El presidente de la Diputación Provincial, César Sánchez, ante los medios.ALICANTE (EFE/ R. N.). El ente público Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, ha acordado el relevó del presidente de la Diputación de Alicante, el popular César Sánchez, como miembro del consejo de administración del puerto, una decisión que el PP en la institución ha calificado de "ataque a la autonomía local". El cese ha sido comunicado mediante una carta con fecha del pasado 6 de noviembre, y en la misma se expresa el "agradecimiento por los servicios prestados". Fuentes de la Autoridad Portuaria han confirmado a Alicante Plaza que la notificación sobre el relevo de Sánchez se habría recibido al mediodía de este martes. Hasta el momento no ha trascendido el nombre de su sustituto como vocal en el consejo de administración.
Por lo pronto, el portavoz del equipo de Gobierno en la Diputación, Carlos Castillo, del PP, ha calificado de "error inadmisible" el cese, y ha puesto de manifiesto que el consejo de administración de la Autoridad Portuaria es un órgano en el que la institución provincial "ha tenido una presencia histórica porque en él se deciden asuntos de interés para nuestro territorio". "Desde la Diputación de Alicante consideramos inadmisible este hecho que supone un nuevo ataque del Gobierno de Ximo Puig, en connivencia con el de Pedro Sánchez, a la autonomía local y a la máxima autoridad de nuestra provincia", ha sostenido antes de reclamar la readmisión "de forma inmediata".
"No vamos a consentir ni un solo ataque más a los intereses de nuestra provincia, ni vamos a permitir que los asuntos que competen no solo a la ciudad de Alicante sino a todo nuestro territorio se decidan desde València o Madrid", ha recalcado el dirigente del PP.
Este martes se ha conocido el relevo de otro consejero en representación de la Administración del Estado: la sustitución de Hilda Pérez por otro abogado del Estado, Vicente Fenellós
Para Castillo, los continuos ataques y menosprecios del Consell a la Diputación de Alicante pretenden "debilitarla y mermarla económica, institucional y políticamente". Para el portavoz, "es una muestra más de la actitud de nulo diálogo que profesa el Gobierno valenciano, de la escasa integración y del poco talante que demuestra y de la exclusión provincial que quiere ejercer sobre la Diputación: No lo va a conseguir y ni vamos a permitir que se dé la espalda a los alicantinos".
En este sentido, ha continuado que "si la decisión que se ha tomado tiene que ver con el propósito cada vez más evidente de Ximo Puig de desactivar y desmantelar toda palanca que actúe en beneficio de los intereses de la provincia, se sigue equivocando con la Diputación de Alicante, con su equipo de Gobierno y con el presidente de la institución".
Castillo ha recalcado que el máximo deber de la Diputación es el respaldo y la defensa de los intereses de la provincia conforme a la legalidad, que se efectúa no solo con la gestión de un gobierno y con las votaciones de un pleno que tiene legitimidad para tomar decisiones sino también con la presencia activa en lugares tan relevantes como el consejo de la Autoridad Portuaria. "Pedimos una rectificación urgente, tanto al Gobierno de España como al de la Generalitat, ante esta decisión inaudita", ha dicho Castillo antes de instar a ambas administraciones a que "recapaciten, reconsideren su decisión y antepongan el respeto y la consideración mínima a nivel institucional".
Las críticas de Castillo sobre la decisión han suscitado la réplica del concejal y diputado del PSOE, Carlos Giménez, quien ha sugerido al PP que haga uso de su capacidad para designar a vocales en representación municipal para suplir a Castillo por Sánchez, "ya que por lo general, el señor Castillo no suele acudir a las reuniones del consejo de administración, por mucho que defiende ese proyecto que ni está ni se le espera de la zona franca", en el que que se incluirían terrenos del recinto portuario.
Al margen de las reacciones políticas, este martes, además, se ha hecho oficial otro cambio distinto, que afecta a otro consejero nombrado en representación de la Administración General del Estado. Se trata de Hilda Pérez Guardiola, abogada del Estado, que ha sido sustituida por Vicente Fenellós, también abogado del Estado. Ese relevo ha trascendido este martes, tras la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV).
El consejo de administración del Puerto debe afrontar también una próxima modificación que afecta al vocal designado en representación de las agrupaciones empresariales de la provincia. Hasta ahora, esa plaza viene siendo ocupada por Francisco Gómez como presidente de Coepa. Con la extinción de esa organización patronal, debe acordarse una nueva designación.
Hasta este momento, el consejo estaba compuesto por los siguientes representantes: presidente, Juan Antonio Gisbert; director, Carlos Eleno; vocales en representación de la Administración General del Estado, Cayetano Pérez Pérez (Capitán Marítimo), Hilda Pérez Guardiola, Ana Lope Carvajal y César Sánchez Pérez; vocales en representación de la Administración de la Generalitat, Natxo Bellido Suay, Ignacio Jiménez Raneda, Andrés Francisco Rico Mora y Gracia Enguix Gadea; vocales en representación del Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala Sierra y Carlos Castillo Márquez; vocal en representación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, servicios y Navegación de Alicante, José Enrique Garrigós Ibáñez (vicepresidente); vocal en representación de la Confederación de Empresarios de Alicante (Coepa), Francisco Gómez Andreu; vocal en representación de los sectores económicos relevantes en el ámbito portuario, Felipe López Pellús; vocal en representación sindical, Salvador Sempere Urios; secretario del Consejo de Administración, Alejandra Gonzalez Madrid.
