Agustín Navarro, concejal del PSPV, ex alcalde y diputado provincial, en una visita a los juzgados.ALICANTE (EFE/EP). Varios juzgados de Madrid, Gandia y Benidorm investigan la supuesta financiación ilegal del PSPV-PSOE y del Bloc Nacionalista Valencià entre los años 2007 y 2011, concretamente posibles delitos de falsedad, prevaricación, malversación y delito electoral.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia abrió en diciembre de 2016 una causa tras recibir un informe del Cuerpo Nacional de Policía sobre una supuesta financiación ilegal de ambos partidos en el citado período.
Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, ese juzgado -encargado de otras causas como el accidente del metro de 2006, el caso Cooperación y el caso IVAM- se declaró, el pasado mes de enero, no competente para proseguir con la investigación. El juzgado tomó esa decisión tras quedar descartado que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia.
La instructora se inhibió entonces en favor de los juzgados de Gandía, Benidorm y Madrid, donde prosigue la investigación de los hechos denunciados.
La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha anunciado este miércoles que se el partido se personará "en breve" en la causa sobre posible financiación ilegal del PSPV y del Bloc -miembro de la coalición Compromís-, iniciada a raíz de una documentación que a su partido le llegó en 2016 de forma anónima y trasladó a la Policía.
Según publica este miércoles El Mundo, la investigación partió tras aportar el PPCV documentación, facturas y correos electrónicos entre empresarios valencianos, dirigentes del Bloc y del PSPV relacionada con el pago de facturas por trabajos electorales a los dos partidos en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, en las que el candidato socialista a la Generalitat era su secretario general, Joan Ignasi Pla, y Enric Morera, actual presidente de Les Corts Valencianes, era el líder del Bloc.
Explica que una empresa de comunicación, la sociedad Crespo Gomar -que tuvo como presidente a Alberto Gomar, el hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia- facturó servicios al PSPV de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas.
En lo que respecta al Bloc, la documentación en poder de la Policía incluye un documento con la referencia 'estados de cuentas de Bloc', según la misma información. La documentación la almacenaba Crespo Gomar e incluye una tabla con conceptos, importes de facturas y un estadillo en el que se repite la palabra 'concepto' con una serie de empresas. La investigación busca determinar si estas empresas fueron las que asumieron las facturas de la campaña del Bloc en 2007 y conocer el por qué aparecen en su cuenta.
Según la misma información, la documentación que ha motivado la investigación apunta a varios ministerios del Gobierno de España mientras José Luis Rodríguez Zapatero era el presidente. De ahí saldría la inhibición de una parte de la investigación a un órgano judicial de Madrid.
