ascenderá a 96.850 euros.El precio por plaza será de 149,00 euros al mes y el número total de plazas ofertadas será de 650 plazas. El programa se financiará de la siguiente forma: hasta 150 plazas, previstas para casos susceptibles de ser bonificados, a propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales, el Ayuntamiento podrá financiar hasta el 100% del precio unitario. En las 500 plazas restantes el Ayuntamiento financiará la diferencia entre el precio unitario que resulte de la adjudicación del servicio y la aportación familiar, fijada en 80 euros al mes, o equivalente, que las familias pagarán directamente a la empresa adjudicataria.
