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para los próximos tres años 

La Diputación de Alicante saca a licitación sus grandes contratos: limpieza y seguridad por 20 millones

20/06/2020 - 

ALICANTE. Dos de los grandes contratos de la Diputación de Alicante, la gestión del servicio de seguridad y vigilancia de instalaciones y la limpieza de edificios públicos, se resolverán en los próximos meses. Así lo ha acordado la institución en una comisión celebrada este viernes, en la que se ha dado luz verde a las licitaciones de los dos contratos, que tendrán una duración de cuatro años. La gran novedad es que en el caso del contrato de la limpieza de edificios públicos, hay tres lotes, uno de ellos, compuesto por las instalaciones estrictamente sanitarias- Hogar Provincial o centro de salud mental Doctor Esquerdo, con el objetivo de que si hubiera traspaso de las competencias impropias y su gestión fuera asumida por la Generalitat -como reclama el actual equipo de gobierno, el contrato no afectaría al resto de instalaciones: el adjudicatario sería asumido por la administración autonómica.

En el caso de la seguridad y la vigilancia en centros y eventos de la Diputación Provincial de Alicante y otras entidades, la adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto con valoración de las proposiciones y determinación de la mejor oferta mediante varios criterios de adjudicación. Parte con una presupuesto base de licitación de 9.192.931,44 euros, con el IVA incluido y el objetivo es que el contrato se inicie en 2021 y tenga una duración de tres ejercicios. El contrato es global, para todas las entidades y organismos de la institución, pero después cada uno debe respaldar la decisión del órgano de contratación y la reserva de crédito establecida en el procedimiento. La prestación del servicio comprende el Palacio Provincial, el ADDA, el Marq, la Casa Bardín y la sede del Instituto Pedro Herrero, cuyos organismos son los que deben posteriormente autorizar el crédito necesario para asumir el gasto presupuestado.

La limpieza de edificios se divide en tres lotes

Al igual que el contrato de vigilancia y seguridad, el contrato de la Diputación para limpieza de dependencias públicas se resolverá mediante procedimiento abierto con valoración de las proposiciones y determinación de la mejor oferta mediante varios criterios de adjudicación. La contratación aprobada se acomete mediante el sistema de cooperación horizontal, por lo que el procedimiento se desarrollará en su totalidad de forma conjunta en nombre y por cuenta de todas estas entidades, aunque la Diputación asume la posición de administración única. No obstante, la principal novedad es que el contrato se divide en tres lotes. El primero incluye a los centros no sanitarios (Palacio Provincial y adyacentes); el segundo, los centros sanitarios (Hogar Provincial y Doctor Esquerdo), y el tercero, dependencias de organismos autónomos, como el ADDA, el Marq, la Agencia Provincial de la Energía; el Gil-Albert y el Instituto Pedro Herrero.

El contrato también tiene una vigencia de tres años, pero comienza este mismo 2020 hasta 2022. El precio base de licitación es de 9.697.132,81 euros.

Con esta nueva licitación, la Diputación de Alicante pretende regularizar la situación de este contrato, que se mantiene con prórrogas después de que el anterior concesionario, Ortiz e Hijos, acabara su periodo y decidiera no continuar. En principio, se sacó una licitación express por unos meses del ejercicio 2019, cuyo adjudicatario fue FCC. Posteriormente, ese contrató fue anulado a raíz de un recurso de Clece y se tuvo que volver a licitar, ya dividido por lotes. Entonces, FCC se hizo con el mayor 'bocado' del contrato, cerca de un millón de euros por la limpieza del Palacio Provincial y el resto de dependencias de la Diputación en la capital alicantina y otras poblaciones de la provincia (el Lote 1).

Los otros tres lotes -entonces se dividió en cuatro-, de importe mucho menor, se les adjudicó Vectalia. Se trataba del Lote 2, relativo a la limpieza del Marq; el Lote 3, limpieza del Adda; y el Lote 4, que comprendía el Instituto de la Familia, el Instituto Juan Gil-Albert y la Agencia Provincial de la Energía. En total, unos 140.000 euros por un año de trabajo. 

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