El tripartito aprueba la tasa turística tras cinco años de bloqueo 

VALÈNCIA. Parecía que el momento no iba a llegar, pero al parecer sí. Los grupos parlamentarios que integran el Botànic aprobarán este jueves la ley de la tasa turísica, según avanzaron sus portavoces en la sesión plenaria de ayer miércoles. PSPV, Compromís y Unides Podem darán luz verde a esta norma que grava las pernoctaciones turísticas tras cinco años de tira y aflojas, con la patronal en contra y los socialistas cediendo su voto a regañadientes. 

El diseño pactado establece una tasa que va de los 0,5 euros que se pagarán en campings u hostales a los 2 euros por noche que se abonará en hoteles de 4 Estrellas Superior y 5 Estrellas. Los turistas de los cruceros pagarán 1,5 euros, lo mismo que en viviendas turísticas de categoría superior. Pero habrá un tope máximo de siete días. Es decir, que quien venga una semana o un mes a un hotel de máxima categoría (y no esté exento de pagar) aportará un total de 14 euros y quien vaya una semana, o quince días, o un mes, a un apartamento de esa categoría abonará 10,5 euros de tasa.

El texto, eso sí, contempla excepciones. No será obligatorio que la paguen aquellas personas que se alojen en este tipo lugares -campings, hostales, hoteles 4 Estrellas Superior y 5 Estrellas o cruceros- pero sean menores de 16 años, vengan en viajes sociales como el Imserso (o similares de la UE), lo hagan por motivos de salud (también un acompañante) o algunos alberguistas según la edad. También cualquier persona que llegue por un conflicto bélico o similar, como pasa ahora con los refugiados ucranianos.

El dinero que recauden los municipios que quieran establecer el tributo se deberá dedicar a facilitar a mejorar los servicios o las infraestructuras turísticas, a luchar contra el intrusismo, a fomentar las buenas prácticas laborales, al medio ambiente o a facilitar el acceso a la vivienda, entre otros. En cualquier caso, los ayuntamientos que quieran podrán no cobrarlo, algo en lo que el PSPV ha hecho hincapié en varias intervenciones. Así como en la moratoria de un año que contempla la propia ley para su entrada en vigor y que impediría, por tanto, que esta pueda cobrarse antes de 2024. 

La ley, además, contempla que la Generalitat aplique una exención del 100% sobre el tributo pero permite a los municipios que impongan un recargo de ese mismo importe. Es decir, la administración autonómica renuncia a cobrar y permite a los Ayuntamientos que lo hagan por el mismo importe.

Para el diputado de Unides Podem Ferran Martínez, con la validación de esta norma, el Botànic va a "poder a aplicar una política de puro sentido común", según explicó este miércoles en tribuna tras avanzar que su formación votaría a favor de la tasa. La síndica de Compromís, Papi Robles, en la misma línea aseguró que este es "el resultado de la manera de trabajar conjunta" del tripartito. La portavoz recordó que cuando los valencianos viajan, también pagan y con esta normativa en vigor, "ahora, quienes vengan ayudarán más a nuestra región. Le damos la oportunidad a cada ayuntamiento para recaudar e invertir. No puedo entender la visceralidad de los que rechazan esta tasa. Quien no quiera no la implementará". Una tesis en la que también se detuvo el PSPV: la diputada Trini Castelló subrayó que los consistorios la aplicarán si quieren. 

Por su parte, la síndica del Partido Popular en Les Corts, María José Catalá, anunció que su partido derogará esta norma cuando gobierne y el diputado de su grupo Manuel Pérez Fenoll, exalcalde de Benidorm, aseguró que este impuesto "penaliza a los valencianos, a las empresas y a los trabajadores porque obliga a las pymes a gestionar la tasa". 

Un periplo de cinco años

La iniciativa se puso por primera vez sobre la mesa en 2017, cuando el entonces síndic de Podem, Antonio Estañ, presentó una propuesta de resolución en su primer Debate de Política General para forzar a que sus socios del Consell se posicionaran a favor de implantar o no un impuesto de este tipo. En el texto, Podemos instaba al Gobierno valenciano a "impulsar un impuesto sobre la actividad turística" que contribuyera a "mejorar los servicios de los que disfrutan los municipios de la Comunitat Valenciana", "mejorar las infraestructuras y las dotaciones turísticas" de la autonomía y de los municipios, y también que sirviera para "fomentar y desarrollar el sector", de manera que con ello se pudieran mejorar las condiciones laborales de sus empleados.

La sorpresa para los morados fue que la iniciativa salió adelante con 35 votos a favor (Podemos, Compromís y cinco diputados no adscritos), 29 en contra (PP) y 32 abstenciones (PSPV y Ciudadanos). Y con ello, el Parlamento mandataba al Ejecutivo a diseñar esta tasa y ponerla en vigor. Algo que, sin embargo, no hizo la Conselleria de Hacienda que entonces dirigía Vicent Soler, como tampoco lo hizo con el impuesto a las bebidas azucaradas. 

El desencuentro en aquella primera votación sirvió para que la oposición ahondara en la fractura que habían escenificado PSPV, Compromís y Unides Podem, pero también para que los morados hicieran de esta cuestión su principal objetivo a cumplir, y decidieron presentar dos meses después una enmienda a la Ley de Acompañamiento de 2018 con un diseño propio de tasa turística, que tampoco salió adelante. No sin generar más de un sobresalto: Podem llegó a poner en peligro la norma al completo al abstenerse en la votación y los diputados no adscritos tuvieron que salir al rescate del Botànic para que la ley no fuera devuelta al Consell. 

Desde entonces, la negociación de cada Ley de Medidas Fiscales ha incorporado una enmienda dirigida a intentar implantar esta tasa sin éxito. En abril de este año, sin embargo, los partidos del Botànic acordaron las líneas generales que tendría la tasa turística: podría ser estacional, tendría una moratoria de un año para su aplicación desde su aprobación y sería voluntaria para los ayuntamientos. 

En las últimas semanas, la tensión entre los socios se había incrementado a cuenta de los vaivenes del PSPV, cuya síndica Ana Barceló no aseguró si su grupo votaría a favor de la norma para que esta iniciara su tramitación parlamentaria en el debate a la totalidad. El escenario, según explicó la propia portavoz, había cambiado con la guerra de Ucrania (aunque la guerra estalló en febrero y el acuerdo entre los socios se firmó en abril). 

En mitad de estas dudas de última hora que dejaron el texto legal en el aire, el secretario autonómico de Turismo Francesc Colomer amenazó con dimitir si el impuesto se aprobaba. Compromís le enseñó la puerta de salida y le remitió un aluvión de estudios favorables a la tasa, mientras Unides Podem le recriminó al dirigente socialista que se hiciera eco de un estudio contrario a la tasa impulsado desde su propio departamento. Con todo, el culebrón para el PSPV se zanjó simplemente con un mensaje a sus alcaldes: apoyarían la tasa pero no debían aplicarla en sus respectivos municipios. 

Aunque desde entonces han surgido otros debates -precisamente a instancias de los socialistas en el Ayuntamiento de València para gravar más a los pisos turísticos-, el diseño se ha mantenido intacto. Una tasa que finalmente obtendrá luz verde este mismo jueves y que, por tanto y tras la moratoria aprobada, no podrá entrar en vigor hasta noviembre de 2023.