Foto: GVAVALÈNCIA. Los grupos parlamentarios del Botànic afrontan los últimos meses de la legislatura con una larga lista de tareas pendientes en sus agendas antes de las elecciones autonómicas. A la inmediata negociación de la Ley de Acompañamiento y la Ley de Presupuestos de 2023, se suman otras normas que PSPV, Compromís y Unides Podem pretenden sacar adelante, como la de Cambio Climático o la de Residuos, pero también deben renovar los integrantes de cuatro órganos prácticamente en su totalidad.
Uno de los primeros que el tripartito debería acometer, al menos por el retraso que acumula, sería el Consell de Transparencia. Sus consejeros llevan casi dos años en funciones -desde diciembre de 2020- sin que, de momento, nadie haya reparado en ellos. Y si lo han hecho, no han puesto solución a pesar de que varios de ellos han manifestado en diferentes ocasiones sus deseos de ser relevados en el órgano.
Actualmente, el Consejo de Transparencia está integrado por cinco miembros: Ricardo García Macho, a propuesta de Podem en la pasada legislatura, ocupa la presidencia; Carlos Flores, vocal a propuesta del PPCV, es Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia; Lorenzo Cotino también es vocal del órgano a propuesta de Ciudadanos; Sofía García Solís fue la candidata a vocal propuesta por Compromís en la legislatura pasada cuando Isabel Lifante abandonó el cargo; y Emilia Bolinches, a propuesta del PSPV, es la cuarta vocal del Consejo.
Con la reforma de la nueva Ley de Transparencia, los consejeros pasarán a ser tres. Por lo que el tripartito deberá elegir a tres candidatos que se sitúen al frente del órgano que tendrán dedicación exclusiva y gozarán de rango de director general. Al requerir una mayoría de tres quintos para salir adelante, habrán de buscar un pacto con la oposición, dado que PSPV, Compromís y Unides Podem suman apenas 52 diputados, mientras PPCV, Ciudadanos y Vox cuentan con 47 escaños. Cualquier candidato necesitará un apoyo de 60 votos para ser nombrado.
La siguiente renovación más inmediata sería la de la Sindicatura de Comptes. El mandato de todos sus miembros expiró en junio de este año. Vicent Cucarella ejerce de Síndic Major en funciones, mientras Marcela Miró y Antonio Mira Perceval son síndics de la entidad. Ninguno de los dos últimos puede mantenerse en la institución porque la ley actual lo impide después de que ambos hayan desempeñado sus responsabilidades 18 años en la Sindicatura. Cucarella, sin embargo, sí podría hacerlo pero no en el puesto que ocupa, sino como síndic.
Los partidos han comenzado las negociaciones para renovar los órganos que están en funciones precisamente por este órgano. Y la verdad es que los primeros pasos no han sido fructuosos, sino más bien al contrario: los tres partidos del Botànic quieren tener la potestad de ser quienes nombren al Síndic Major. Algo inviable y que ha bloqueado por completo cualquier avance en todos los sentidos. De hecho, esta situación ha frenado la renovación del resto de órganos.
En el reparto de nombramientos entre los partidos del Botànic que se realizó en la legislatura pasada, Compromís designó al Síndic Major, mientras los otros dos quedaron en manos de PSPV y PP. Como no ha habido ningún cambio al respecto en ese pacto, entienden que deben volver a nombrarlo ellos, pero quieren proponer a Cucarella. Pero si lo hicieran, no podrían situarle al frente del citado cargo, sino como síndic porque no puede repetir como máximo representante de la institución porque la ley se lo impide. Así, si así lo hicieran, la potestad para nombrar al máximo representante del órgano fiscalizador recaería sobre el PSPV.
Con estos cálculos, Compromís pidió a los socialistas que fueran ellos los que nombrasen a Cucarella como síndic para mantenerlo en el órgano y así ellos designar como Síndic Major a otro aspirante. De esta manera, facilitarían una transición dentro de la propia institución, pues si ninguno continuase la forma de trabajar en el órgano fiscalizador cambiaría por completo y es uno de los temores que existen en la propia Sindicatura de Comptes actualmente. Pero la propuesta no caló en sus socios, pues el grupo de Ana Barceló tiene en mente otro aspirante.
La ecuación, ahora después de verano, lejos de resolverse se ha complicado aún más. Según fuentes parlamentarias del Botànic, la síndica de Unides Podem ha reclamado que sea su grupo el que proponga un aspirante para suceder a Cucarella al frente del organismo. Una pretensión que ni PSPV ni Compromís están dispuestos a permitir.
El Consell Jurídic Consultiu (CJC) es otro órgano que debe renovarse en el último trimestre del año. El mandato de los tres consejeros que nombró el Consell caduca en octubre. Son Asunción Ventura, Faustino de Urquía y Margarita Soler, quien además es la presidenta del órgano.
El resto de miembros del Jurídic fueron nombrados casi un año después de los que designó el Gobierno valenciano, por lo que su mandato finalizaría un año después. Pero los grupos parlamentarios buscan hacer una renovación al completo de todos los candidatos para acompasar las renovaciones de ahora en adelante, según trasladan fuentes del Botànic a este diario.
Por el momento, el melón del CJC no se ha abierto porque la Sindicatura de Comptes lo ha eclipsado todo, pero cabe recordar que PSPV, Compromís y Unides Podem cambiaron la ley del órgano consultivo e introdujeron cuestiones que afectarán ahora a los miembros entrantes. Como principal cambio, el presidente del Jurídic ahora mismo deberá ser elegido por los propios consejeros y tendrá que conseguir salir adelante por mayoría absoluta. Si no lo hiciera, "se realizará una segunda votación entre las personas más votadas, donde saldrá elegida la persona que haya conseguido más votos". Y en caso de empate, "la presidencia será elegida mediante un sorteo entre las personas que hayan obtenido más apoyos en la primera votación". A partir de ahí, el president de la Generalitat será quien lo nombre.
Junto al resto de renovaciones, Les Corts también deberán zanjar la que afecta a varios miembros del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. En octubre caducará el mandato de José Martínez Sáez y María Lozano Estivalis, propuestos en la legislatura anterior por los grupos parlamentarios Ciudadanos y Podem respectivamente.
La ley de creación de À Punt especifica en su artículo 14.6 que el Consejo Rector debe "renovar parcialmente cada tres años, cinco y cuatro consejeros o consejeras, simultaneándose esta última renovación con la de la Presidencia". Teniendo en cuenta que el órgano se compuso en octubre de 2016 y se renovó a tres miembros en mayo de 2019 -repitieron Vicente Cutanda, Marc Pallarés, y se cambió a Rafa Xambó por Rosa Yagüe-, ahora en octubre deberá cambiarse a los dos consejeros que se mantienen en el órgano desde 2016.
En 2019 también caducó el mandato de Mar Iglesias, actual presidenta del ente, pero no pudo revalidarse su mandato porque ocupaba el puesto que le correspondía nombrar al Consejo del Audiovisual. Al no estar constituido el citado órgano en aquel momento -lo hizo en junio de 2021-, continuó en el ente de forma interina y hasta día de hoy ha continuado así. De hecho, ahora ocupa la presidencia desde la salida de Enrique Soriano.
