BRUSELAS. En Moscú se quejan de que las naranjas que importan de Turquía, Egipto o Sudáfrica no saben tan bien como las valencianas. El anuncio de “riesgo real de guerra” entre Rusia y Ucrania, según palabras del secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg, preocupa a la importante colonia de rusos de la Comunitat Valenciana y sigue perjudicando las relaciones comerciales que, desde la anexión de Crimea en 2014, establecen la prohibición de importación de productos agrícolas, como los cítricos, en especial, y cualquier tipo de verdura en general desde la Unión Europea (UE).
“La Comunitat Valenciana lo ha perdido todo, en especial la agricultura, que ha dejado de exportar a Rusia limones, naranjas, caquis, lechugas, tomate, pepinos, calabacín…”, expresaba un representante de la comunidad rusa en Valencia que prefiere quedar en el anonimato. Las relaciones comerciales han tenido que dar paso a otro tipo de inversión y de relación entre ambos países, que se centra en el turismo y en las inversiones inmobiliarias.
La Costa Blanca, en especial Altea y Torrevella, son el polo del atracción de la colonia rusa en la Comunitat Valenciana, donde viven la mayor parte de nuestros 21.000 residentes rusos. Además de contar con una iglesia ortodoxa y varias escuelas no oficiales, Altea es la ciudad con más población rusa de España. No sólo llegan turistas con un alto nivel de consumo, sino inversores inmobiliarios que compran edificios para apartamentos de uso turístico y hombres de negocios que viajan frecuentemente entre ambos territorios, con su familia residiendo en un ambiente más cálido y amable. 
El temor a una escalada del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, con implicación de la OTAN, se centra en la posible ampliación de las sancionas que el pasado mes de enero la Unión Europea (UE) anunció tener preparadas contra el gobierno de Vladimir Putin. Hace menos de un mes, el Consejo decidió prorrogar otros seis meses, hasta el 31 de julio de 2022, las medidas restrictivas que actualmente se aplican a determinados sectores económicos de la Federación de Rusia.
La decisión del Consejo Europeo se produce tras la última evaluación del estado de aplicación de los Acuerdos de Minsk -prevista inicialmente para el 31 de diciembre de 2015- en el Consejo Europeo del 16 de diciembre de 2021. El detalle de la lista de embargos no se hizo público, pero sí que trascendió que supondría el cierre completo de los mercados europeos de capital para las empresas y entidades financieras rusas, y las restricciones a la exportación de materiales o servicios imprescindibles para sectores clave como el energético, el minero o la industria pesada.
Además, Estados Unidos apuntó al corte del sistema de transacciones financieras SWIFT con Rusia, que es el sistema electrónico de mensajería por el que se tramitan la mayoría de transferencias bancarias. Pero también puede llegar a aplicarse sanciones por paralización de visados y cierre de fronteras, lo que perjudicaría al alto número de residentes y de matrimonios mixtos valencianos. 
Tampoco se descarta poner fin a la compra de petróleo y gas ruso, que suponen el 26% y el 40% respectivamente de las importaciones europeas de esos hidrocarburos. Ello perjudicaría en especial el gasoducto Nord Stream II, entre Rusia y Alemania, que acaba de terminar su construcción que tiene suspendidas desde diciembre las obras para su puesta en marcha. Estados Unidos ya ha anunciado a la UE que está dispuesto a proveer de gas al mercado europeo desde Wisconsin un 20% más barato.
La Unió de Llauradors publicó recientemente un informe que analiza el perjuicio para la economía valenciana que han supuesto estos embargos de forma desigual en el ámbito de la UE. Desde que en 2014 Rusia decidiera cerrar sus fronteras a los productos agrarios europeos, el descenso económico de las exportaciones aumenta cada año con un “impacto brutal” en los tres cultivos relevantes en la Comunitat Valenciana, y que representan a nivel autonómico el 28% del total cultivado y 55% de la renta fagraria valenciana.
En el momento en que se estableció el veto, las exportaciones valencianas de cítricos representaban el 70% de las españolas al mercado ruso. Por lo que la reducción económica de las exportaciones alcanza en la Comunitat Valenciana una cifra de 166 millones de euros anuales. En los diez años anteriores al veto, “exportábamos a Rusia una media de 34.000 toneladas por valor de 24 millones de euros anuales”, según datos de La Unió.
En el caso de la fruta de verano, que suponían un tercio de las españolas al mercado ruso, el descenso ha sido de unos 72 millones de euros (64,4% en melocotón, 4,1% en albaricoque y 3,3% en ciruelas). En el periodo 2005-2014, la Comunitat Valenciana exportó anualmente a Rusia una media de 15.688 toneladas de fruta de verano por un importe medio anual de 13,8 millones de euros. Para el caqui suponen unos 64 millones de euros, al representar el 75% del total español exportado a ese país. En los dos años anteriores al veto -únicos en los que hubo exportación-, la Comunitat Valenciana exportaba a Rusia una media de 7.800 toneladas de caquis por valor de 9 millones de euros anuales.
