ALICANTE. El histórico convenio de Alarcón, firmado en el embalse del mismo nombre por el entonces (2001) presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y el presidente de la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), Juan Antonio Delgado, ha vuelto a salir a la palestra esta semana. No porque los regantes alicantinos lo hayan invocado, legítimamente, para exigir que de una vez por todas se ponga en marcha el trasvase Júcar-Vinalopó (y no solo una venta puntual de agua), sino porque los usuarios del Júcar le han recordado a la Generalitat que, según dicho convenio, es el Gobierno autonómico quien debe afrontar la inversión de la modernización de regadíos en la zona.
Una carta firmada por el presidente de la Acequia Real del Júcar, Antonio Costa, a la que ha tenido acceso este diario, busca justificar la cesión de 6 hectómetros durante seis años (uno por año) a comunidades de regantes de Almería, una maniobra que finalmente paralizó el Ministerio. En su misiva, Costa defiende las bondades de la cesión, su escaso impacto en los recursos del Júcar, y principalmente, que los ingresos obtenidos (25 céntimos por metro cúbico) habrían permitido reducir el importe de las derramas que afrontan los regantes por la modernización de regadíos en el Júcar.
Unas derramas que han tenido que aprobarse pese a que, como recuerda Costa en la carta, "según el Convenio de Alarcón, [los costes de la modernización] deberían ser sufragados por la Generalitat Valenciana". No solo eso, las obras debían haberse terminado en 2009. Así, la carta exige al Consell "el cumplimiento de los acuerdos del Convenio de Alarcón que le obligan a otorgar las subvenciones necesarias para cubrir la parte de la inversión correspondiente a la Acequia Real del Júcar". Una exigencia cuanto menos llamativa, si se tiene en cuenta que el mismo convenio establecía que la modernización de regadíos en el Júcar pretendía precisamente generar ahorros con los que cubrir las necesidades del Vinalopó.
USUJ y la Acequia Real del Júcar, que vienen insistiendo en el acuerdo de 2001 desde hace meses (sin ir más lejos, en el debate sobre el envío de caudales a la Albufera de València), han puesto sobre la mesa de esta forma el que podría denominarse como 'el extraño caso del convenio de Alarcón'. Un convenio del que, según las circunstancias, se exige su cumplimiento (pagar las obras) o se obvian sus cláusulas (enviar el ahorro generado al Vinalopó).
Haciendo un poco de memoria, pues el documento (aún vigente) al que se refieren los regantes del Júcar tiene más de 20 años, conviene aclarar que el 23 de julio de 2001, en el embalse de Alarcón, se firmaron dos convenios, uno inmediatamente después del otro. Un acuerdo entre USUJ y el Ministerio de Medio Ambiente, entonces ocupado por el balear Jaume Matas, por el que los usuarios cedían al Estado el embalse, a cambio de las obras de modernización en alta y la exención de cánones y tarifas durante 65 años. Y otro entre USUJ y la Generalitat, que es el que se esgrime ahora, por el cual el Gobierno autonómico financiaba la modernización de regadíos para garantizar los caudales del trasvase.
Realmente, el acuerdo firmado por Zaplana y Delgado se refiere a "abastecimientos", pero esta condición solo es posible si se sustituye todo el regadío, que bebe de los mismos acuíferos sobreexplotados que las ciudades del Vinalopó. Obviamente, la calidad del agua en la desembocadura del Júcar, que es donde está la toma del trasvase (tras el cambio operado por Cristina Narbona en 2005) no permite destinar este agua, que recoge los retornos agrícolas e industriales de todo el cauce, al consumo humano. De forma que para garantizar el abastecimiento, es necesario sustituir el agua subterránea por agua trasvasada para el campo.
