ALICANTE (M.G./EFE).- El Grupo Intrum, empresa sueca de servicios de gestión de crédito y activos inmobiliarios, ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 702 trabajadores de la compañía en España, de acuerdo con la Confederación General del Trabajo (CGT) y UGT. Ambos sindicatos alertan que esta propuesta no es definitiva y depende de la negociación que ahora se abre. Desde UGT entienden que el volumen de despidos es enorme, al ser el 33,6% de la plantilla total. La propuesta es más elevada de que inicialmente planteada, cuando se hablaba de 600 trabajadores de las diferentes empresas del grupo.
Este despido colectivo afectará a los centros de trabajo de Alicante, Almería, Barcelona, Huelva, Madrid, Valladolid y Zaragoza, ha informado este jueves el sindicato, que ha recordado que "no es la primera vez que esto ocurre, ya que, en 2018, hubo otro que afectó a cerca de 350 personas avalado por CCOO y UGT".
La CGT y UGT hab detallado en un comunicado que el despido colectivo afecta a las sociedades Intrum Servicing Spain, Aktua Soluciones Financieras, Aktua Soluciones Financieras Holdings, Haya Real Estate, Intrum Holdings Spain y Solvia Servicios Inmobiliarios.
En el ERE planteado, la mayor parte de los despidos son para el personal con condiciones más precarias, como los operadores de los 'call center' de los centros de Valladolid y de Madrid, que suman un total de 250.
En el caso de Alicante, afecta a 50 operarios de Solvia, 8 de Intrum, 8 de Haya y dos de Aktua FS. En València afecta a 45 operarios de Haya Real Estate.
Tras hacer un primer análisis de la documentación entregada por la empresa, CGT y UGT no creen necesario hacer 702 despidos, que, en su opinión, "harán imposible que el Grupo Intrum siga dando los servicios que ahora ofrecía a sus clientes".
La organización sindical ha agregado que le resulta "sorprendente" que la empresa no sólo se haya basado en la situación financiera, sino que, además de las causas económicas, haya alegado causas productivas, organizativas y técnicas, es decir todas las posibles, "para dificultar la negociación real que comienza hoy y debe extenderse durante 30 días".
La CGT ha avanzado que la próxima reunión tendrá lugar el próximo viernes 31 de mayo y que "va a realizar solicitud de documentación imprescindible para poder comprobar la concurrencia de la causa que inicialmente entiende que no existe".
