La gravedad de los hechos que se están sucediendo en Cataluña después de publicarse la sentencia del juicio del procés no puede dejar lugar a dudas. La violencia que se ha desatado puede propagarse y llevar a que la cosa se desmadre en cualquier momento. En Barcelona, los daños a los contenedores quemados en estos días se cifraban ayer por la mañana en más de ochocientos mil euros, por poner un ejemplo. En realidad ha sido un estallido que venía fraguándose a fuego lento en las cocinas del independentismo desde hace mucho tiempo. Se sabía, puesto que todos habíamos seguido el juicio paso a paso, que las pruebas de la violencia con que se habían cometido los hechos enjuiciados eran irrefutables y que las declaraciones de algunos testigos habían resultado demoledoras.
Todo apuntaba, por tanto, a que se iba a dictar una sentencia condenatoria y muchos radicales en Cataluña se estaban preparando para dar respuesta a ello, armándose hasta los dientes. El plan había sido minuciosamente trazado. Preparaban “proyectos terroristas con fines secesionistas”, según la Guardia Civil, y tenían almacenadas sustancias explosivas a tal efecto. Prueba de ello fueron las detenciones de nueve miembros de los Comités de Defensa de la República, los conocidos abreviadamente como CDR, que tuvieron lugar el pasado día 23 de septiembre, de los que Cayetana Álvarez de Toledo dijo que Quim Torra era el jefe estratégico.
Sin embargo, frente a la inicial tibieza cuando no franca simpatía del president hacia estos grupos, la sonrisa se le heló en el rostro al ver, ahora sí, la quema de vehículos junto a la Consejería de Interior de la Generalitat. Se percibía el miedo en su discurso atropellado e intempestivo, ya pasada la medianoche del miércoles al jueves. Hasta Puigdemont salió a pedir que cesara la violencia y a decir que la independencia no se iba a conseguir por medios violentos. Y es que todavía hay quien prende la mecha aparentemente por distracción, como la pulga circense en la película “Bichos”, y luego se sorprende de que se arme el fuego letal.
Pero volvamos al hipotético origen, que para mí más bien ha sido una excusa, de las protestas: la sentencia del procés. Lo mínimo que se puede decir, así al peso, es que los señores magistrados se lo han currado. La frágil línea que separa el delito de rebelión del de sedición ha supuesto que los magistrados tuvieran que ponerse de acuerdo, para calificar los hechos enjuiciados finalmente de sedición y dictar una sentencia unánime, porque había discrepancias entre ellos en la calificación de los delitos. Ya sé que todo el mundo se cree jurista sin serlo y que hay muchos que protestan porque consideran que la sentencia es injusta por excesiva y que otros, por el contrario, opinan que es injusta porque se ha quedado corta. El caso es que con esta sentencia ha llovido a gusto de casi nadie. Sin embargo, permítanme que eche un capote al tribunal tan impecablemente dirigido por el magistrado Marchena y que, en señal de respeto por las muchas vueltas que evidentemente le han dado al asunto estos señores tan estudiosos en su sentencia de más de 400 folios, me adhiera a su resultado.
El argumento principal para descartar la comisión de delito de rebelión ha sido el hecho de la “ausencia de violencia instrumental, ejecutiva, preordenada y con una idoneidad potencial para el logro de la secesión”, así como lo que el Tribunal ha considerado como “debilidad instrumental para el logro de la independencia”. Es decir, que los políticos condenados en realidad sabían que pese a todo el despliegue realizado en realidad el objetivo de la independencia no lo iban a conseguir. Como si hubieran estado haciendo un teatrillo, en definitiva. El matiz no es baladí. Y, sin embargo, sí reconoce la sentencia como hechos probados que las actuaciones de los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 estuvieron lejos de constituir una pacífica y legítima manifestación de protesta, por más que “los Jordis” insistieran en su pacifismo durante la vista del juicio. De hecho, la sentencia motiva las condenas de estos dos ya notables pacifistas por alimentar la violencia callejera, cuando dice que: “(…) ese desbordamiento les convierte directamente en responsables de las consecuencias penales que el ordenamiento jurídico asocia a esas conductas de aniquilación del pacto constitucional”. Es decir, que azuzaron la calle y con ello vulneraron sus obligaciones constitucionales.
Todo ello quedó plasmado en el terror expresado por la secretaria judicial, que tuvo que salir rescatada por el tejado del edificio que había sido cercado por los manifestantes. En todo caso, las condenas serán recurridas y la llave del calabozo la tiene Torra, con lo que ello supondrá de beneficios penitenciarios hasta el límite y más allá. Otra muestra más del craso error de la transferencia de determinadas competencias a las Comunidades Autónomas.
La actual situación puede ser la gasolina que Pedro Sánchez necesita para poder pegar un subidón en las encuestas de cara a las elecciones, y paralelamente para alimentar el independentismo que Torra abandera desde ayer, cuando se descolgó anunciando su intención de volver a proclamar la república catalana de su casa. Para ello ha puesto para empezar el felpudo de entrada sin encomendarse a nadie, o tal vez simplemente haciendo de voz de su amo una vez más. Veremos sin con el buen rollito de Sánchez y la “serena firmeza del Estado social y democrático de Derecho”, en sus propias palabras, consigue que los radicales mágicamente dejen de quemar coches y se tranquilicen, o bien si se ve forzado a proclamar el 155 en Cataluña, o tomar otras decisiones para tratar de controlar la situación. Para empezar, han tenido que mandar más efectivos de la policía nacional para allá. Esperemos que el presidente en funciones sea capaz de anteponer los intereses de España a los suyos propios, tomando al efecto las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad en Cataluña.
Parece mentira, pero en España da la triste impresión de que ya no vaya a ser posible tener unas elecciones en paz, sin interferencia de situaciones conflictivas, motivadas por atentados, violencia callejera, o sentencias que contaminen la opinión pública con miedo, odio o el mero intento de castigar a unos o a otros políticos.