Justicia y calidad democrática 

La democracia española se basa en la Constitución de 1978, que es la norma que nos ha traído hasta el lugar que ocupamos actualmente en el panorama mundial y, muy especialmente, en Europa. En un mundo cada vez más globalizado, hemos entregado casi todo el poder a las grandes corporaciones, a las entidades bancarias y a los tecnócratas, como dijo brillantemente el pasado viernes Dani Rodrick, economista y nuevo premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2020, en su discurso de agradecimiento. Para el economista, “la verdadera cuestión a la que nos enfrentamos no es la de más o menos globalización, si deberíamos estar a favor o en contra de la globalización, sino a quiénes se debería tener en cuenta mientras definimos quiénes conforman ese nosotros”. 

En la globalización está comprometida la cesión de parte de nuestra soberanía a la UE, puesto que necesitamos de su apoyo económico para poder salir del agujero al que estamos cayendo, como consecuencia de la pandemia y de la manera de gestionarla por parte del Gobierno. En este sentido, las funestas previsiones del FMI para nuestro país dicen que España está entre las peores economías avanzadas, y prevé una caída del 12’8% del PIB español. De hecho, todas las previsiones de nuestro Ejecutivo han sido desautorizadas por la institución que capitanea Kristalina Georgieva. Menos mal que quedan solo dos meses y medio para que termine este añito, porque con el repunte de la Covid-19 no sabemos ya a qué cifras podríamos llegar.

Nos hallamos inmersos en una situación enormemente compleja. Por ello sorprende que nuestro Gobierno, en lugar de poner toda su energía en combatir el coronavirus y tratar de salvarnos del hundimiento económico, se dedique a otras cosas aparentemente secundarias. A tramas de pura política, tratando de reventar el sistema de división de poderes diseñado por Montesquieu. 

El filósofo francés decía que “se le llama poder judicial, no porque juzga según la ley y hace ejecutar lo juzgado, eso no sería poder sino facultad, sino porque se le supone a la judicatura tener un poder de resistencia a las injerencias del poder ejecutivo o el legislativo en la propia función jurisdiccional. Lo cual presupone la necesidad de una corporación judicial independiente”. La reforma del CGPJ, que ahora planea nuestro Ejecutivo, está siendo vista con recelo y preocupación por parte de miembros del propio Consejo, por otros partidos políticos de nuestro país e incluso por la Unión Europea. Siete vocales del CGPJ, considerando que el proyecto de reforma es contrario a la Constitución, solicitaron esta semana un pleno extraordinario para analizar la reforma exprés que pretende el Ejecutivo. Tal vez al final dicha reforma no se lleve a cabo, visto que los amos del dinero en Europa, los que nos tienen que dar los fondos de rescate, han enseñado los dientes a nuestro Gobierno, al reclamarle que consulte con todos los actores relevantes antes de emprenderla, y haberle advertido de la preocupación ante el ataque a la separación de poderes. Separación que, seamos sinceros, a fecha actual es ya una entelequia. 

Recordemos que, en el dictamen número 10 del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, se dice que: “Para mantener la independencia del sistema judicial, es esencial que la selección y la promoción de los jueces sean efectuadas de modo independiente, fuera de la competencia del poder legislativo o ejecutivo, y preferentemente por el Consejo de Justicia”. Hoy en día la selección de miembros del CGPJ no se realiza de modo independiente en España, pero lo que pretende la reforma es una mayor injerencia aún. Confiemos que en este aspecto la consabida globalización resulte, por una vez, de cierta ayuda. Que la UE salga en nuestro rescate democrático. Es evidente, al menos, que esta reforma no nos la van a colar por la puerta de atrás, puesto que ha sido alumbrada por luz y taquígrafos, parafraseando a Antonio Maura.

Podríamos discutir durante horas si nuestro sistema es perfecto, que obviamente dista mucho de serlo, pero no es momento de encarar determinados debates políticos, cuando tenemos tantos problemas acuciantes por resolver. Es sintomático el hecho en sí de la distancia existente entre el poder político y su distinta vara de medir las prioridades, en comparación con la de los ciudadanos y sus necesidades acuciantes, especialmente en una situación como la actual, de verdadera emergencia sanitaria y económica.

Necesitamos personas que gobiernen para las personas.