MURCIA (EFE). La Audiencia Provincial de Murcia ha anulado, por falta de motivación, el auto del 23 de enero de 2019 por el que el juzgado de instrucción número 9 acordó abrir la fase intermedia del procedimiento abreviado contra medio centenar de investigados en el conocido por caso 'César', de presunto fraude en el tramo del AVE comprendido entre Crevillente (Alicante) y Murcia.
La resolución, que en la práctica enviaba a juicio a los investigados y a varias empresas constructoras, queda sin efecto al considerar el tribunal de la Audiencia que la misma ni concreta los hechos presuntamente punibles ni precisa la actuación supuestamente delictiva cometida por cada uno de ellos.
El auto, al que ha tenido acceso Efe, deja en manos de la titular del juzgado dictar otra resolución que cumpla con las exigencias legales de motivación y con los demás requisitos previstos igualmente en la norma o acordar el sobreseimiento del caso.
Y añade que la Sala no puede acordar esta última medida directamente, como le habían pedido varios de los investigados, porque, señala, resulta incongruente solicitar la nulidad de actuaciones por falta de motivación y a continuación efectuar una argumentación sobre la falta de indicios incriminatorios. También, señala, porque esa decisión corresponde al juzgado de instrucción en virtud de la retroacción de actuaciones que la nulidad conlleva.
El auto estima en su integridad el recurso presentado por el fiscal, al que se adhirió la Abogacía del Estado, y el que el letrado murciano Raúl Pardo-Geijo Ruiz presentó en nombre de uno de los investigados.
De forma parcial estima el resto de recursos, excepto el presentado por uno de los investigados, aunque apunta la Sala que podría beneficiarse también de la repercusión que pueda tener en él la decisión tomada de decretar la nulidad del auto. El tribunal de la Audiencia revoca no solo el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, sino otros dos dictados al mes siguiente y que rechazaron los recursos de reforma presentados por varios de los inculpados.
El caso César fue incoado en 2015 a raíz de la denuncia presentada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que expuso que en torno a las obras del AVE promovidas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) podía haberse producido un fraude millonario.
La investigación, seguida por los presuntos delitos de estafa, falsedad, fraude y malversación de caudales públicos, entre otros, apuntaba a que los hechos fueron cometidos con la emisión de facturas presuntamente falsas o infladas por las obras de reposición de las redes de regadío afectadas por el proyecto.
Entre los investigados figuran antiguos responsables del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante), de la comunidad de regantes alicantina San Felipe Neri y responsables de las obras por parte de Adif y de las empresas adjudicatarias de los trabajos.
