Foto: CGPJCada vez que en una tele o una radio se arranca con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hago como cuando aparece la cortinilla de Deportes, que cambio de canal o de emisora antes de que abran la boca porque sé que van a contarnos la última hora del Real Madrid. Así me aficioné a Saber y ganar hace 25 años. En el metro aún no he tenido que cambiar de vagón, ni en el autobús de asiento, porque no me ha pasado como a la ministra de Justicia, que cuando viaja en transporte público oye a los pasajeros hablar de la renovación del CGPJ "porque la gente ya ha entendido la trascendencia de esto", según Pilar Llop.
Lo mismo les ocurrirá a muchos lectores y lectoras de esta columna si les digo que va sobre financiación autonómica, tema del que la gente, a buen seguro, conversa en el metro de Valencia en la misma medida que en la línea del Metro de Madrid que frecuenta Llop se discute sobre la batalla política en torno al CGPJ. Están a tiempo de abandonar la lectura.
Llevamos semanas soportando la murga del bloqueo en el órgano de Gobierno de los jueces, asunto de indudable trascendencia pero que no es el único ni el más grave de los que sufren los españoles. En cualquier caso, mejor eso que cuando los medios abren sus informativos con un "uy, lo que ha dicho", sean berreas estudiantiles, tuits de Abascal o lapsus linguae de Irene Montero malinterpretados al pie de la letra, a los que luego dedican horas y horas de 'análisis'.
No trato de restar importancia al impresentable intento de PP y PSOE –más impresentable el primero que el segundo– de controlar el CGPJ. Por no dejar de dar mi parecer, en este tema estoy con Inés Arrimadas y en contra de quienes creen que la solución pasa por el conchabeo, una vez más, de los dos grandes partidos. Si el "órgano de los jueces" –como lo llaman algunos medios sin que nadie se lo tome al pie de la letra– tuviera menos discrecionalidad en la elección de magistrados para los tribunales que juzgan la corrupción, el apaño sería menos atractivo para Sánchez y Feijóo, pero eso es proponer demasiado.
Hasta el gorro de que en la agenda nacional esté todos los días el problema del CGPJ y no el más antiguo y no menos importante de la financiación autonómica, que asoma muy de vez en cuando a los titulares y con menos frecuencia a las tertulias para que algunos exhiban, sin complejos, su ignorancia, que es lo mismo que decir lo poco que les importa. En diciembre hará cuatro años que se tenía que haber renovado el CGPJ y en enero hará nueve que tocaba revisar el Sistema de Financiación Autonómica (SFA).
Lo del SFA no se va a revisar ahora ni en 2023 ni, probablemente, en 2024. El Gobierno no tiene ninguna presión, ni siquiera la de Puig, que hace muchos meses llegó a dos conclusiones: que era una batalla perdida a corto plazo –antes de las elecciones– y que la falta de financiación suficiente no tenía por qué suponer una limitación de gasto.
Así, se retiró de la primera línea de la manifestación, cambió al batallador Soler por Arcadi y ordenó a sus huestes políticas y mediáticas el cese del fuego, dejando descabezado al ejército de unidad, desorientada la línea de ataque –CEV, UGT, CCOO, Compromís– y desmotivada la sociedad civil que secundaba el "tots a una veu". Ahora cada uno hace la guerra por su cuenta a base de escaramuzas que apenas tienen eco. Y Puig en sus discursos recita lo de la financiación de carrerilla y en valenciano, que la parte en castellano la reserva para los mensajes dirigidos a Madrid.
Del PP poco cabe esperar, con un Feijóo que viene a Las Provincias a defender el modelo gallego, opuesto al valenciano, y afirma, sobre la deuda generada por la infrafinanciación, que si él fuera valenciano, también llevaría este asunto a la mesa de negociación. Le faltó añadir: "...pero como soy gallego, me tendrán en contra".
Respecto a la segunda conclusión, Puig se lanzó al gasto como si no hubiera infrafinanciación y se igualó a la media de las CCAA en gasto sanitario. Una pena que no se haya notado en la mejora de la sanidad pública, que ha empeorado. Lo hizo introduciendo en el presupuesto partidas ficticias de ingresos, cosa que continuará haciendo en 2023 con permiso de Montero.
La ministra de Hacienda continúa rechazando el Fondo Transitorio de Nivelación, la solución que propusieron hace años los expertos valencianos. Una solución provisional que costaría menos de 3.000 millones de euros –el total del SFA en 2023 son 135.200 millones– y que acabaría siendo definitiva porque ya ninguna autonomía tendría esa urgencia.
En lugar de eso, Montero, que hace más de un mes dijo que estaba "a punto de mandar" a las CCAA la segunda propuesta de su departamento –casi un año después de un primer borrador parcial y después de cuatro años y medio en el puesto–, se dedica a hacer perder intencionadamente el tiempo en rodeos o dilaciones que retrasan u obstaculizan la resolución de un problema, que es como la RAE define la expresión 'marear la perdiz'. Seguimos.
