El presidente de la asociación de afectados minutos antes del juicio. Fotos: RAFA MOLINAALCOY. Cuatro años y medio después de la tragedia de la residencia de personas mayores Domus Vi de Alcoy, en la que fallecieron 74 personas en el inicio de la pandemia por Covid-19, ha empezado el juicio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcoy por la demanda interpuesta por 46 familiares de 18 residentes, y se prolongará hasta el 11 de octubre, cuando tendrán lugar las conclusiones. En las ocho vistas han sido citadas 34 personas, de las que 11 son testigos demandantes, ochos testigos demandados de Quavitae (empresa gestora de Domus Vi), siete peritos demandados de Quavitae, tres peritos demandantes, un testigo demandado de Mapfre y cuatro peritos demandados de Mapfre.
Al Juzgado han acudido familiares de personas fallecidas en la residencia Domus Vi durante esos inicios de la pandemia, y el presidente de la asociación de familiares afectados, José Luis García, ha remarcado que “esperamos que salgan a la luz las circunstancias que concurrieron para llegar a semejante tragedia”. Junto a ello, ha agradecido la implicación de familiares, testigos, medios de comunicación, y ha confiado en “que este esfuerzo colectivo abra una vía de esperanza para familiares de residencias que siguen esperando respuesta a las miles de muertes durante la pandemia. Que sirva para que no se repita aquello que se pudo evitar”. Son conscientes de que vienen días duros, “porque vamos a recordar y a oír testimonios y leer documentos que nos van a producir mucho dolor”.
José Luis García ha inicido en que han demandado información que no han podido conseguir de otra manera, solo por la vía judicial, “y tenemos plena confianza con el trabajo hecho por los profesionales. Esperamos que salga a la luz todo lo que queremos saber y que haya una responsabilidad de lo que pueda salir”. Ha recordado que en un primer momento querían la vía penal para que se depuraran responsabilidades, si bien sus representantes legales les informaron que previsiblemente no sería admitida una demanda por la vía penal por las circunstancias de los hechos, al ser una pandemia mundial y una crisis sanitaria. “La vía penal nos llevaba a un largo proceso, de muchos años y no podíamos estar demasiado tiempo más sin cerrar este proceso, por lo que optamos por la vía civil y consideramos que fue un buen consejo, pues ya estamos en el Juzgado”. Al tratarse de una vía civil se solicita una indemnización global de unos dos millones de euros, que suponen la suma de las diferentes cantidades fijadas por los peritos y representantes legales para cada familia, en función de las circunstancias de cada persona y familia, y en base a unos informes.
Al respecto de la falta de información que no han podido tener por otra vía que no sea la judicial, se ha referido tanto a la opacidad de la gestora de las residencias como a las administraciones públicas competentes, citando a la Conselleria de Políticas Inclusivas y la de Sanidad, y refiriéndose a las Consellerias ha apuntado que “hay mucha documentación que se solicitó por parte de nuestros abogados que hasta que el juez no lo requirió de manera formal no se ha conseguido”.
La hija de uno de los fallecidos, Silvia Peris, ha recordado la falta de información que tenían los familiares de los residentes, "de la noche a la mañana se perdió la comunicación", y habla de que se les dijeron "muchas mentiras".
"La impresión era de hecatombe y desastre"
El primer testigo ha sido el entonces médico de la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) del Hospital Verge dels Lliris, Manuel Pérez, a la que se requirió que prestara servicio en esos días, y quien ha dicho que se encontró con “gente desnuda, con los pañales rotos, por el suelo, pidiendo agua”, apuntando la descoordinación existente en el centro, que no se daba en otros como Domus VI de Cocentaina o la residencia en Onil, y aseguró que “la impresión era de hecatombe y desastre”. También apuntó que se encontró con una médico que practicaba la paramedicina y que suspendió tratamientos, y denunció la situación del centro a Sanidad. Falta de incumplimiento de la normativa Covid-19 en materia de aislamiento y desinfección, así como falta de información a los familiares se han repetido.
Cinco trabajadores en la época de los hechos, también han incidido en que no se separaba a los pacientes con positivo de Covid-19 y que no había suficiente personal para atender a todos los residentes. Una de ellas ha calificado la situación de "caos absoluto. Era terrible".
