El alcalde, Gabriel Echávarri, dialoga con ediles de Compromís y Guanyar en el acto institucional sobre los PGE. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. La política puede volver a unir a extraños compañeros de viaje, habitualmente sentados en asientos ideológicos opuestos. Guanyar y Compromís, socios de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, meditan sumarse a la propuesta de declaración institucional registrada por el PP contra una de las últimas decisiones impulsadas por el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, que ha generado más controversia, al margen de la revisión del proyecto de desvío de tráfico de la Explanada por el paseo de Levante a través de un puente que conectaría con Poniente (hasta hace un mes, el proyecto comprendía la construcción de un túnel submarino).
Se trata del despido de la cuñada del líder de los populares, Luis Barcala; una decisión que se materializó dos días después de que el regidor del PP presentase una denuncia en Fiscalía en la que se acusa al primer edil de un delito de prevaricación administrativa por el supuesto fraccionamiento de contratos que, según el partido, se habría cometido en los 25 encargos directos impulsados desde la Concejalía de Comercio por un importe global de 189.000 euros.
En primer lugar, la propuesta del PP, que se elevará al pleno de este miércoles como asunto de urgencia, trata de "condenar expresamente la adopción de medidas ordenadas, adoptadas o promovidas por el señor alcalde, de forma arbitraria o con presunto abuso de poder, que afectan a la plantilla del Ayuntamiento, que no sean tomadas en base a criterios estricta y exclusivamente legales y objetivos, previamente consensuados en los órganos de personal correspondiente y con la ineludible participación de los sindicatos".
A grandes rasgos, la redacción literal de ese primer punto de la propuesta del PP coincide con el acuerdo adoptado por la Junta de Personal en una reunión convocada de urgencia este martes. En esa sesión, los cinco sindicatos representados en el Ayuntamiento de Alicante plantean que cualquier acuerdo relacionado con las condiciones laborales de los empleados municipales debe plantearse en el marco de un proceso de negociación y siempre en los foros en los que corresponde, como la mesa creada para la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
Pero, además, la declaración institucional del PP incluye otros tres puntos: "Requerir al señor alcalde para que revoque expresamente cuantas medidas se hayan adoptado al amparo de los hechos acaecidos en la última semana"; "Abrir un proceso transparente y consensuado de estudio y planificación de normalización de la plantilla municipal"; y "Trasladar a toda la plantilla municipal un mensaje de tranquilidad, manifestando que este pleno ni promoverá ni consentirá la adopción partidista de decisiones arbitrarias que puedan conculcar la ley y los legítimos derechos de todos y cada uno de los trabajadores de este Ayuntamiento".
Guanyar y Compromís coincidirían casi al 99% en el espíritu de esa declaración institucional. Así lo han dejado traslucir sus dos portavoces, Miguel Ángel Pavón y Natxo Bellido, en todas sus declaraciones públicas al respecto desde que trascendió el decreto de despido. Y así lo subrayaron también en las manifestaciones de este martes. El vicealcalde y líder de Guanyar sostuvo que, en su opinión, el primer edil debería rectificar y anular tanto ese despido como el resto de los anunciados por Echávarri para otra treintena de trabajadores interinos. No solo por las condiciones en las que se ha comenzado a llevar a efecto esos ceses, "casi al mismo tiempo en el que se presenta una denuncia", sino también por el error que supone prescindir de trabajadores. "No se debería despedir a ningún trabajador porque no nos sobra nadie y menos si tenemos en cuenta las restricciones que nos impone el Gobierno central para contratar; estamos de acuerdo en que la situación de los interinos se debe regular porque muchos se contrataron sujetos a una prestación determinadas, pero ese proceso debe abordarse contando con la parte social, en una mesa de negociación y, hasta que se determine cómo, sin prescindir de nadie", abundó.
No obstante, no llegó a confirmar cuál iba a ser la posición de Guanyar cuando llegue el momento de votar la declaración institucional del PP. Sobre todo, porque en su redacción hay un elemento que el grupo no parece dispuesto a compartir: la referencia al "presunto abuso de poder". "Estaríamos hablando de un delito y eso no nos casa bien", añadió Pavón. Así que todo apunta a que el grupo no tomará una decisión definitiva hasta momentos antes del pleno.