En 2014, cuando la anexión rusa de Crimea dio lugar a los primeros embargos, la principal preocupación del Gobierno español era la concentración de este impacto en la agricultura y la ganadería de Aragón, Catalunya y València. Sin embargo, la respuesta de la UE no tuvo en cuenta que nos iba a perjudicar y estableció un conjunto de medidas restrictivas contra Rusia en cuatro sectores económicos: acceso a la financiación, armas, bienes de doble uso, y tecnologías específicas para la producción y exploración de petróleo.
Por tanto, en agosto de ese mismo año, Rusia reaccionó contundentemente introduciendo una prohibición política de las importaciones de una variedad de productos agrícolas y alimenticios de la UE. Esa prohibición se amplió en octubre de 2017 y ha ido prorrogándose anualmente, en estos momentos, hasta diciembre de 2022. Se trata del Decreto del Presidente de la Federación Rusa de fecha 6 de agosto de 2014 Nº 560 “Sobre la aplicación de ciertas medidas económicas especiales para garantizar la seguridad de la Federación Rusa”.
Este Decreto prohibía durante un año la importación al territorio de la Federación de Rusia de ciertos productos agrícolas, materias primas y alimenticios originarios de ciertos países. En lo que a la Comunitat Valenciana respecta, implicaba la importación de frutas y frutos secos en general, y sin ninguna excepción. Según la traducción no oficial publicada por la comisión europea, del Decreto firmado por Vladimir Putin incluía unos productos con el CN o “code nomenclature oranges”, números 804, 805 y 806, que corresponden a naranjas, navel y cítricos en general, frescos o deshidratados. La lista se completa con leche y productos lácteos, carne bovina y porcina, pescado y mariscos, y vegetales.
Estos fríos números no son desconocidos para la Unión Europea, que en los últimos siete años, desde la anexión de Crimea, no ha hecho nada para Rusia pudiera modificar su lista. Tampoco el Gobierno español con el PP o el actual de Pedro Sánchez parecen haber presionado en Bruselas para que esta situación cambie.
La UE es el mayor socio comercial de Rusia, representando alrededor del 37 % del comercio total del país con el mundo a principios de 2020. La agricultura y las materias primas representan 6.900 millones de euros, un 8,7%, según datos de la Comisión Europa en el primer semestre de 2020. Mientras que el 37,9% de las exportaciones rusas se destinaron a la UE.
En septiembre de 2021, el presidente ruso Vladimir Putin extendió un embargo sobre alimentos de la Unión Europea y los Estados Unidos hasta diciembre de 2022, en respuesta a las sanciones de varios países contra Rusia. La prohibición de importación de productos lácteos, carne, frutas y verduras, introducida en agosto de 2014, se produjo en respuesta a las medidas punitivas impuestas por los Estados Unidos y sus aliados después del conflicto de Ucrania. Sin embargo, muchos productos extranjeros todavía llegan a Rusia a pesar de la prohibición, como el queso de Italia y Francia, que es muy popular entre los ciudadanos más ricos de Moscú. En el pasado, Rusia ha destruido toneladas de alimentos en un intento de restringir tales actividades del mercado negro.
La UE, por su parte, impone diferentes tipos de medidas restrictivas: medidas diplomáticas, medidas restrictivas individuales (inmovilización de bienes y restricciones de viaje), restricciones a las relaciones económicas con Crimea y Sebastopol, sanciones económicas y restricciones a la cooperación económica.
Las sanciones en vigor, que se impusieron por primera vez el 31 de julio de 2014 en respuesta a acciones de Rusia que desestabilizaban la situación en Ucrania, limitan el acceso a los mercados de capital primario y secundario de la UE para determinados bancos y empresas rusos y prohíben algunas formas de asistencia financiera y de intermediación respecto de instituciones financieras rusas. Las sanciones también prohíben la importación, exportación o transferencia, directas o indirectas, de todo material relacionado con la defensa y establecen la prohibición de productos de doble uso para uso militar o usuarios finales militares en Rusia. Las sanciones restringen aún más el acceso de Rusia a determinadas tecnologías sensibles que pueden utilizarse en el sector energético ruso, por ejemplo en la producción y la exploración de petróleo.
Por su parte, la agencia de calificación de riesgos Fitch ha publicado un informe en el que establece que las nuevas sanciones impuestas ahora no serían lo suficientemente severas como para justificar acciones de calificación negativas. “La calificación BBB/Estable de Rusia está limitada por las sanciones existentes y la perspectiva de sanciones adicionales que pesen aún más sobre el crecimiento del PIB, la flexibilidad financiera y las perspectivas de mejoras estructurales, que son debilidades crediticias en relación con los pares”, explica la agencia.
