El regalo de Sánchez

Para que luego digan que Pedro Sánchez no baja impuestos. El pasado 13 de mayo el Gobierno volvió a aprovechar un decreto-ley, el del tope al precio del gas, para colar en una disposición adicional una medida inconfesable que nada tiene que ver con el objeto del decreto-ley. Después de tantos regalitos en los decretos-ley, la oposición y la prensa solemos estar alerta, pero en este caso estaba todo el mundo tan pendiente de lo del gas, que casi lograron que pasara inadvertida. Solo El Independiente descubrió la treta.

Lo que coló el Gobierno fue la declaración como "acontecimiento de excepcional interés público" del South Summit de Madrid, un evento anual que desde hace diez años reúne a emprendedores, especialmente del mundo de la tecnología, y a inversores y grandes empresas interesados en estos proyectos incipientes. No es el único congreso de estas características en España, pero sí el más conocido.

Con las declaraciones de "acontecimiento de excepcional interés público" pasa como con los indultos, que están previstos para unas situaciones determinadas pero luego el Gobierno los emplea para lo que quiere con criterios más que cuestionables, resultando más beneficiados los amigos que quienes no lo son. Como del indulto a Griñán estarán los lectores saturados –y lo que nos queda hasta que Sánchez lo salve de la cárcel–, dedicaré esta columna a otra perversión menos grave pero más onerosa para todos: lo del "acontecimiento de excepcional interés público".

Esta declaración, que se hace por ley –generalmente la de Presupuestos Generales del Estado de cada año–, conlleva beneficios fiscales en el Impuesto de Sociedades para los patrocinadores y mecenas, así como bonificaciones para el organizador del 95% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el IAE y el resto de impuestos y tasas locales relacionadas con el evento.

¿Qué es un "acontecimiento de excepcional interés público"? Pues cada uno tendrá su opinión, pero la que vale es la del Gobierno central, que otorga esa distinción a los eventos que quiere premiar con una ayuda indirecta que no es incompatible con cualquier otra subvención pública, incluidas las del propio Gobierno. Se ayuda así a los organizadores a encontrar patrocinadores privados.

Regulada en una ley de 2002 –gobernaba Aznar–, tal declaración, que no puede alargarse más de tres años, se ha venido aplicando a acontecimientos realmente excepcionales, tales como celebración de efemérides culturales –Centenario Delibes, por poner un ejemplo actual–; homenajes anuales –Año Berlanga–; capitalidades internacionales –València, capital mundial del diseño–, y eventos deportivos únicos, especialmente mundiales de cualquier disciplina, como el Mundial de Bádminton en Huesca.

Pero hecha la ley, hecha la trampa. Así, en la relación de acontecimientos de excepcional interés público del año 2022 incluida en los Presupuestos aprobados el pasado diciembre, hay eventos que, después de pasado el plazo máximo de tres años que marca la normativa, vuelven a ser beneficiados con tres años más, un fraude de ley que se utiliza torticeramente para complementar la subvención pública que ya reciben esos eventos que son anuales y, por tanto, nada excepcionales. El caso más flagrante es el Mobile World Capital Barcelona, que encadena su cuarto trienio de beneficios fiscales desde 2012.

Lo de declarar "excepcional" un congreso de móviles que se celebra todos los años puede tener que ver con el miedo que tenían a que GSMA, la empresa privada que organiza el Mobile World Congress, se lo llevara a otra ciudad. De hecho, en el acuerdo anunciado el pasado mes de julio para que Fira Barcelona continúe acogiéndolo hasta 2030 se dijo que, además de aumentar la subvención publica hasta 24 millones de euros anuales, sus patrocinadores privados seguirían gozando de las rebajas fiscales que otorga el dedo gubernamental.

Supongo que para compensar a Madrid, el Ejecutivo de Sánchez decidió el año pasado otorgar la misma consideración a Fitur, evento muy rentable y más que consolidado en el calendario ferial, al que no le hacía ninguna falta una rebaja de impuestos ni una desgravación a sus patrocinadores –todos grandes empresas– para seguir siendo una de las mayores ferias de turismo del mundo. Por la misma regla de tres, que declaren de excepcional interés público Cevisama, que seguro que lo agradece.