En parecidos términos se pronunció el edil de Presidencia y líder de Compromís. Bellido ya había emplazado al primer edil a revocar el despido en la rueda de prensa sobre los asuntos tratados en la Junta de Gobierno. Señaló que sería conveniente "dar un paso atrás e iniciar desde cero el proceso en la mesa negociadora de la RPT" para regular la situación de los trabajadores interinos generada por la falta de gestión del PP insistió en que, desde el principio, Compromís se había desmarcado de ese acuerdo que no parecía justificado, que no se había negociado con los representantes de los trabajadores y que tampoco se había consultado con el concejal del área.
"Estamos casi en el ecuador del mandato y es un buen momento para hacer autocrítica y para que todo el mundo sea consciente ya de que, en un gobierno plural, no se pueden tomar decisiones unilaterales porque la consecuencias son mucho peores", remarcó. Como viene señalando al menos desde el mes de diciembre, insistió en que en Compromís se tiene una larga experiencia en trabajar el consenso y reiteró que no se puede resolver la falta de gestión del PP en asuntos como la política de personal "con decisiones motivadas por coyunturas partidistas; no podemos caer en abusos de poder como los que existían en anteriores etapas, así que creemos que, como el alcalde ha reconocido y ha admitido que ha habido precipitación, sería una buena decisión comenzar de cero para abordar la cuestión de forma global", manifestó.
Los dos socios de Echávarri comparten la filosofía de la propuesta de los 'populares' aunque dudan sobre sus fines políticos y la atribución de un presunto abuso de poder
En esta línea, confirmó que en Compromís, "que posiblemente sea la fuerza que más se ha preocupado en cohesionar este equipo de Gobierno", existe preocupación por la situación generada en cuanto al efecto que este tipo de situaciones puede generar en el proyecto de transformación de la ciudad que se acordó impulsar en 2015 e incluso sugirió que es un asunto que se podría abordar en la próxima reunión de la comisión del pacto de gobierno. Con todo, añadió que, por el momento, Compromís no se plantea su salida del tripartito aunque tampoco la descartó de forma tajante. "No podemos escribir el futuro, nuestra intención ha sido y es garantizar la estabilidad, negociar y llegar a acuerdos y sabemos que gobernar provoca desgastes pero somos conscientes de que la alternativa del PP no es positiva, porque cada día conocemos nuevas informaciones que confirman que han actuado como sanguijuelas de los recursos públicos, pero veremos donde nos lleva este proceso", abundó.
Sobre los términos concretos de la propuesta del PP, conocida a última hora de la mañana, Bellido tampoco desveló cuál sería el sentido del voto de Compromís. "A grandes rasgos, lo que se plantea no es diferente de lo que venimos diciendo al respecto, pero también es cierto que el primer punto se habla de una condena y de abuso de poder, lo que denotaría que se trataría de una estrategia política que aspira tratar de generar desgaste y eso nos genera dudas", explicó. Así que, al igual que Guanyar, Compromís no se definirá hasta momentos antes de la sesión de este miércoles.
El alcalde, por su parte, optó este martes por la prudencia y omitió cualquier referencia sobre las peticiones cursadas desde PP, Guanyar y Compromís sobre su necesaria rectificación sobre los despidos de los interinos. Ni la contempló, ni la descartó. Tampoco llegó a evaluar esas peticiones. Tras el acto convocado para denunciar la "marginación" de la Comunitat en los Presupuestos Generales del Estado, se limitó a señalar que no iba a hablar de "cuestiones internas que afectan al equipo de Gobierno" y que su intención no era contribuir a generar "más ruido porque va en menoscabo del trabajo y de la gestión diaria que venimos desempeñando para cambiar esta ciudad".
En la sesión de ordinaria de abril que se celebra este miércoles también se abordará, por otra parte, la moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos (C's) para que se constituya una comisión de investigación sobre los 25 encargos directos impulsados desde la Concejalía de Comercio por importes de menos de 18.000 euros (contratos menores permitidos por la legislación) pero por una suma global de más de 189.000 euros. A priori, la propuesta podría quedar aprobada con el beneplácito (sino apoyo explícito) de todos los grupos políticos.
