El edificio del hospital privado de Vistahermosa Norte, en proceso de construcción. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. La construcción del hospital privado en fase de ejecución en el sector APA/9 de Vistahermosa Norte de Alicante podrá continuar. Al menos, en la parte del proyecto amparada por la licencia municipal concedida en noviembre de 2022. En un auto fechado el 23 de diciembre, al que ha tenido acceso este diario, el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Alicante ampara la reanudación de sus obras tras atender la solicitud de medida cautelar cursada por la empresa constructora, MPT Alicante, en su recurso frente al decreto de paralización de los trabajos dictado por la Concejalía de Urbanismo el pasado mes de agosto.
El juzgado estima los argumentos de la mercantil recurrente y considera que las obras deben retomarse al quedar amparadas por el permiso municipal concedido, ya que, de lo contrario, se estaría incurriendo en "un perjuicio de imposible reparación" en su contra. Eso sí, esa decisión -contra la que cabe recurso por parte del Ayuntamiento- quedaría limitada a las condiciones de esa licencia, por lo que no podría reemprenderse la construcción de las dos plantas de más que se habrían comenzado a desarrollar en el edificio sin que estuviesen amparadas por ese permiso.
El auto viene a coincidir, así, con las pretensiones planteadas por la propia constructora en su recurso, en el que, según concreta el auto, "admite la suspensión acordada por la Administración en aquella parte de las obras no contempladas por la licencia, si bien, interesa que se adopte una medida cautelar de suspensión de la ejecución de la resolución recurrida durante la tramitación de este procedimiento con relación a las obras que sí están amparados por la licencia".
Ese exceso de alturas fue, de hecho, el que motivó el decreto de paralización dictado por el departamento municipal de Urbanismo, después de que un informe elaborado por los inspectores municipales, tras una visita de obra registrada el pasado mes de julio, certificase que se había comenzado a levantar esas dos elevaciones no previstas originariamente en el proyecto. La emisión de ese informe trascendió cuando se había convocado una sesión de la comisión informativa de Urbanismo para debatir una modificación urbanística que, precisamente, daba cabida a cambios en la ejecución del proyecto. De hecho, la comisión quedó suspendida, por lo que no llegó a adoptarse tal acuerdo.
En su lugar, el departamento de Urbanismo abrió expediente de infracción urbanística que desembocó en el decreto de suspensión temporal de las obras a la espera de que se resolviesen medidas a emprender como la posible imposición de sanciones o, en su caso, la obligación de restaurar la legalidad urbanística, lo que podría conllevar la demolición de las plantas no contempladas en la licencia. Ese expediente seguiría su curso, según apuntó este martes el vicealcalde y portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta Local.
La empresa constructora presentó recurso de reposición (ante el propio ayuntamiento) contra ese decreto municipal solicitando la reanudación de las obras sí previstas en la licencia concedida al considerar que debía aplicarse el principio de proporcionalidad. No obstante, el ayuntamiento respondió que no procedía la aplicación de dicho principio, por lo que se acabó ratificando la paralización total de los trabajos de edificación. A partir de ahí, la compañía elevó su petición a los juzgados, que ahora atienden su posición, a pesar de que el ayuntamiento había mantenido sus argumentos en contrario. Básicamente, que había sido "la propia demandante la que se ha colocado en una supuesta situación de ilegalidad al actuar al margen de la licencia que le ha sido concedida" y que, a su juicio, no cabía "aplicar el principio de proporcionalidad cuando se tramita un expediente de restauración de la legalidad urbanística".
Sin embargo, el juzgado distingue la petición cursada por la constructora con su recurso respecto a ese expediente al apuntar que "debemos tener en cuenta que en este procedimiento no nos encontramos ante un expediente de restauración de la legalidad urbanística, sino ante un recurso dirigido frente a una resolución que acuerda la inmediata paralización de las obras en fase de ejecución por no ajustarse a la licencia previamente otorgada". Así, añade que "dado que es posible diferenciar entre las actuaciones amparadas por la licencia y las que constituyen un exceso, procede adoptar la medida cautelar sólo con relación a las obras amparadas por la licencia. No así respecto al exceso de edificación que pretendía ejecutar la mercantil recurrente".
De este modo, el auto estima la solicitud de MPT Alicante y acuerda dejar sin efecto la "suspensión de la ejecución de la resolución recurrida, permitiendo seguir las obras que tienen licencia en vigor y no afectadas por el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística incoado el 12 de agosto de 2024".
Entre tanto, el expediente de infracción urbanística sigue en curso, dos meses después de que el alcalde, Luis Barcala, diese lectura de la tramitación seguida al comparecer ante el pleno a petición del grupo municipal del PSOE.
