VALÈNCIA (EP). El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, ha participado en la mesa de debate sobre la propuesta de la ley estatal de Vivienda del XI Foro de las Autonomías que organiza el Senado, en la que ha criticado "la ausencia de referencia alguna" en la Ley de Vivienda a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), por lo que ha reclamado la necesidad de incluir la transferencia de los activos de la entidad a las comunidades autónomas.
En la mesa también han intervenido el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid Marcos Vaquer y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha informado la Generalitat en un comunicado.
El vicepresidente ha destacado las principales aportaciones valencianas al texto legislativo, como la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y la limitación de los precios del alquiler y ha incidido en la importancia de la propuesta sobre la Sareb por "la necesidad de ofrecer instrumentos efectivos a las administraciones territoriales competentes para dar respuesta a las situaciones de dificultad de acceso a la vivienda, así como para aumentar la oferta de vivienda a través de la ampliación de los parques públicos de las comunidades autónomas".
Además, ha mencionado los pasos que se están dando en esa dirección desde el Gobierno valenciano, después que el pasado 18 de enero el Consejo de Ministros aprobara la toma de control pública de la Sareb. El objetivo, ha resaltado, "es la transferencia de las más de 8.000 viviendas y unos 7.000 solares propiedad de la entidad en la Comunitat".
Según ha recalcado Illueca, la transferencia de los inmuebles de la Sareb "permitiría aumentar en un 71 por ciento el número de viviendas públicas disponibles para las familias vulnerables, y dar respuesta a las 8.567 personas que se encuentran en lista de espera a día de hoy para acceder a una vivienda pública en la Comunitat Valenciana". "Se trata -ha proseguido--de una reivindicación que "viene respaldada por totalidad del tejido social, incluyendo sindicatos, patronal y organizaciones de la sociedad civil valenciana".
El vicepresidente ha hecho alusión a las reuniones mantenidas con representantes del Ministerio de Asuntos Económicos y con sus homólogos responsables de vivienda de los gobiernos de Aragón, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, Principado de Asturias, País Vasco y las Islas Baleares para darles a conocer la propuesta valenciana. "Han sido muy fructíferas y me atrevo a afirmar que nos hallamos ante un consenso inaudito en materia de viviendas que nos plantea seguir en esta línea para alcanzar un pacto autonómico sobre las viviendas y activos de la Sareb", ha indicado.
Sobre los desahucios sin alternativa habitacional, Illueca ha valorado la inclusión en el proyecto de Ley de la renovación de los contratos de alquiler social en los procesos de ejecuciones hipotecarias de manera preceptiva en tanto en cuanto la unidad de convivencia beneficiaria de los mismos reúna los requisitos socioeconómicos legalmente establecidos.
No obstante, ha criticado que el texto no contemple el alquiler social obligatorio para grandes tenedores. "Estamos tratando de regular desde el Gobierno valenciano, con la futura Ley de Regulación de la Actividad de los Grandes Tenedores de Vivienda y del Acoso Inmobiliario. Esa ausencia en la Ley estatal crea inseguridad y fractura el principio de igualdad recogido en la Constitución", ha advertido.
Sobre la limitación de los precios del alquiler, ha valorado la necesidad de habilitar a las comunidades autónomas para que puedan aplicar la medida. Asimismo, ha detallado las aportaciones técnicas remitidas desde su departamento y que se han introducido en el texto, como ha sido dejar indefinidos los requisitos para calificar una zona como tensionada.
