El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá. Foto: A.PÉREZ.MECA/EPVALÈNCIA (EP). Gobierno, sindicatos y empresarios volverán a mantener contactos este lunes con el objetivo de intentar cerrar la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con acuerdo, después de que el Ejecutivo planteara ayer, en una reunión de urgencia, una propuesta en la que ofrece exenciones a la Seguridad Social de mayor cuantía a las empresas que formen a sus trabajadores suspendidos.
La prórroga de los ERTE más allá del 30 de septiembre se plantea esta vez en dos tiempos a fin de que las empresas puedan adaptarse a los cambios planteados por el Gobierno. Así, la idea es mantener las condiciones vigentes en este momento durante otro mes, hasta el 31 de octubre, para después poner en marcha un nuevo esquema que, en principio, estaría vigente entre el 1 de noviembre y el 31 de enero y donde la formación de los trabajadores en ERTE cobraría un papel central.
Los contactos que mantendrán hoy las partes se producen a pocas horas de la fecha que se habían marcado para conseguir el acuerdo, ya que la intención es aprobar el decreto de extensión de los ERTE en el Consejo de Ministros de mañana ante la finalización, el próximo jueves, del esquema vigente en estos momentos.
Durante la reunión celebrada este domingo, el Gobierno ofreció a los agentes sociales, dentro de los ERTE de limitación de actividad, exenciones del 20% para empresas de más de 10 trabajadores que no ofrezcan formación a sus empleados y del 50% si imparten acciones formativas. Para las empresas más pequeñas, de menos de 10 trabajadores, estas exoneraciones alcanzarían el 50% sin formación y el 70% con formación, según fuentes de UGT.
En los ERTE de impedimento de actividad, las exoneraciones para todas las empresas serían del 100% en todos los casos, según la propuesta planteada por el Gobierno.
Para poder acogerse a estas exenciones en sus cuotas, las empresas tendrán que dedicar 30 horas de acciones formativas en el caso de las de 10 a 49 trabajadores y 40 horas en las que tengan plantillas superiores.
Según las mismas fuentes, las actividades formativas se vincularían con un aumento del crédito que se utiliza para financiar la formación programada recogida en ley del sistema de formación profesional para el empleo.
Este crédito se obtiene a partir de las aportaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social con el obejtivo de que inviertan en la formación profesional de sus empleados.
Sin embargo, este esquema de exoneraciones vinculadas a la formación no convence a las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme. De hecho, fuentes empresariales consultadas por Europa Press han indicado que este asunto está dificultando el acuerdo.
Lo mismo asegura UGT. "El escollo de las exoneraciones vinculadas a las acciones formativas impide que, de momento, se pueda alcanzar un acuerdo, como todos deseamos, en el que estén todas las partes del diálogo social", apuntó ayer el sindicato.
Ni UGT ni CCOO ven con buenos ojos que este momento se quiera vincular la formación con los ERTE, una medida que estaba pensada para incluirla en el mecanismo estructural que sustituirá a los ERTE Covid una vez pase la pandemia y que Gobierno y agentes sociales están negociando en el marco de la reforma laboral.
"La premura de esta prórroga impedirá implementar (este sistema) con garantías suficientes", subraya el sindicato de Pepe Álvarez, que pide que, si se mantiene finalmente en el texto la vinculación entre los ERTE y la formación, los ERTE se extiendan hasta el 31 de marzo de 2022 para poder desarrollar esta medida de manera eficaz.
Durante el mes de ampliación en el que estaría vigente la actual regulación (30 de septiembre-31 de octubre), las empresas tendrían que cursar una nueva solicitud de ERTE para poder renovarlo a partir del 1 de noviembre. En caso de no obtener respuesta de la autoridad laboral, la solicitud se consideraría aprobada (silencio administrativo positivo).
La propuesta que ha puesto el Gobierno sobre la mesa contiene mejoras demandadas por los sindicatos, pues se mantienen los beneficios relacionados con la prestación por desempleo de los trabajadores, protección para los fijos-discontinuos, y el 'contador a cero' se extendería hasta el 1 de julio de 2022, según UGT.
Además, se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo para las empresas con ERTE; la prohibición de despedir; la interrupción del computo en contratos temporales; la prohibición de realización de horas extras; el impedimento de realizar contrataciones nuevas en empresas que están aplicando ERTE, y la imposibilidad de externalizar actividad mientras se disfrutan de los beneficios de los ERTE.
En el encuentro de ayer sí estuvo presente el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones después de las denuncias de empresarios y sindicatos de que su ausencia en las dos últimas reuniones estaba bloqueando la negociación par extender los ERTE.
El Ministerio, en cambio, negó que estuviera bloqueando el diálogo y aseguró que estaba trabajando en un documento técnico para trasladarlo a los agentes sociales dada la complejidad de los temas que se estaban tratando.
