La Audiencia aplaza el juicio sobre el fraude de la basura de Calp de 'Brugal' a petición de las defensas

ALICANTE. El inicio del juicio sobre el supuesto fraude en el servicio de tratamiento de residuos del municipio de Calp, investigado en una de las más de 20 piezas separadas del llamado caso Brugal, ha quedado suspendido este jueves en la Audiencia de Alicante, después de que el conjunto de los abogados de las defensas hayan reclamado el aplazamiento con el argumento de que en la sala prevista para su celebración no se cumplían las medidas de distancia y aforo requeridas para evitar contagios por coronavirus y que, además, no disponían de las condiciones necesarias para poder desarrollar su labor de representación legal. En concreto, se han referido a los problemas que suponía para el ejercicio de su labor el hecho de no disponer de mesas en las que poder organizar su documentación, entre otros elementos.

En esta línea, el tribunal de la Sección Segunda ha acordado estimar la petición, planteada como cuestión previa en el inicio de la vista, y ha suspendido el desarrollo de la sesión para volver a convocarla el próximo 16 de febrero, la fecha en la que ya estaba previsto que continuase el juicio. El tribunal ha sostenido que se trataría de buscar una solución a los problemas apuntados por las defensas, sin aportar una fundación ni referirse en concreto a cuál de los dos motivos alegados por los letrados defensores se había decidido estimar para acordar el aplazamiento: las medidas sanitarias o la ausencia de condiciones para desarrollar su labor.

La decisión se ha acordado después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Calp, se hayan solidarizado con la solicitud de las defensas por lo que respecta a la ausencia de condiciones necesarias para poder desarrollar su trabajo. Eso sí, las dos acusaciones han sostenido que entendían que sí se cumplían las condiciones sanitarias requeridas para la celebración del juicio, en la medida en que sí se respetaba el límite de aforo fijado en base a criterios técnicos para la sala en cuestión, por parte de la Conselleria de Justicia. En base a esos criterios, la sala -en la que se celebran habitualmente los juicios con jurado- dispone de aforo autorizado para 33 personas. En principio, entre los acusados, sus letrados, los representantes de la Fiscalía, los abogados de la acusación particular, el tribunal y los asistentes judiciales, se habrían alcanzado las 25 personas.

La Fiscalía sostiene que los políticos del PP pactaron con los representantes de Colsur el pago de comisiones a cambio de la adjudicación del servicio

El aplazamiento de este jueves es el segundo que se produce en relación al proceso, después del que se tuvo que acordar en abril de 2020, en pleno confinamiento domiciliario. En la causa se juzga al exalcalde de Calp, el popular Javier Morató, y dos de sus exconcejales Fernando Penella y Juan Roselló, además de dos de sus familiares, un funcionario municipal y los empresarios de la mercantil Colsur SL Ángel Fenoll y su hijo, Antonio Ángel Fenoll.

La Fiscalía sostiene que los políticos pactaron con los representantes de Colsur, que asumía el servicio de recogida de la basura desde 1998, el pago de comisiones a cambio de esa adjudicación en entregas que se hicieron efectivas durante los siguientes años. En concreto, siempre según el escrito de conclusiones provisionales de la acusación pública, el entonces alcalde y los dos tenientes de alcalde se repartieron 100 millones de las antiguas pesetas (600.000 euros), mientras que otros 20 millones de pesetas (120.000 euros) fueron destinados al club de fútbol local y 4 millones (24.000 euros) a un intermediario.

Según la acusación pública, Fenoll incrementó supuestamente de forma fraudulenta el número de toneladas de basura tratadas en el municipio para hacer frente a esos pagos con el conocimiento de los cargos públicos. La Fiscalía cifra en 11.983.904 euros la cuantía que la mercantil adjudicataria intentó defraudar a las arcas municipales y en 4.285.998 el perjuicio efectivo ocasionado al consistorio.

Así, solicita inicialmente penas que oscilan entre los dos y los 14 años de prisión para los acusados por delitos continuados de cohecho, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales.