ALICANTE. La auditoría elaborada por la Intervención de la Generalitat Valenciana sobre las cuentas de la Universidad de Alicante de 2019 ha detectado "errores y omisiones de información" sobre la gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración; en el número de empleados que tiene el campus, y en los activos financieros.
Es la conclusión a la que llega la auditoría realizada por la Intervención de la Generalitat en colaboración con la firma Mazars Auditores, S.L.P. En concreto, esos errores y omisiones de información se detallan en varios puntos. Por ejemplo, en el apartado "Organización y actividad”, según los auditores, "no se informa sobre el número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre (2019), tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos. En el área, “Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración”, no se informa sobre los convenios vigentes, su objeto, plazo ni sobre el importe de las transferencias o subvenciones comprometidas durante la vida del convenio.
En el caso de “Activos financieros”, según la Intervención de la Generalitat, figuran, por error, importes cero en las casillas correspondientes a la categoría de “créditos y partidas a cobrar” de la cartera de “otras inversiones” de 2019, cuando debieran figurar 32,9 y 101,9 millones de euros, a corto y largo plazo, respectivamente. Tampoco se desglosa, según el informe, sobre el hecho de que "la Universidad recibirá desde 2020 hasta 2022, derivados de la modificación, formalizada el 30 de diciembre de 2014, del Convenio de 29 de mayo de 2008 suscrito con la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, 46,2 millones de euros para la financiación de gasto corriente".
"Hasta 31 de diciembre de 2018 no había sido contabilizado como activo por la Universidad el importe de 43 millones de euros surgido con la firma del convenio de 2014, debido a que en el convenio de modificación no se especifica a qué obedece este importe". Sin embargo, -añade la referencia- "a 31 de diciembre de 2019, la Universidad de Alicante ha decidido contabilizar en su activo estos 43 millones de euros -(32,9 en el epígrafe de inversiones financieras a largo plazo y 10,1 en el de deudas y otras cuentas a cobrar a corto plazo) con el apunte al epígrafe de Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputar a resultados en el patrimonio neto- sin que consten en la memoria explicados los motivos que justifican este cambio de criterio"
Tampoco consta desglose -sigue el informe auditor- de información acerca de la valoración inicial de este activo por su nominal, en lugar de por su valor razonable ‐el valor actual de los flujos de efectivo a cobrar aplicando la tasa de interés de la Deuda del Estado vigente en cada plazo‐, por considerar que el efecto de la no actualización, globalmente considerado, es poco significativo en las cuentas anuales de la entidad.
"No se desglosa información sobre la confirmación de saldos con la Generalitat Valenciana, que ha reconocido en su presupuesto de 2019 la obligación correspondiente a la anualidad del citado convenio con vencimiento en 2020, por importe de 13,3 millones de euros". Según los autores de la auditoría, la Universidad de Alicante ha confirmado que "no ha habido ninguna novación del citado convenio por lo que reconocerá el correspondiente derecho en su presupuesto de 2020.
En el epígrafe “Valores recibidos en depósito”, según la Intervención de la Generalitat, la Universidad de Alicante no informa sobre las fianzas, avales o garantías recibidas de los adjudicatarios de contratos formalizados.
Y por último, en el cuadro resumen de las actividades con gastos financiados agrupados por fuentes, "no consta el importe del gasto presupuestario pendiente de realizar hasta la culminación de la ejecución de la unidad de gasto de cada una de las fuentes de financiación afectadas", detalla la Intervención.
La auditoría pone de relieve algo que denuncian todas las universidades públicas todos los años. Es más recientemente, los cinco campus de la Comunitat así lo reclamaron en un documento conjunto. Y en este caso concreto, desvela que "la Universidad de Alicante tiene una fuerte dependencia financiera de la Generalitat Valenciana". Y como muestra, relata que en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019 el campus de San Vicente ha reconocido derechos netos por importe de 159,5 millones de euros procedentes de la Generalitat Valenciana (el 75,1% del total de derechos reconocidos netos de 2019). A 31 de diciembre de 2019 en el balance de la Universidad figuran 120,3 millones de euros pendientes de cobro de la Generalitat Valenciana, de los que 87,4 millones tienen vencimiento a corto plazo (el 69,4% del activo corriente total), según el informe de la Intervención.
Esta sería la gran salvedad, junto a los hechos descritos inicialmente, sobre omisiones de información y errores que describe el estudio. Pero pese a ello, la intervención considera que las cuentas anuales "expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2019". Hay que recordar que la propia UA presentó alegaciones, pero fueron desestimadas.
