El portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El grupo municipal de Guanyar en el Ayuntamiento de Alicante insiste en reclamar la apertura de un expediente sobre la posible rescisión de la contrata de limpieza viaria y recogida de la basura a la vista de la supuesta existencia de anomalías en la contratación de los trabajadores a cargo de la prestación del servicio. Esas anomalías, según el portavoz municipal de la plataforma electoral que encabeza EU, Miguel Ángel Pavón, podrían constituir un incumplimiento del pliego de condiciones y, en consecuencia, causa para acordar la resolución del contrato.
El expediente de resolución -una posibilidad que Guanyar ya trató de explorar durante la etapa en la que gestionó la Concejalía de Limpieza, hasta noviembre de 2017-, se vuelve a plantear a la vista de una sentencia del juzgado de lo Social número 3 de Alicante que reconoce el derecho de uno de los empleados de la UTE concesionaria (compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica, del empresario Enrique Ortiz) a ser readmitido como trabajador fijo discontinuo después de haber encadenado varios contratos temporales desde el año 2008 hasta el año 2016, como detalló el propio Pavón, junto al operario afectado y representantes sindicales, en una comparecencia pública ofrecida este jueves. Esa sentencia, según Pavón, "declara improcedente el despido y condena a UTE Alicante a que readmita al trabajador como personal fijo indefinido o a que le indemnice con algo más de 17.000 euros brutos".
La cuestión, según el exregidor de Limpieza, es que, en octubre del año pasado, él mismo remitió un escrito a la UTE concesionaria en la que emplazaba a la empresa a tomar medidas para reconocer como empleados fijos discontinuos a varios de los operarios que venían desempeñando trabajos de la contrata para no incurrir en "fraude de ley". Pavón precisó que esa situación podría llegar a afectar a unos 50 operarios.
Se da la circunstancia, según el líder de Guanyar, que la cláusula 5.1.8 del pliego de condiciones del contrato obliga al contratista al cumplimiento de la normativa laboral aplicable al personal contratado, por lo que podrían existir motivos fundados para instruir un expediente de rescisión de la concesión del servicio.
El actual concejal de Limpieza, el socialista Fernando Marcos, valoró la comparecencia de Pavón, también este jueves, para preguntarse cómo podía sentirse legitimado para "sentarse al lado junto a un trabajador por el que no hizo nada para solucionar su problema laboral cuando él y su compañero Víctor Domínguez dirigían como concejales el área de Limpieza y además, me pregunto porque no fueron capaces de contestar el escrito que les presentó este trabajador el 10 de mayo de 2016 cuando les solicitó audiencia". "Ambos hasta día de hoy miraron para otro lado y ahora se sientan para buscar la foto", señaló. "Nosotros vamos a solicitar toda la documentación que hay sobre este tema, que es de la época en la que Guanyar dirigía Limpieza, y lo abordaremos con la UTE con la que mantenemos una comunicación semanal, no como el señor Pavón, que ni se hablaba con la empresa y lo único que quería era rescindir el contrato de limpieza", apostilló.
El grupo municipal de Ciudadanos (Cs), por su parte, ha abundado este viernes en las críticas sobre la prestación del servicio al considerar como un "anuncio fantasma" las intenciones del edil de Limpieza, Fernando Marcos, quien hace unos días daba a conocer un plan para reforzar el baldeo, entre otros servicios, de los barrios de San Antón, Garbinet, Altozano y Carolinas, incrementando el personal de la UTE para estas zonas. "En los conatos de huelga del verano pasado se puso en evidencia que faltan más de cien operarios y, según datos de las auditorías internas se está duplicando las tasas de absentismo con lo cual no sabemos que extraños malabarismos pretende hacer el señor Marcos para llevar a cabo una reorganización de este calado", ha manifestado el portavoz adjunto de Cs, Antonio Manresa. "Nos tememos que se trata de un brindis al sol salvo que se quite personal y medios de unos barrios para ponerlo en otros, es decir, un 'quita y pon'", ha abundado, a través de un comunicado.
En este contexto, Manresa ha subrayado la "urgente necesidad" de que se convoque la comisión que se aprobó en pleno, a petición de Cs, para fiscalizar el cumplimiento del pliego de condiciones. "La primera reunión fue el 19 de enero y ya no hemos vuelto a saber nada de nada y eso que el PSOE se comprometió a una periodicidad mensual". "La auditoría que anunciaron a bombo y platillo se ha quedado en el limbo y eso denota una absoluta falta de seriedad, lo mismo que la campaña de intensificar en el centro la limpieza contra chicles y grafitis con las máquinas de vapor", ha expresado el portavoz adjunto de Cs. "La ciudad no puede estar paralizada por la grave crisis política en la que se encuentra el consitorio, los vecinos no tienen por qué pagar el pato", ha concluido.
