Caseta de ventas de Metrovacesa en su promoción de Benalúa Sur, en una imagen de archivoALICANTE. En 2019 las transacciones de vivienda en España daban muestra de frenarse de forma casi generalizada. La cifra de operaciones ha seguido siendo significativa, con 501.600 compraventas, de las que el 15 por ciento, unas 75.000, se realizaron en la Comunidad Valenciana; sin embargo, el crecimiento que desde 2014 se daba, año a año, se detiene en 2019 y las cifras son ligeramente inferiores a las del año anterior, 518.000 en España y 78.775 en Comunidad Valenciana. Están lejos de las casi 111.000 que se vendieron en 2007, pero son importantes, y aunque caiga algo, mantener un volumen de ventas anual en el entorno de las 75.000 viviendas no es una señal de debilidad del sector.
Por provincias, hay caídas en las tres, aunque en Castellón es prácticamente igual en 2019, 8.642 viviendas, a las del año anterior, con una reducción en ventas de 1.181 viviendas en Valencia y de 2.548 en Alicante, caídas en el entorno del 3,5 y 6,5 por ciento, respectivamente. La proyección que se presenta para 2020 se hace sin tener en cuenta los efectos de esta crisis; hemos tomado la tendencia de los dos años anterior, donde pesa la ralentización de 2019, y muestra para 2020 unas ventas totales de 71.079, quedando Castellón prácticamente igual que el año pasado, y caídas de unas 1.000 compraventas en Valencia, y 2.500 en Alicante. Pero estos datos serán inferiores, dadas las circunstancias sobrevenidas.
Si comparamos trimestre a trimestre, vemos que en el primer trimestre de 2019 se mantienen prácticamente igual las compraventas en Comunidad Valenciana –las comparaciones son con el mismo trimestre del año anterior-; sin embargo, en el segundo trimestre bajan y en el tercero también, aunque en el último se recuperan. La interpretación es que el año empieza relativamente bien, se frena dos trimestres por un motivo que en principio se atribuye al paréntesis que abre la nueva legislación hipotecaria, y la pequeña recuperación del último trimestre no es suficiente para que en el conjunto del año las compraventas superen a las del año anterior, y hay 3.848 compraventas menos, que representan casi un 5 por ciento. La información detallada puede verse en el siguiente enlace.
Entrando en el detalle mensual, 2019 empezó fuerte en la Comunidad Valenciana con 7.256 viviendas vendidas en enero; por meses, de menos a más fueron, en este orden, diciembre (5.228 viviendas), agosto (5.365), abril (5.782), octubre (5.878), marzo (5.920), septiembre (5.939), noviembre (5.996), junio (6.252), febrero (6.446), julio (7.192), y mayo (7613). La idea de que hubo un freno por la legislación hipotecaria no se aprecia a la vista de esta evolución, que no sigue una tendencia; si acaso, vemos que las ventas de septiembre a noviembre son muy similares cada mes, y que el mercado estuvo animado en tres meses consecutivos: mayo, junio y julio. En suma, estábamos ante un mercado que, con las diferencias espaciales señalada, no mostraba una debilidad mes a mes, aunque al ver el total anual comprobamos esa reducción, que decíamos antes.
Sobre el efecto de la crisis sanitaria actual, podemos decir que en el mes de enero de este año se vendieron en la Comunidad Valenciana 6.485 viviendas, que es un buen dato, pues aunque inferior al mismo mes del año anterior, no se despega de las cifras que hemos visto; sin embargo, desde finales de febrero, del que no hay datos, la actividad está en suspenso. En marzo y abril pueden dejar de venderse en total unas 10.000 viviendas, y la recuperación de las ventas dependerá de la normalización de la actividad económica y del daño que sufra la economía; no obstante, comprar una vivienda es una decisión para un plazo muy largo, y la situación actual no puede ni de lejos compararse con la de 2007 -con una oferta, demanda, endeudamiento y precios disparados¬-, por lo que es de esperar que en 2020 las compraventas se vean afectadas, pero recuperándose a finales del año y principios de 2021.
Hay preocupación en el sector inmobiliario y de la construcción por las consecuencias de interrumpirla actividad, lo cual no era obligatorio según la normativa inicial sobre el estado de alerta, pero sí lo es desde hace una semana. La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructura ha pedido que se remedie la falta de liquidez, y reclama que los contratos públicos se amplíen automáticamente en un 15 por ciento del plazo. Subrayan el impacto del sector de la construcción e infraestructuras que casi duplica en valor añadido lo que invierte, e importa sólo el 9 por ciento, con lo que tiene un efecto arrastre muy fuerte sobre nuestra economía.
Aunque el gobierno ha optado por restringir la actividad económica a los sectores imprescindibles, la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco) estaba en contra de paralizar las obras, por la cadena de efectos que tiene, entre los que están los compromisos de suministros de material. Cepco se compromete a garantizar el nivel de producción para proveer a la obra normal y las contingencias que requiera la administración pública. También la Confederación de Empresarios de Andalucía había abogado por la continuidad de la actividad de los sectores que, aun no siendo esenciales, no están obligados a frenar su actividad. Este es uno de los dilemas de la crisis sanitaria, en sectores donde el riesgo se considera bajo, pero al final se ha optado por un cierre total en la confianza de que así se podrá emprender antes la actividad a pleno rendimiento.