La perversión es aún mayor con la declaración respecto al South Summit introducida de tapadillo en el decreto-ley del gas y ratificada, sorprendentemente, este mes de septiembre en la Ley de la Ciencia, donde en otra disposición adicional con el mismo texto. La explicación puede ser que se la colaron a Diana Morant en el proyecto de Ley de la Ciencia para que se beneficiara la edición del South Summit que iba a tener lugar en junio y que, al retrasarse la aprobación de la ley hasta septiembre, lo metieron en el decreto-ley de mayo y olvidaron eliminarlo del proyecto. Una chapuza legislativa que, por suerte para ellas, no perjudicará a las empresas agraciadas entre las que, además de la organizadora, están BBVA, Telefónica, Google, Endesa, AstraZeneca, MutuaMadrileña y Sabadell, todas ellas muy necesitadas de beneficios fiscales.

Urge que la ministra María Jesús Montero dé una explicación de por qué, casi a mitad de año y mientras se negaba a bajar el IVA del gas a los ciudadanos –la rectificación vino después– aprueba "con carácter urgente" estos beneficios fiscales durante tres años para grandes empresas patrocinadoras y para la organizadora de un evento privado que no tiene ningún problema de supervivencia ni de patrocinios. De hecho, el South Summit 2022 ya tenía sus patrocinios cerrados cuando el Gobierno aprobó el decreto-ley tres semanas antes de la inauguración sin que las ministras de Unidas Podemos se enteraran de la jugada.

Conociendo a Sánchez, todo indica que cuando le llamó María Benjumea para proponerle que clausurara la cita de junio, el presidente no tuvo mejor idea que regalarle una declaración de "acontecimiento de excepcional interés público" durante tres años, que pagamos todos, para tener algo de qué presumir en su discurso.

María Benjumea (Madrid, 1954) es una empresaria muy reconocida en el mundo del emprendimiento. Un referente cuya opinión se tiene muy en cuenta. Emprendedora ella misma, creó varias empresas, entre ellas Infoempleo. Benjumea es la propietaria única de The South Summit, empresa organizadora del evento del mismo nombre, que el año pasado facturó 4,5 millones de euros y obtuvo un beneficio de 0,89 millones, casi el doble que cada uno de los tres años anteriores.

Lo suyo tiene mucho mérito y así se lo reconocieron tanto el Gobierno de Rajoy, que le otorgó la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, como ahora Sánchez, que en lugar de darle un premio ha desvirtuado la figura del "acontecimiento de excepcional interés público" y, de paso, ha distorsionado el mercado perjudicando a la competencia.

Según la exposición de motivos del decreto-ley, "resulta de especial interés para el Gobierno apoyar eventos de la índole del South Summit, ya que se podrá aprovechar como un ecosistema de colaboración público-privada, generador de ideas…". El South Summit de Madrid no es el único evento en España que reúne a emprendedores, inversores y grandes empresas. En octubre se celebra la quinta edición de Valencia Digital Summit, organizado por la asociación sin ánimo de lucro Startup Valencia, que ha recibido del Estado una misérrima subvención. No habrán tenido mejor suerte B-Venture (Bilbao), Startup Fest (Zaragoza), Biz Barcelona, Alhambra Ventures (Granada), Avante Venture (Mérida), eCongress (Málaga) y unos cuantos eventos más, algunos celebrados también en Madrid, que pugnan por atraer a los mismos patrocinadores que el South Summit con la desventaja, desde ahora, de que sus mecenas no se lo pueden desgravar.

En Startup Valencia, Juan Luis Hortelano y Nacho Mas ya se han puesto en marcha para reclamar un trato idéntico para el certamen valenciano, que para eso tenemos una ministra de Ciencia e Innovación, que además vendrá al Valencia Digital Summit de octubre en la Ciudad de las Ciencias. Si Diana Morant tuviera el ego tan subido como Sánchez, nos lo colaba en el próximo decreto-ley.

A todo esto, la ley de 2002 obliga a que todo evento declarado "de excepcional interés público" se articule mediante la creación de un consorcio o un órgano administrativo, con presencia del Ministerio de Hacienda, "que se encargue de la ejecución del programa y que certifique la adecuación de los gastos e inversiones realizadas a los objetivos y planes del mismo". ¿Se creó el consorcio del South Summit para el evento de junio o con las prisas no dio tiempo?