Amorós y López Abad, en una imagen de archivoALICANTE. Fin de trayecto para el penúltimo lance penal derivado de la quiebra de la antigua CAM, comprada por el Banco Sabadell. La Audiencia Nacional ha archivado el caso de las preferentes, tras suspender la vista que iba a comenzar la pasada semana por la retirada de las acusaciones particulares. Dado que el fiscal tampoco acusa porque se considera que no hay perjudicados, la Sala ha decidido sobreseer la pieza separada. La asociación Adicae pretendía mantenerse en solitario como acusación popular, pero el tribunal considera que carece de legitimación para mantener la demanda contra los ex directores generales Dolores Amorós y Roberto López Abad.
De esta forma, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha acordado el sobreseimiento libre y archivo de la pieza separada por la venta de participaciones preferentes y deuda subordinada de la extinta caja alicantina, al haberse retirado las acusaciones particulares al inicio del juicio el pasado día 4. El Tribunal concluye que la acusación popular ejercida por Adicae carece de legitimación para dirigirse contra los acusados por los supuestos delitos continuado de estafa agravada, continuado de publicidad engañosa y continuado de maquinación para alterar el precio de las cosas.
En el auto de sobreseimiento, los magistrados analizan la doctrina jurisprudencial consolidada del Tribunal Supremo en materia de legitimación de las acusaciones populares cuando no existe acusación del Ministerio Fiscal ni de la acusación particular, y considera que no hay margen de actuación a la pretendida acusación solitaria de Adicae pues los intereses públicos y particulares reunidos en el procedimiento "han manifestado su tajante voluntad de retirada".
La Sala, en el auto con ponencia de Juan Francisco Martel, considera relevante destacar que los delitos que provisionalmente se han venido atribuyendo a los acusados no protegen bienes jurídicos difusos, colectivos, ni metaindividuales, cuya defensa no hubiera sido susceptible de ser monopolizada por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares. Añade que la doble y convergente petición de tales acusaciones pública y particulares implican "un posicionamiento de cierre a cualquier otra pretensión penal, ante la irrelevancia criminal de los hechos".
Así pues, el enjuiciamiento de posible delitos de carácter eminentemente patrimonial queda cerrada para la asociación Adicae como acusación popular. El juez recuerda que ante la inconsistencia penal de los hechos investigados queda el marco administrativo sancionador, propio de órganos no judiciales inicialmente, cuya suspensión se alzará una vez sea firme esta resolución.
El juicio se aplazó 'sine die' en la primera jornada de la vista, que se iba a desarrollar durante todo el mes de julio, después de que las acusaciones particulares se retirasen y solicitasen el sobreseimiento, ya que la Fiscalía no ejercía acusación. El Ministerio Fiscal solicitó, al igual que el resto de acusaciones con excepción de Adicae, que se aplicase la denominada "doctrina Botín" y se archivase la causa. También las defensas, el Banco Sabadell (responsable subsidiario) y la aseguradora Caser pidieron el sobreseimiento.
La fiscal Ana Cuenca argumentó en dicha vista que al quedar únicamente una acusación popular -Adicae-, y puesto que los afectados por la venta de preferentes han recuperado su inversión, "no hay perjudicados", por lo que dicha acusación popular "no está legitimada", y debía aplicarse la "doctrina Botín" y sobreseer.
